La pesadilla de los niños ciudadanos hijos de padres indocumentados y deportados de EU

Miércoles, 23 de Mayo, 2012

Las fallas en el sistema y la falta de comunicación entre agencias gubernamentales ha dejado a muchas familias separadas

Por Maria Elena Salinas, Jorge Luis Mota y Alexis Aran
Amelia Reyes Jiménez a diario madruga para ir al trabajo. Después regresa a la humilde vivienda que comparte con su hermana y sobrinos, en Guadalajara, México. Allí se sienta a esperar, porque su corazón, dice, quedó en Arizona.
Reyes fue deportada hace dos años, y atrás quedaron sus cuatro hijos, tres niñas y un varón, quienes ahora viven en hogares de crianza temporal y pudieran ser dados en adopción, debido a una decisión judicial.
Amelia y sus hijos pertenecen a una creciente cifra de familias separadas por las deportaciones masivas de indocumentados, cuyos hijos nacidos en Estados Unidos terminan bajo la custodia de los departamentos de Servicios Sociales y agencias de Protección de Menores.
En estos momentos ella apela la decisión adoptada por una corte, pero tiene muy pocas esperanzas de que el tribunal cambie el dictamen. “Es muy triste. Aquí me siento muy sola, porque mi alegría eran mis hijos”, confiesa Amelia. “¡Pues son mis hijos! Y yo le dije al juez que no era justo, que yo quería a mis hijos. Y eso ellos (las autoridades judiciales) no lo quieren entender, que son mis hijos y yo voy a luchar por mis hijos aunque ellos no quieran”.
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La pesadilla
Su historia comenzó hace 16 años, cuando nació en Jalisco su primer hijo con discapacidades. Amelia se convirtió en madre soltera y casi de inmediato decidió cruzar la frontera con su bebé en brazos, para buscar en Estados Unidos el cuidado médico que su hijo necesitaba.
Se estableció en Phoenix, Arizona, y consiguió trabajo y ayuda. También tuvo dos nuevas relaciones de las que nacieron tres hijas.
En 2008, aunque estaban separados, el padre de sus dos hijas mayores se ofreció a quedarse en casa con los niños, incluyendo el joven discapacitado, mientras ella hacía una diligencia con su bebé.
“Cuando regresé a casa, ya estaba llena de policías. Uno de ellos me dijo: "Señora, usted dejó a su niño solo”. Yo le contesté: "No, aquí quedó el papá de las niñas".
El policía salió a buscar al ex esposo. Lo hallaron caminando con las dos niñas. Regresaron al apartamento y entonces comenzó una pesadilla, de la que Amelia no sabe cómo despertar. La arrestaron por supuesta negligencia.
“Me arrestaron frente a mis hijas. Y mis niñas gritaban, y los policías las empujaban para adentro del apartamento. Y yo tenía a mi niña abrazada y me quitaron mi niña”, cuenta Reyes, llorando.

Bajo tutela del estado
A Reyes le dijeron que sus hijos estarían bajo protección del estado, y que en una semana podría ir a un tribunal para recuperarlos. La enviaron a la cárcel del condado de Maricopa, Arizona, donde todo se complicó cuando revisaron su estatus migratorio y descubrieron que era indocumentada. Fue trasladada a un centro de detención del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Y Amelia desapareció.
La abogada de Amelia, Nina Rabin, explica que cuando padres de familia son trasladados a centros de detención de Inmigración, se dificulta la comunicación de estos con el exterior. “Cuando la transfirieron, por un tiempo nadie sabía dónde estaba, y esto tuvo un impacto directo en el desarrollo de su caso por recuperar a sus hijos y no perder la patria potestad”, explicó Rabin.
Rabin es además la autora del estudio "Padres Desaparecidos". Para realizar su investigación, ella entrevistó a más de 50 personas, incluyendo jueces, abogados y trabajadores sociales. “Quería saber cuán común era esta situación. Aprendí que era muy común”.
El reporte establece que en el sistema de asistencia social a menores, todos los abogados, jueces y trabajadores sociales han tenido que lidiar con casos que involucran a padres en centros de detención o en proceso de deportación de Estados Unidos. Y que, sin embargo, no existen procedimientos formales o protocolos para tratar con estos casos.

Entre dos frentes
El resultado de este estudio coincide con la experiencia que Michelle Brané ha tenido como directora del programa de detención y asilo de la Comisión de Mujeres Refugiadas. “Tenemos la combinación de una ley federal con una ley de nivel estatal, y entidades que no se comunican entre sí. Creo que la responsabilidad cae en el gobierno federal quien debe establecer algún procedimiento o ley para llenar este hueco que existe entre estos dos servicios, y que termina en daños colaterales para los padres y los niños”, indica.
Para poder recuperar a sus hijos, Amelia tendría que haber asistido a audiencias, comprobar que no utilizaba drogas, tomar clases de maternidad y mostrar un esfuerzo por ser parte de sus vidas. Ella no lo pudo hacer porque estaba en un centro de detención de ICE, incomunicada, luchando contra su deportación.
Amelia estuvo año y medio sin saber de sus hijas.
El caso de Amelia no es un caso aislado. Según un reporte reciente del Centro de Investigaciones Aplicadas (ARC, por sus siglas en inglés), en los primeros seis meses del 2011 el gobierno federal deportó a más de 46 mil madres y padres de niños ciudadanos de Estados Unidos, de los cuales al menos 5 mil se encuentran en hogares temporales de crianza en 22 estados del país.
El reporte agrega que, si continúa el mismo nivel de deportaciones, en los próximos cinco años podrían llegar a ser 15 mil los niños de inmigrantes deportados en hogares de crianza o dados en adopción.

Sin retorno

“Estamos viendo un creciente número de padres detenidos o deportados que no pueden hacer arreglos por sus niños, y los niños se quedan en Estados Unidos con familiares o vecinos, o en el peor de los casos, en el sistema de Servicio Social. Y una vez entran en ese sistema, es muy difícil que puedan reunificarse con los padres”, dijo Brané.
Pero ICE considera el reporte de ARC engañoso al afirmar que los hijos de inmigrantes indocumentados pasan a hogares de crianza temporal debido a que sus padres han sido detenidos o deportados. “Las agencias estatales y locales de protección a menores extraen niños de un hogar cuando tienen preocupación por la seguridad y el cuidado de ese niño”.
ICE insistió en que sus agentes trabajan con los detenidos para darles la oportunidad de decidir acerca del cuidado y custodia de sus hijos. “Como está contemplado en el Memorándum de Prioridades de Seguridad Civil de 2010, ICE por lo general no detiene individuos que están a cargos de niños, a menos que el individuo esté sujeto a una detención obligatoria basada en la severidad de su actividad criminal, o su historial de inmigración”.
En el caso de Amelia, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aclara que ella fue encontrada culpable del delito de abuso infantil, y que utiliza “sus limitados recursos en hacer cumplir las prioridades de la dependencia federal, las que incluyen la deportación de extranjeros criminales, los fugitivos de inmigración e inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente”.

Vacío legal

Para los profesionales que atienden estos casos, el problema radica en la existencia de un vacío legal, una contradicción de procedimientos entre dos agencias gubernamentales, ICE y las agencias de Protección Infantil, a la hora de aplicar dos leyes federales: El Acta de Inmigración creada en 1996, y el Acta de Adopción y Familias Seguras, creada en 1997 (ASFA, por sus siglas en inglés).
El estudio de fines del 2009 titulado Intenciones y Resultados, realizado por The Urban Institute y el Centro para el Estudio de Políticas Sociales, explica y alerta de manera detallada el problema social que ya se vislumbraba venir.
La ley ASFA se estableció para proteger a los niños que se quedaban por mucho tiempo en los Servicios Sociales, con la intención de darle un hogar más estable a estos pequeños, y eran casos relacionados con padres que estaban encarcelados, que tenían problemas de drogadicción o que habían abusado a sus hijos.
Para crear un ambiente de estabilidad para los infantes, ASFA indica que si un padre está separado de sus hijos por 15 de 22 meses, se deberá iniciar un proceso de terminación de sus derechos como padre. Con la intención de incentivar la transferencia de los niños del sistema de crianza temporal a un hogar de adopción, la ley contempla incluso un sistema de estímulos económicos federales a las agencias estatales que cumplan y sobrecumplan las metas de adopción.

Danza de millones

El año pasado, 32 estados recibieron $32.5 millones por incrementar el número de niños que lograron transferir del sistema de crianza temporal a hogares de adopción.
El programa de Incentivos de Adopción autoriza la entrega de fondos a estados que incrementen el número de niños adoptados. También existe el Acta de Incremento de Adopciones del 2008, que incrementó aún más los incentivos para los estados que logren colocar niños de más edad y con necesidades especiales en hogares de adopción.
Los incentivos por transferencia lograda de hogar de crianza a hogar de adopción, fluctúan entre $4 mil y $8 mil por niño.
“En el tiempo que se creó la ley, no se imaginaban que iban a terminar tantos padres inmigrantes en detención de Inmigración, situación que no tiene nada que ver con la capacidad de ellos de cuidar a sus hijos, así que, otra vez, es un daño colateral no intencional de la ley”, agregó Brané.

El caso Montes

Felipe Montes también quedó atrapado en el sistema. Este joven de Tamaulipas, México, fue deportado en el 2010 y aún se encuentra luchando por la custodia de sus tres niños.
El Departamento de Servicios Sociales del condado Alleghany, en Carolina del Norte, ha entablado un recurso legal para quitarle la paternidad.
Fue en el pequeño pueblo de Sparta que conoció a la madre de sus tres hijos.
En octubre del 2010, Felipe fue citado a una oficina estatal. Tenía una probatoria por manejar sin licencia y sin placas. Pero una sorpresa le esperaba en esa cita.
“Yo pasé a la oficina de probatoria en la mañana después de dejar a mis hijos en la guardería, y cuando llegué encontré a dos oficiales de ICE”.
A Felipe lo detuvieron. Sus hijos quedaron en la guardería y su esposa en casa, embarazada de su tercer hijo. “No sabía qué iba a pasar con ellos. Me tomaron de sorpresa. No me dieron tiempo de hablar, no me dijeron nada, solamente que estaba detenido; me despojaron de todo lo que traía, me esposaron de las manos, cintura y pies”.
Una semana después, finalmente, pudo comunicarse con su esposa y decirle que estaba detenido y que lo iban a deportar. “Le dije que cuidara mucho a mis hijos, que era lo único que tenía de más importancia para mí, y que buscaría la manera de regresar pronto, o que me los enviaran a México, o se viniera ella con ellos a México”.

El fantasma de la pobreza

Su esposa, esperó el desenlace del caso del padre de sus hijos, mientras trataba de lidiar con su nueva realidad. “Al faltar yo, faltó la entrada económica, entonces mi esposa pidió ayuda a Servicio Social para pagar la electricidad”.
Pero ella había tenido problemas en el pasado con Servicios Sociales. El estado decidió que la madre no podía mantener a sus hijos. Y con su padre aún en un centro de detención, los niños pasaron a hogares de crianza.
Una vez deportado, Felipe buscó la ayuda del gobierno mexicano a través del Consulado en Carolina del Norte. Las autoridades mexicanas están intercediendo para ayudarle a recuperar a sus hijos. La próxima audiencia en este caso será el 29 de mayo.
El senador estatal de California, Kevin de León, considera que la solución a esta pesadilla familiar es una Reforma Migratoria integral a nivel federal. Pero sin muchas esperanzas de que esto ocurra en los próximos meses, ha presentado el Proyecto de Ley SB 1064, para darles a los padres detenidos más recursos para recuperar a sus hijos.
“Es una pesadilla para los padres, y es un crimen para los niños, por eso lo que pido en mi proyecto de ley es seis meses adicionales para los inmigrantes para que puedan luchar por recuperar a sus hijos”, dijo De León.
La legislación también propone un acuerdo entre los condados de California y los diferentes consulados, que resultaría clave para defender los derechos de los extranjeros indocumentados. “Así ayudaríamos a la realización de los trámites que son necesarios para comprobar que este niño es realmente hijo del inmigrante en cuestión”.
De León considera que es obligación de los estados defender el derecho de los pequeños. “Los niños son en su mayoría ciudadanos estadounidenses y los estados tienen la obligación de hacer todo lo posible para reunificar padres e hijos”, precisó.
De los 50 estados que enfrentan este problema que afecta a cientos de niños ciudadanos estadounidenses hijos de inmigrantes indocumentados que han sido o están en proceso de deportación, California es el único que está tratando de resolverlo y rectificar en beneficio de los más vulnerables de la sociedad estadounidense.

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2012-05-19/pesadilla-de-hijos-de-padres-deportados#axzz1vURb3F60