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La magistrada Anna Grau, que atiende el Juzgado, asegura que no existe la reincidencia entre los acusados
Una pareja de Salou que estaba separada protagonizó, en la tarde del 3 de enero del año pasado, una «airada discusión» en plena calle y ante la hija que tienen en común, de tres años. Sin embargo, para la juez no quedó demostrado que el hombre insultara a su antigua compañera ni que la amenazara, ni que con anterioridad, cuando todavía convivían juntos, él la agrediera con una toalla. Ante ello, la magistrada absolvió al procesado y retiró las medidas cautelares que sobre él pesaban.
La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 5, que lleva exclusivamente los casos de violencia de género que no se han conformado en los Juzgados de Guardia de Tarragona, Valls y El Vendrell. Según reconoce la magistrada, Anna Grau,
sólo una cuarta parte de los asuntos que juzga acaban en condena del acusado. Esta magistrada, con casi cincuenta años en la profesión, asegura que «no todos los conflictos de pareja son violencia de género», como tampoco lo que una pareja «que se insulte mutuamente».
Detrás de la mitad de las sentencias absolutorias está la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía después de que la presunta víctima no declara, acogiéndose a su derecho de no acusar a su pareja. Si en estos casos no hay otras pruebas de cargo –la declaración de vecinos que hayan visto o escuchado la pelea o la de los policías que hayan observado alguna circunstancia acusatoria directa–, el procesado sale libre de cargos.
En la otra mitad de sentencias, la magistrada observa que no hay suficientes pruebas para condenar al acusado. Éste sería el caso de la presunta agresión de Salou, donde la única prueba de cargo recaía en la mujer. La sentencia ha sido confirmada en su totalidad por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona, que escasas veces revoca alguna dictada por dicho Juzgado.
Pero además, las presuntas víctimas de estos malos tratos piden a la magistrada la retirada de cualquier medida de protección «porque quiero volver con él». Ante ello, la juez tiene que acceder y anular por ejemplo las órdenes de alejamiento.
Uno de los últimos juicios que ha celebrado ha sido el de un supuesto maltrato entre novios. Los miembros de la pareja hacía seis meses que se conocían, y cada uno vivía en casa de sus respectivos padres. Él tenía 19 años, ella 18.
Casos en aumento
A pesar de las leyes promulgadas así como de las campañas de concienciación, lo cierto es que los número siguen incrementándose. Este año, el Juzgado de lo Penal número 5 habrán ingresado aproximadamente 630 asuntos por enjuiciar, frente a los 528 del año pasado, lo que representa un incremento del 19,3 por ciento. Como paradoja, este aumento de asuntos no se da en el resto de los cuatro juzgados de lo penal que hay en Tarragona –que se encargan de juzgar los delitos que conllevan hasta cinco años de prisión–.
Este volumen de asuntos que tiene el Penal 5 de Tarragona está muy por encima de los módulos que marca el Consejo General del Poder Judicial, que dicta que tendría que tener 450 asuntos anualmente. Ante la carga de trabajo, la magistrada reconoce que se ha visto abocada a tener que celebrar juicios cuatro días a la semana.
Grau añade que el grado de reincidencia entre los acusados que pasan por su Juzgado es muy escaso». Recuerda sólo un caso, «y el hombre está preso». Sobre la condena más grave que ha impuesto –y además en un sólo juicio a un ciudadano extranjero– fue cinco años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos de malos tratos «de cierta gravedad» a su esposa y dos delitos de malos tratos a sus dos hijos.
Sobre la posibilidad de las falsas denuncias que se presentan, la magistrada asegura que desde que está al frente de este juzgado –hace dos años– lo ha detectado en dos ocasiones, por lo que instó al juez instructor a abrir diligencias por falso testimonio a las personas denunciantes.
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