La Fiscalía niega que el juez Campo haya incurrido en un delito de «prevaricación»

Martes, 30 de Julio, 2013
 - Los abogados de Gijón denuncian al juez Del Campo ante la Fiscalía Anticorrupción

29.04.11
Anticorrupción archiva la denuncia que el Colegio de Abogados había puesto contra el magistrado por su servicio de mediación

El juez Ángel Luis Campo Izquierdo y su hermana Susana, en una imagen de archivo

«No ha existido ninguna resolución injusta o contraria a derecho por parte del magistrado denunciado». De esta forma la Fiscalía Superior del Principado de Asturias pone final al proceso iniciado por los abogados gijoneses contra el juez Ángel Luis Campo Izquierdo, titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón, a raíz del servicio de mediación promovido por éste y al frente del cual se situó una asociación presidida por su hermana. Las diligencias de investigación han quedado archivadas.

El Colegio de Abogados de Gijón presentó en febrero ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el magistrado por la puesta en marcha «de forma directa y unilateral» de un servicio de mediación que confió a la entidad Mediadores Asociados del Principado de Asturias (MAPA), cuya presidenta es su hermana, Susana Campo. En su escrito, los abogados consideraban que el juez había incurrido en un delito de prevaricación ya que, según aseguraban, derivaba al servicio de mediación asuntos de su juzgado y la actividad se desarrollaba en un despacho en dependencias asignadas a la Fiscalía de Gijón, cerca del despacho del juez.

La Fiscalía considera, sin embargo, que la actuación de Ángel Luis Campo «fue exclusivamente tratar de organizar de la mejor manera posible un servicio de mediación familiar, como consecuencia de una conversación con la directora de Justicia del Principado de Asturias». En esa charla se habría acordado la creación de un grupo de trabajo «para impulsar la mediación intrajudicial» en el que había profesores de Universidad, magistrados, secretarios judiciales, abogados y mediadores. Según el fiscal, se invitó a formar parte de este grupo al Colegio de Abogados, «aunque finalmente tal órgano renunció a su participación».

El auto de la Fiscalía explica que tras esta renuncia de los abogados «se contactó con una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dio su anuencia» para la organización de dicho servicio, que se realizaría a través de la mencionada MAPA, si bien «se hizo constar ante el CGPJ» que Susana Campo, presidenta de la entidad y hermana del juez, «no tendría actuación alguna en el proyecto». Según el relato de Ministerio Público, el magistrado solicitó y obtuvo de la fiscal de área de Gijón autorización para usar un despacho de la Fiscalía que no se estaba utilizando, si bien no pidió permiso para ello a la Dirección General de Justicia del Principado.

No hubo retribuciones

Desde mayo de 2010 se han realizado varias mediaciones dentro del servicio, si bien la Fiscalía considera que «en ningún caso se ha acreditado la intervención en las mismas de Susana Campo Izquierdo, ni que existiera algún tipo de retribución». Señala además que tampoco se ha podido probar que se hayan alcanzado acuerdos en el despacho indicado, «ya que estos se producían en un local facilitado por el Ayuntamiento de Gijón, en El Llano». De hecho en las dependencias prestadas por la Fiscalía «tan sólo se realizaron los trámites iniciales de entrevista entre los letrados, las partes y los mediadores, sin que hubiera alguna actuación relevante».

El fiscal asegura además que, a raíz de las investigaciones realizadas, «no consta que el magistrado obligara a las partes a someterse a la mediación, que tenía por lo tanto un carácter voluntario». En el escrito se define además el servicio como «un proyecto experimental que podría incluso tener alguna efectividad práctica, como así fue en realidad».

A partir de estas consideraciones la Fiscalía deduce que «no existe la infracción penal que se denuncia», por lo que decreta el archivo de las diligencias de investigación en lo que se refiere a las acusaciones de prevaricación, «que es el único ámbito que es objeto de estudio por parte del Ministerio Fiscal». En este sentido, entiende que el hecho de que la Dirección General de Justicia no tuviera conocimiento o no hubiera autorizado el uso del mencionado despacho para desarrollar allí reuniones relacionadas con el servicio de mediación «no tiene relevancia penal alguna».

Por otra parte, a raíz de la denuncia de los abogados el Consejo General del Poder Judicial abrió a finales de marzo una información previa.

Este procedimiento supone que el máximo órgano de gobierno de los jueces se da por enterado de los hechos denunciados, por lo que pidió a ambas partes sendos informes sobre el asunto, para estudiarlo y decidir si archiva esta información previa o continúa con el proceso. Al margen de la decisión de la Fiscalía, si el CGPJ apreciara que el magistrado incurrió en alguna irregularidad, podría ser expedientado.

http://www.elcomercio.es/v/20110429/gijon//fiscalia-niega-juez-campo-20110429.html