CUSTODIA PATERNA: YO CREO EN LA JUSTICIA

lunes, 29 de julio de 2013

YO CREO EN LA JUSTICIA

Lunes, 29 de Julio, 2013
Publicado en FACEBOOK por Milagros Gómez
Enlaces:
- MARIANO ORTA TOSCANO
- ¡¡¡QUIERO ESTAR CON MIS HIJOS!!!
- MARIANO ORTA TOSCANO. ASOCIACION ALIANZA POR LA JUSTICIA

de Mariano Orta Toscano.

Yo creo en la Justicia, como institución del Estado y a la vez servicio público de primerísima necesidad. No creer en el Justicia sería sinónimo a desconfiar de las virtudes del orden, de la necesidad de la protección del débil o de la conveniencia de que sea un tercero poderoso quien nos ampare en situaciones de indefensión.
Ahora bien, el hecho de ser CREYENTE de la noción social de justicia, no significa, ni por aproximación, que haya de estar en conformidad con el modo como ese valor social se administra en nuestro entorno convivencial actual. La JUSTICIA tiene por objeto resolver conflictos, y cuando este brazo ejecutor de las funciones estatales se moviliza para, precisamente, emprender todo lo contrario, traicionando el sentido de su existencia, y por tanto incentivando la discordia, LA JUSTICIA como institución es convertida, por sus mismos servidores, en la expresión del mal por antonomasia. En este sentido, LA JUSTICIA es un disvalor, un foco de malicias, un vicio del sistema, un manantial de podredumbre al servicio de terceros sujetos quienes, beneficiándose de la institución, la pervierten en su propio provecho. Surge así LA INJUSTICIA emanada de los tribunales, órganos que podríamos denominarlos (cuando así se manipulan) como TRAIDORES DEL PUEBLO al que dicen servir.
La abogacía se define como un servicio profesional colaborador de la ADMINISTRACION DE JUSTICIA, y estoy de acuerdo con esta definición, aunque requiere de muchos matices para ser más precisa. Lo que vengo a referir, es que desde la abogacía, y quienes la practicamos, estamos obligados a ser colaboradores en el desarrollo y efectividad del servicio público llamado JUSTICIA, pero de ninguna manera puedo estar conforme con que esa función colaboracionista de nuestro cuerpo haya de ser interpretada como OBLIGATORIETORIA ACTITUD DE CONFORMISMO con las injusticias flagrantes emanadas de los tribunales de la ídem.
Un tribunal, un Juzgado, son órganos impersonales, no son sujetos responsables, en absoluto. La responsabilidad recae sobre quienes dan vida al órgano, lo representan y ejecutan sus funciones. Pues bien, a esos sujetos dotados de facultades excepcionales para la representación funcional del órgano, es a quienes hemos de señalar cuando en el ejercicio de sus cometidos institucionales, prestados como objetivo de un nombramiento para cuya asunción se le requirió el juramento de respeto a los principios constitucionales, se muestran desleales con el compromiso contraído, y esa deslealtad llevada a la práctica, por ser atentatoria contra intereses públicos, ha de ser DENUNCIADA y en su caso ENJUICIADA
para que aquellos que viven y disfrutan de los honores del cargo, ejerciéndolo desde la mala fe actuacional, sean obligados no solo a reintegrar a la sociedad lo que de ella han percibido, sino que además, han de indemnizarla en no menos de cuádruplo del daño causado, siendo distribuibles estas cuantías tanto en lo lesivo de sus actuaciones, como en lo refractario de su ejemplo, al objeto de que terceros en su lugar, se inhiban de seguir aquellos modos de ejercer esa parcela del poder que se denomina JUDICIAL.
Yo me identifico como un colaborador del cometido JUSTO que asiste a la Administración estatal de su especialidad, pero en ningún caso puedo ni quiero comulgar con las malas prácticas que, en nombre de la JUSTICIA, se vienen reiteradamente llevando a cabo en los órganos de aquella administración, y donde precisamente menos riguroso se es en el respeto del ideal de lo justo, es precisamente en la jurisdicción que debería ser la más garantista de todas: LA PENAL. El summum de esta aberración institucional, ejecutada por quienes se les supone la pulcritud de sus funciones institucionales encomendadas tras su juramento, es precisamente en el PENAL DE FAMILIA, aquel ámbito de la Justicia que dice justificar su existencia en aplicación de la más escandalosamente irracional ley de todas cuantas invaden nuestro ordenamiento jurídico, cual es (de general aceptación) la denominada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género.
Esta es la auténtica LACRA que hemos de perseguir, la del MALTRATO INSTITUCIONAL ejercido por quienes tienen la ineludible obligación de procurar ser respetuosos con los derechos fundamentales del ser humano: dignidad, libertad, libre desarrollo de su personalidad, y por encima de todos, EL DERECHO A LA VIDA. Los procesos judiciales que se emprenden en nombre de aquella Ley Integral, solo en escasísimas ocasiones tienen por finalidad hacer JUSTICIA. Habitualmente, el fin perseguido, en aplicación de sus preceptos normativos, es el de DESTRUIR VIDA, ROMPER VINCULOS FAMILIARES Y DESGRACIAR LA VIDA DE LOS MÁS INDEFENSOS: NUESTROS HIJOS.

Mariano Orta. 29/07/2013.