Informamos hoy, sobre la base de un detallado informe del comunicador Austin Ruse, coordinador de la revista católica norteamericana C-FAM, sobre la creciente amenaza por parte del lobby homosexual de que “la orientación sexual y la identidad de género” se conviertan en nuevas categorías protegidas dentro de las normas internacionales de derechos humanos. Quieren que sus preferencias sexuales sean amparadas como la libertad de culto y la de expresión. Esto auguraría cosas malas para la salud pública y para la moral
Miercoles 14 de Septiembre de 2011 Santiago del Estero, Argentina
Incluimos un breve reporte del periodista Tom McFeely, quien informa sobre el caso Atala, caso actual sobre custodia de menores que involucra reclamos lésbicos, que está siendo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es probable que usted no lo sepa, pero ¡fue Tom McFeely, periodista canadiense, quien creó el Friday Fax para C-FAM allá por 1997! Él nos enseñó cómo hacerlo y le estamos eternamente agradecidos.
Con relación a la primera información, se espera una disputa sobre derechos homosexuales en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Ruse, se prevé que los activistas homosexuales, recién salidos de lo que aclamaron como una victoria “histórica” de los derechos humanos, promuevan agresivamente su agenda en la sesión de la Asamblea General de la ONU fijada para fines de este mes.
En junio pasado, un pequeño número de estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra aprobó una resolución no vinculante que solicitaba que se encargara un estudio al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que analizara la violencia contra los homosexuales. Esta resolución, que podría calificarse como exangüe, fue inmediatamente pregonada por la administración Obama y por otros como una profunda victoria de los derechos humanos. Una asesora de alto rango de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton sostuvo: “Los derechos de los gays finalmente han llegado a las Naciones Unidas”. Esta pequeña victoria llegó tras años de intentos fallidos de conseguir que “la orientación sexual y la identidad de género” sean nuevas categorías de no discriminación en los tratados de la ONU.
“El problema con la resolución -dijo a Friday Fax un observador minucioso- no es lo que dice, porque ofrece a muy poco (un informe) gran cosa. El problema es cómo se la presentó al mundo y qué vendrá luego. Es la nariz del camello en la tienda; el resto del camello seguro vendrá detrás”. Delegaciones de la ONU pertenecientes a países tradicionales se preparan para lo que prevén que será un intento similar en la Asamblea General este otoño boreal. Los partidarios de la homosexualidad han aprendido con el paso de los años. Donde una vez intentaron que la ONU acordara que la orientación sexual es lo mismo que la libertad de culto y que otros derechos humanos ampliamente aceptados, ahora se centran en avances más pequeños y hasta minúsculos. Y es así como los derechos humanos se constituyen actualmente en la ONU. Comienza con poco, exagéralo todo y espera que nadie lo advierta.
Una vez que la Asamblea General acepte un estudio, una comisión o cualquier cosa relacionada con la agenda homosexual, sin importar cuán pequeña sea, sus defensores comenzarán a anunciar que se ha alcanzado un nuevo derecho humano. Organismos internacionales, abogados, profesores de derecho y legisladores de todo el mundo luego promoverán este nuevo derecho. Se centrarán en la violencia contra los homosexuales y avanzarán rápidamente hacia reclamos falsos que los gobiernos llegarán a creer, obrando en consecuencia. Mucho de esto proviene de un documento llamado Principios de Yogyakarta, que fue redactado por un grupo de defensores de los derechos humanos que demandan que se incorpore la homosexualidad en casi todas las categorías de derechos humanos ampliamente aceptados. El documento ha adoptado el brillo de escrito cuasi sagrado en algunos sectores a pesar de que sólo se trata de la opinión de activistas.
Resulta incierto si quienes abogan por la homosexualidad cuentan con los votos necesarios en la Asamblea General. En 2008, los gobiernos franceses introdujeron una declaración que exigía que la orientación sexual y la identidad de género fueran nuevas categorías de no discriminación aplicables en el derecho internacional. Consiguieron que 65 países firmaran la declaración y hasta estuvieron a punto de lograr que la administración Bush adhiriera a ella. En ese momento, una coalición de países del mundo en desarrollo emitió una contradeclaración que reunió el apoyo de 60 naciones.
Aún así, si hoy se realizara una votación en la que se demandara un nuevo derecho humano a la homosexualidad, esta sería estrecha y probablemente fracasaría. Este es el motivo por el que sus partidarios solicitarán a la Asamblea General simplemente un “análisis” de la violencia contra homosexuales y el por qué se opondrán los altos diplomáticos.
En el mismo orden de valores éticos abiertamente antinaturales, McFeely reporta que expertos jurídicos pro-familia se movilizaron en defensa de un padre chileno en riesgo de perder la custodia de sus tres hijas gracias a la sentencia de un tribunal internacional de derechos humanos. Jaime López Allende tuvo la custodia única de sus hijas durante los últimos ocho años, es un padre ejemplar y el custodio preferido de las niñas. Esto no importó cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de carácter transnacional, falló sobre una demanda contra el gobierno chileno presentada por su ex esposa Karen Atala, jueza chilena que acabó con su matrimonio para ir tras una relación lésbica. La CIDH llegó a la conclusión de que los tribunales chilenos violaron de modo inadmisible la Convención Americana sobre Derechos Humanos al negar a Atala la tuición debido a su «orientación sexual. El fallo no vinculante de la Comisión está ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene autoridad, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para expedir disposiciones vinculantes. El 8 de septiembre, el Alliance Defense Fund (ADF) presentó ante la Corte un escrito de amicus curiae cuidadosamente documentado en el que detalla cuatro errores fundamentales de las conclusiones de la CIDH.
En primer lugar, el escrito del ADF sostiene que la Corte Interamericana debilitaría la soberanía nacional y “con toda seguridad excedería su competencia” al intervenir en un asunto que las cortes chilenas manejaron en absoluta conformidad con los procedimientos judiciales de ese país. El escrito también aborda un requerimiento de la CIDH por el que la Corte ordena a Chile que sancione a los jueces que fallaron en contra de Atala. “Tal extralimitación es impresionante por su audacia y es claramente errónea en muchos sentidos”, comenta el memorial. “Que la Comisión hiciera ésto indica que la Comisión debe haber sido doblegada por un impulso ideológico temerario en atención al cual debe desecharse cualquier otro principio”.
En segundo lugar, el informe amicus curiae señala que la orientación sexual ni siquiera se menciona en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es más, no existe un conjunto considerable de precedentes legales ni consensos dentro de la comunidad internacional que den cuenta de que el concepto mal definido de orientación sexual deba ser una categoría protegida de derechos humanos. Una tercera deficiencia grave del fallo de la CIDH es que las cortes chilenas “determinaron que Karen Atala era una madre inepta por motivos no relacionados con su orientación sexual”, observa el escrito del ADF. Los jueces sí consideraron aspectos de la vida personal de Atala que indicaban que ella era una progenitora custodia inadecuada, tales como su rol al disgregar la familia, su posterior incapacidad para mantener una relación continua y la insistencia en utilizar a sus hijas como títeres reacios en su prominente activismo político como lesbiana pública. Pero estas consideraciones no violaron el derecho a la privacidad de Atala -como concluyó la CIDH- ya que una conducta similar por parte de un padre heterosexual hubiera sido considerada de manera automática como sumamente relevante para determinar si la concesión de la tuición a dicho progenitor formaba parte de los intereses superiores de sus hijos.
Finalmente, el ADF afirma que aún si la Corte determina que se violaron los derechos humanos de Atala, seguramente rechazará la decisión de la CIDH sobre la custodia. Ello se debe a que constituye norma internacional establecida que los intereses superiores de los niños tienen prioridad por sobre cualquier otro factor, y que los hechos determinan innegablemente que Allende es el mejor progenitor custodio. “La orientación sexual de un individuo debe permanecer como factor neutral en todas las determinaciones de custodia, y no debería dar lugar a una ‘supercategoría’ o a un trato preferencial”, concluye el escrito del ADF. “Hacerlo estaría en violación directa de antiguos principios internacionales que colocan los intereses superiores de los niños por sobre cualquier otra consideración”.
Actualmente, la Corte escucha los argumentos del caso Atala. Otras agrupaciones pro-familia de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Chile, México, Argentina y Jamaica dijeron que tienen la intención de presentar escritos en respaldo de Allende.
http://www.diariopanorama.com/seccion/firmas_22/el-lobby-gay-internacional-se-prepara-para-ofrecer-fuerte-batalla-en-la-onu_a_100394
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