CUSTODIA PATERNA: Los impagos de pensiones a hijos crecen del 19% al 32% en cuatro años

lunes, 17 de septiembre de 2012

Los impagos de pensiones a hijos crecen del 19% al 32% en cuatro años

Lunes, 17 de Septiembre, 2012

Los padres y madres separados exigen la puesta en marcha del Fondo de Garantía Social para estos casos

Representantes de Kidetza durante la comparecencia de ayer

Solicitan que los pisos embargados por las cajas sean destinados a viviendas sociales .La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kidetza, exigió ayer la puesta en marcha del Fondo de Garantía Social para los casos de impago de las pensiones alimenticias, una iniciativa que ya en 2008 recibió el visto bueno unánime del Parlamento vasco y que todavía no ha sido desarrollada. Justo Sáenz, presidente de Kidetza; Charo Fernández y Arantxa Bergara, vicepresidenta y secretaria respectivamente de la Asociación Guipuzcoana de Padres y Madres Separados (Agipase), afirmaron en rueda de prensa que en los tiempos actuales, dada la situación de crisis que vive el país, la puesta es marcha de este proyecto es más necesaria que nunca. «Si la recesión económica está afectando manera importante a las personas separadas, todavía está repercutiendo de forma mucho más directa sobre los hijos menores. Y nosotros, desde hace ya muchos años, queremos darles entidad jurídica. No hay que apoyar a la madre o al padre porque tengan hijos; a quienes hay que apoyar es a los niños», manifestó Justo Sáenz.
Los representantes de Agipase y Kidetza desvelaron que los casos de impagos han aumentado en los últimos cuatro años del 19% al 32%. «Nos vienen muchos padres diciendo que su situación laboral ha cambiado, que no pueden hacer frente a la pensión alimenticia. Y no es que no quieran pagar, es que no pueden», explicó Arantxa Bergara, quien recordó que en el Estado español la Administración aporta, cuando menos, 100 euros por cada menor. «Aunque se trata de una cantidad ridícula, aquí no tenemos ni eso. La indefensión, por lo tanto, es total. Por ello, entendemos que el nuevo Gobierno que surja de las próximas elecciones ha de poner el marcha el fondo de manera inmediata, ya que las situaciones que nos llegan están siendo dramáticas. No puede dilatarse por más tiempo».
El fondo, según explicó Saénz, contó en 2008 con el apoyo de todas las formaciones políticas vascas. «Se introdujo la figura, pero ni se elaboró el reglamento ni tampoco se ha aportado presupuesto alguno. Está durmiendo el sueño de los justos. A todos les parece muy bonito, pero nadie da el paso. Exigimos responsabilidad. Si hay que preocuparse del menor, es preciso actuar, no bastan sólo las palabras», resaltó.
500.000 euros
Kidetza propone que en los presupuestos del próximo año se incluya una partida de hasta 500.000 para dicho fondo y entiende que por cada hijo se debería percibir 400 euros. Justo Sáenz reclamó también la creación de una ley vasca de vivienda «que contemple del derecho de cada ciudadano a un piso digno y que éste pueda ser reclamado por la vía judicial».
De igual forma, el presidente de Kidetza propuso que una parte de los pisos que se hallan embargados por entidades financieras cuyos consejos de administración están conformado por partidos políticos, sean destinados a alquiler social. «La vivienda de alquiler social debe ser una prioridad del Gobierno vasco. El déficit en Gipuzkoa y Bizkaia de estos pisos es impresionante», dijo Sáenz.
Kidetza constata de igual manera un aumento en el número de parejas que se hallan separadas o en trámites y que se ven abocadas a residir en la misma vivienda. «La gente no puede liquidar la casa y en consecuencia no les queda otro remedio que compartirla, con lo cual la conflictividad termina por estallar», afirman. «Muchas veces, los cónyuges vuelven con sus padres o buscan otra residencia para poder alquilar el piso y pagar la hipoteca. Hay otros que se turnan: un mes está uno en la casa y el siguiente el otro», explicaron responsables de Agipase.
Las madres y padres separados criticaron que no se les permita defender en el Parlamento vasco su proyecto de custodia compartida y que contó con el aval de 85.000 firmas. «Nos encontramos con la sorpresa de que a, pesar de que el reglamento de la Cámara de Vitoria lo contempla, no se nos permite defender la proposición de ley». Por ello, solicitan la modificación de la Ley de Iniciativas Populares en el País Vasco y la creación de la figura del parlamentario número 76 «para que estas propuestas tengan la posibilidad de presentarse y ser defendidas desde el inicio hasta el final», reclamó Justo Sáenz, quien pidió que se reduzca de 30.000 a 20.000 el número de firmas necesarias para que se puedan tramitar las iniciativas legislativas populares.
Kidetza, que solicitó también la creación de la viceconsejería de Familia, denunció la, a su juicio, discriminación de la que son objeto algunas mujeres por el hecho de pertenecer a asociaciones mixtas y a las que incluso se les priva de la posibilidad de recibir determinadas subvenciones públicas.