CUSTODIA PATERNA: Sin nada por querer a sus hijos

lunes, 27 de febrero de 2012

Sin nada por querer a sus hijos

Lunes, 27 de Febrero, 2012

Una pareja de minusválidos psíquicos lo perdió todo a manos de una abogada a la que pidieron ayuda frente a la Junta

Todo su afán era recuperar la custodia de sus dos hijos, que le habían sido retirados años atrás por la Junta de Andalucía, y acabaron quedándose sin vivienda y obligados a pagar un piso de alquiler fuera de Sevilla, todo ello gracias a las maquinaciones de una abogada sevillana, Rosa María Montserrat P.S., a la que ahora la Justicia ha condenado a seis años de prisión por estafa, la misma pena que también le ha impuesto a la propietaria de una franquicia catalana para la que trabajaba la letrada.

Es la historia de María del Carmen J. y Juan María P., una pareja de minusválidos psíquicos, ella en un 67 por ciento y él con un retraso leve, que confiaron en la publicidad de un bufete que se anunciaba para resolver asuntos de menores y acabaron convirtiéndose en las víctimas propiciatorias de un grupo que se quedó con su piso bajo el pretexto de que era «indigno» para los menores y que la Junta no se los devolvería si no disponían de otra vivienda más «digna».

Probablemente, si alguno de los cuatro abogados de oficio que le fueron sucesivamente asignados en su intento de recuperar a sus hijos hubiera satisfecho sus pretensiones, María del Carmen y Juan María no habrían caído en la trampa que les llevó a perder no sólo el piso que habitaban en la barriada de San Jerónimo, sino todo lo que en él se contenía, incluidos los recuerdos más íntimos, de los que nunca más tuvieron noticias.

La pareja había perdido la custodia de sus hijos en 2001 después de que la propia madre de María del Carmen y la hermana de Juan María los denunciaran a la Junta por su alcoholismo. Nadie de la familia se quedó con los niños y los dos, un varón que también tiene minusvalía psíquica y una niña, pasaron a un centro de la Junta, donde el niño sigue, pero no la niña, que hoy tiene 15 años fue entregada a una familia de acogida que nunca ha permitido que madre e hija se encuentren, ni siquiera el día de su primera comunión. «Llevo años sin ver a mi hija», lamenta.

Atrapados por un anuncio

Desesperados por no conseguir nada ante la Junta, María del Carmen y Juan María pusieron su confianza en «Abogados Río Asociados», un bufete al que habían visto anunciarse en un diario gratuito como especialista en cuestiones de herencias y menores. Que no tuvieran más recursos que las pensiones de sus respectivos padres y las propias por sus minusvalías no fue óbice para que dieran el paso de dirigirse a buscar un abogado «de pago», siempre y cuando pudieran abonar sus servicios. «Fue lo primero que preguntamos, pero sólo o dijeron que no nos preocupáramos». Comenzó así una interminable sucesión de visitas al bufete, en cada una de las cuales les hacían firmar «en unos recuadros» con bolígrafos de distintos colores. Según el abogado de la pareja, lo que en realidad firmaban eran documentos en blanco, «pero nos decían —interviene María del Carmen— que eran documentos para llevarlos al juzgado, para que allí vieran que asistíamos al despacho».

Tras muchas visitas, la ahora condenada se interesó por el piso de la pareja, en la que también vivía Josefa, una hermana de María del Carmen aquejada de una minusvalía psíquica aún mayor. «Cuando lo vio nos dijo que para que nos devolvieran a mis hijos teníamos que irnos a otro piso más digno, y que ellas nos pagarían un alquiler hasta que lo vendiéramos y pudiéramos comprar uno más amplio».

Sin piso y sin dinero

El bufete, cuya franquicia matriz tiene a nombre de la otra condenada, Ana María P.F., un total de once empresas, y cuarenta y seis a nombre de un tercer socio, pagó apenas un par de meses de alquiler del nuevo piso, esta vez en Castilleja de la Cuesta, antes de que Josefa y María del Carmen fuesen llevadas ante un notario para firmar lo que ellas que creían que eran documentos para poner la vivienda a su nombre, ya que era herencia paterna. «Nos llevaron sin dejar que viniera mi tía, por más que se lo pedí —dice María del Carmen— y antes de entrar nos advirtieron que si nos preguntaban si habíamos recibido el dinero dijéramos que sí. Claro, creíamos que era el dinero del alquiler». Lo que no sabían las hermanas eran que firmaban la venta del piso a las ahora condenadas, por 65.000 euros y que ellas luego lo venderían por 115.000 euros. «De dinero nunca vimos un duro», asegura María del Carmen, que no comenzó a descubrir la trampa hasta que su compañero fue un día a San Jerónimo y vio que habían cambiado la cerradura del piso.

Dentro estaban todas sus pertenencias y todos sus recuerdos, que nunca han podido recuperar. «Si no llegamos a llevarnos la ropa para irnos al piso de alquiler nos dejan en cueros», añade María del Carmen, que aún tuvo que pasar el trago de ver cómo su frigorífico y dos de las sillas del mobiliario del piso estaban en el bufete de la avenida de la Constitución.

Denuncia y juicio

Las estafadoras habían conseguido su propósito, y aún hubieran ido más lejos si la familia de María del Carmen no hubiera sospechado cuando les pidieron que cambiaran las cuentas de ahorro y las metieran a ellas. «Hasta nos dieron móviles nuevos para que no nos pudiera llamar la familia». Descubierta la treta, esa misma familia inició todos los trámites necesarios para denunciar a las autoras del engaño, hasta llegar al momento del juicio, cuando el abogado de las hermanas ofreció a la abogada un acuerdo previo que evitara la vista. La respuesta de la letrada luego condenada fue rotunda: «Yo a las tontas no les doy nada», afirma el abogado.

Hoy, María del Carmen y Juan María siguen sin sus hijos, viven pagando un alquiler que les ha costado ya más de 33.000 euros y sólo esperan el momento de ver los 178.920,98 euros que fija la sentencia para las dos hermanas.

La pareja, al menos, sigue junta. No es el caso de Josefa, a quien el desarraigo provocado por la estafa acabó llevando a una residencia, lejos de su familia.