CUSTODIA PATERNA: El juez Serrano pide la nulidad de su condena por las "gravísimas irregularidades" cometidas para justificar la sentencia

domingo, 30 de septiembre de 2012

El juez Serrano pide la nulidad de su condena por las "gravísimas irregularidades" cometidas para justificar la sentencia

Domingo, 30 de Septiembre, 2012

El ex juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano, que fue condenado por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa al modificar el régimen de visitas de un menor para que saliera en Semana Santa, ha solicitado la nulidad de la sentencia por las "gravísimas irregularidades" en que, a su juicio, incurre. Según Europa Press, como trámite preceptivo previo a la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el abogado del ex magistrado ha elevado ante la propia Sala Segunda del Supremo que lo condenó un incidente de nulidad en el que solicita, igualmente, la suspensión de la ejecución de la sentencia.

Para justificar su solicitud, el exmagistrado incide en las "gravísimas irregularidades" y "la conculcación de los derechos fundamentales de defensa, inmediación y contradicción" en que incurre la sentencia condenatoria suscrita por tres magistrados, "y que incluso son resaltadas por el voto particular de los otros dos magistrados componente de la Sala".

El exjuez considera que el ponente "se convierte en juez y parte al subsanar el defecto" en que incurre la acusación particular ejercida por la madre del menor, pues "primero me defiendo de prevaricación dolosa y soy condenado en el TSJA de prevaricación culposa cuando nadie lo pedía, pues incluso el fiscal retiró la acusación, y al final tres magistrados del TS suplen la falta de pericia del abogado de la acusación para condenarme por prevaricación dolosa, de la que no me he podido defender en casación".

A su juicio, "llama poderosamente la atención que sea el único y exclusivo caso en que la Sala no aplique su constante y unánime criterio de restricción formal a la hora de admitir motivos de recurso, y más aún por parte de la acusación", añadiendo que, "curiosamente, a mí se me condena, entre otras cosas que no aparecen en el relato de hechos probados, por asesorar a un abogado a hacer un escrito de seis líneas". En segundo lugar, el ex juez señala que, "exclusivamente en este caso, la Sala ha obviado toda la reiterada y unánime doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y de la misma Sala, que impide ir en contra del criterio de convicción del órgano de instancia".

De igual modo, Serrano critica que "se pone de manifiesto que los tres magistrados que suscriben la sentencia de condena introducen nuevos hechos, a la vez que modifican y tergiversan los mismos hechos declarados probados por la sala del TSJA", todo ello "con el fin de justificar una intencionalidad dolosa -supuesto ardid para causar el perjuicio a la madre de estar un día separada de su hijo- que había expresamente descartado la sala de instancia".

Tras lamentar que "es el primer caso conocido en que la Sala se aparta del principio de reverencial respeto a los hechos probados", el exmagistrado dice que su condena "constituye el único y exclusivo caso en el que se condena a un juez por prevaricación, cuando su resolución ha sido confirmada, hasta dos veces, por el órgano superior genuinamente competente para analizar la legalidad de la resolución", en relación a la Audiencia Provincial de Sevilla.

A ello se suman "varios votos particulares que se pronuncian por la absolución y que entienden justificado ese pronunciamiento", argumenta Francisco Serrano, que recuerda que, para ser considerada prevaricadora, una resolución "ha de ser tenida por injusta, grosera y sin explicación alguna razonable en derecho".

El exjuez también fue condenado a pagar una multa de 2.160 euros, aunque en este sentido el Foro Judicial Independiente ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar dicha cantidad, de manera que propone a los asociados de Foro y a todos los miembros de la carrera judicial que aporten diez euros para pagar la multa.

Una filtración irregular en el CGPJ

El ya famoso juez de Familia, portavoz de los críticos de la Ley de Violencia de Género, ha denunciado que alguien en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) filtró ilegalmente a la acusación particular ejercida contra él dos informes confidenciales que él remitió durante la instrucción de las diligencias disciplinarias. Estos informes los esgrimió la acusación en el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Andalucía en octubre de 2011, sin que el presidente del tribunal se opusiera.
Serrano intenta demostrar que hubo una «conspiración» para echarlo de la carrera judicial por su postura crítica, «asesorando» al abogado y la madre denunciante e incurriendo en «un delito de revelación de secretos». A él lo acusaron de asesorar al letrado del padre del niño, Joaquín Moeckel, que también era su abogado; él replica que tal ardid no existió pero sí, en cambio, una «confabulación» para usar el caso con el fin de inhabilitarlo. «Incurren conmigo en el vicio del que me acusan», dijo a EL MUNDO.
Su denuncia sobre la filtración en el CGPJ ha sido admitida y el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid, al que ha correspondido en reparto, tomará declaración al abogado Íñigo Moreno Lara (que está colegiado en Madrid) y a la madre denunciante (residente en Sevilla) para preguntarles quién les facilitó los dos informes confidenciales de Serrano. El sindicato Manos Limpias ha pedido personarse como acusación particular.
En su denuncia, el antiguo juez de Familia 7 de Sevilla aporta las transcripciones y grabaciones del juicio en las que la denunciante y su abogado admiten que se los dieron en el CGPJ y que «no fue fácil» ni «gratis». «Lo conseguimos [un informe] con la intervención de la suprema autoridad del Consejo o de alguien muy próximo», dijo el letrado en el juicio.
Los dos informes de Serrano eran exculpatorios pero en ellos la acusación particular veía la prueba de «una animadversión contra las mujeres» y una intencionalidad dolosa contra su clienta, a la que el juez achacaba haber sometido a sus hijos a un síndrome de Munchausen.