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Al final de la entrada se incluye un video de Lidia Falcón en el programa de Antena3 "Espejo Público"
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6349/balance-de-un-ano-de-violencia/Lidia FalcónAbogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España
Entre todos los balances publicados este final de año destaca, por su modestia que apenas ha ocupado una columna en los periódicos y un minuto en la televisión, el de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas. La cifra oficial que es de 45 muertas, ha sido desmentida por las asociaciones feministas que calculan 58. La propia Administración de Justicia reconoce que cuatro más se hallan en “investigación” para determinar si se trata realmente de violencia de género, porque según la extravagante cualificación legal de nuestra ley solamente se puede considerar como tal la que se produce por un maltratador que tenga relación afectiva con la víctima. De tal modo, quedan excluidas de esa protección las madres de los asesinos –una de las víctimas de este año lo fue de su hijo-, las hermanas, las hijas, las sobrinas- otra lo era de su asesino-, las acosadas sexualmente por su maltratador sin relación afectiva –otro verdugo mató a la novia de un amigo-, y por supuesto las prostitutas.
Pues bien, esa cifra de víctimas de este año pasado es considerada como un éxito por los medios de comunicación, ya que aseguran que es la más baja desde que se tienen en cuenta estos cálculos. Añaden que la mayoría de las mujeres no habían denunciado anteriormente agresiones como explicación suficiente para justificar los asesinatos. Sólo una apostilla, casi imperceptible, añadía que ocho de ellas sí la habían presentado y que cuatro tenían orden de alejamiento de su asesino. Ningún comentario más.
Asumida ya la violencia contra las mujeres como un fenómeno inevitable, tal como la gota fría cada otoño, ni los responsables gubernamentales de garantizar la seguridad de los ciudadanos –sigo suponiendo que consideran a las mujeres ciudadanas del Estado- ni la judicatura, tan sublevada hoy contra medidas que les parecen injustas, ni mucho menos la fiscalía o la policía, han hecho declaración alguna respecto a esta masacre. Y quizá mejor, porque cuando lo hacen es para culpar a las propias víctimas de su desgracia al remarcar que la mayoría de ellas no denuncian los malos tratos.
Pero acerca de esa cifra espantosa de cuarenta y cinco asesinadas –cifras oficiales- ninguna explicación oficial, ninguna promesa de nuevas medidas protectoras, ningún propósito del gobierno de modificar la flamante y fracasada Ley de Violencia de Género.
Si estuviésemos hablando de víctimas del terrorismo la nación estaría escandalizada, el Ejército en pie de guerra, la policía reforzada tomaría medidas excepcionales, cientos de amenazados llevarían guardia de protección, la oposición exigiría explicaciones al gobierno en el Parlamento y la prensa se despacharía cada día con titulares terroríficos.
¿Y qué nos dicen de esas ocho pobres mujeres que confiaron en la acción estatal, cuatro de las cuales consiguieron que los jueces consideraran necesario dictar orden de alejamiento, y concluyeron como las demás bajo el cuchillo de sus asesinos? ¿Alguien será responsable de su muerte? ¿Se abrirán diligencias para averiguar qué equivocaciones permitieron tal final? ¿Serán declarados culpables de negligencias los funcionarios de policía, jueces o fiscales que permitieron el flagrante incumplimiento del mandato judicial, con resultado de muerte? ¿Se indemnizará a sus familiares, entre los que se encuentran muchos niños pequeños?
Todos sabemos que no, que en España nadie más que el asesino responde por la muerte de una mujer. Ni la familia que la abandonó o incluso la reprimió cuando deseaba buscar la libertad ni los vecinos que asistieron impávidos a la tortura continuada y pública ni los jueces que no atendieron las denuncias, que las archivaron, que consideraron falsas las declaraciones de las víctimas, ni los fiscales que se abstuvieron de su deber de perseguir a los delincuentes ni los policías que no se preocuparon de las que tenían una orden de protección. No existe ni la responsabilidad social ni la responsabilidad del Estado.
Cuando las autoridades de todo tipo, incluyendo sus voceros los medios de comunicación, ponen de relieve que una asesinada no había presentado denuncia previa por maltrato, nunca se plantean por qué se ha comportado de tal modo existiendo como existe en nuestro país una Ley Orgánica de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género –nombre más pomposo no le hay ciertamente-, una red de Juzgados especializados en violencia de género, policías dedicados en exclusiva a este tema y un número de teléfono 016, único para estos casos que no deja rastro en la factura telefónica. ¿Cómo es posible que con tantos medios de protección, gratuitos, a su alcance, una mujer se resigne a ser víctima de su torturador sin acudir a sus salvadores? Pero mejor que las autoridades no mencionen tal hecho porque cuando lo hacen nuevamente las responsabilizan de su desgracia con explicaciones psicologistas sobre la dependencia afectiva que padecen. Solo queda que recurran al masoquismo freudiano clásico.
Nadie menciona la dependencia económica del hombre que las maltrata, a veces con menores a su cargo, ni la de la familia que poco o nada suele ayudar. Y desde luego no se investigará qué trato ha recibido esa mujer cuando ha acudido a una comisaría de policía a denunciar, de qué forma se ha escrito el atestado, qué atención se ha prestado a sus declaraciones en el juzgado, qué investigaciones no se han realizado evitando interrogar a familiares, vecinos y amigos, y por qué se han archivado las diligencias sin más trámite cuando la víctima se ha expresado torpemente o se ha arrepentido ante las amenazas de su verdugo.
Todas, todas las mujeres maltratadas que aún no han denunciado saben que ese puede ser destino. Dado que sigue recayendo sobre la víctima la carga de la prueba, ella deberá buscar los testigos que no existen, ya que las agresiones machistas se producen en el aislamiento del domicilio, o los documentos imposibles o los peritajes que debería pagar de su bolsillo, para demostrar la culpabilidad de su enemigo. Y después de gestiones interminables, enfrentándose al desprecio y a la desconfianza de los responsables de su protección, tras superar innumerables interrogatorios capciosos, realizados por fiscales, abogados y forenses que demuestran con su tono y actitud que las consideran falsas y mentirosas, tras meses y meses de esperas, pueden recibir una sentencia inocua para el culpable que suele salir indemne de la acusación, o en el peor de los casos una cuchillada en el abdomen, como las ocho asesinadas que habían interpuesto denuncias. ¿Y todavía se pretende que se utilice habitualmente la Administración de Justicia frente a la violencia machista?
2012 contabiliza 58 mujeres asesinadas sin consecuencia alguna para los responsables de su protección. El 3 de enero es asesinada la primera mujer de este año, acuchillada en plena calle, solo queda esperar la cifra total de víctimas de 2013.
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