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La tesorera era la administradora única de la sociedad, que nunca presentó cuentashttp://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130130/sevi-federacion-progresistas-201301292101.html
La Federación de Mujeres Progresista de Andalucía nació como una ONG pero acabó convirtiéndose en un negocio gracias al goteo incesante de ayudas públicas que recibió del Gobierno y de la Junta para realizar sus actividades. En apenas tres años, desde 2009 a 2011, llegaron a la ONG feminista que preside Alicia Vañó, próxima al PSOE, más de 4 millones de euros, la mayoría (3,7) procedentes de distintas consejerías del Gobierno andaluz, que incluso le subvencionó la compra de un local de 580 metros cuadrados en pleno Casco Histórico de Sevilla.En 2007 la junta directiva de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, inmersa ahora en un concurso de acreedores tras declararse insolvente, acordó crear una empresa para facturar los supuestos trabajos que no podía justificar con cargo a las ayudas concedidas, según recoge en la memoria que la federación presenta al administrador concursal que se ha hecho cargo de su liquidación.Los planes cristalizaron con la constitución el 17 de enero de 2008 de la Sociedad Andaluza de Mujeres con Iniciativas Empresariales Sociales SL. Se creó con 3.005 euros de capital social. Como administradora única figura Josefa Lorence García, la tesorera de la federación y presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Andalucía Clara Zetkin, integrada en la federación. Este colectivo, que tenía su sede en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) cobró a su vez 26.000 euros a través de dos ayudas que la Junta le otorgó en 2007 y 2008 para comprar muebles y equipamiento.Federación y sociedad mercantil funcionaban como un bloque compacto, dentro de un «holding» con ramificaciones en todas las provincias, donde tenían asociaciones «franquicias» y delegaciones. El sistema era sencillo. La federación recibía las subvenciones y la empresa facturaba algunos trabajos que no podía justificar. Incluso compartieron en sus inicios el mismo domicilio social, un local en el número 1 de la calle Pozo, en la capital sevillana, hasta que la federación se mudó a la calle Santa Clara, una sede sobre la que pesa un préstamo con el BBVA por importe de 1,95 millones de euros que se ha ejecutado por impago. También acumula un reguero de nóminas sin abonar a sus trabajadoras y a la Seguridad Social que suman 432.089 euros.Desde su constitución en 2008, la actividad de la empresa fue casi inexistente. No consta que presentara nunca sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, a pesar de estar obligada a hacerlo, por lo que es difícil precisar cuánto dinero facturó a la federación matriz. Lorence corroboró la semana pasada a ABC que la empresa no funciona, lo que contrasta con el hecho de que sigue apareciendo en el Registro Mercantil como activa.Tras analizar el balance contable de 2012 que le facilitó la ONG de Alicia Vañó a efectos de liquidar la deuda que arrastra con los acreedores (superior a los 2,8 millones de euros), el administrador concursal concluye que «se trata de una entidad sin prácticamente movimientos y con un activo no realizable». Además se da por hecho que el cien por cien del capital de la empresa corresponde a la federación aunque conste como accionista única su tesorera.El objeto social de la sociedad abarca «la intervención social, elaboración de estudios, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género, violencia de género, exclusión social, menores e interculturalidad». Prácticamente no hay diferencias con la actividad de la ONG. Lorence, además, aparece como administradora única en otra empresa radicada en Mairena del Aljarafe (Sevilla) dedicada a la construcción, reparación, mantenimiento y limpieza de inmuebles.
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