La Audiencia de Cantabria y la Fiscalía Superior mantienen una discrepancia sobre la interpretación de las sentencias de violencia de género, según recoge el Ministerio Fiscal en su memoria de 2010, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Ministerio Público se refiere a la interpretación negativa que hace la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de la expresión "análoga relación de afectividad", que se suele añadir cuando se habla de violencia dentro de la pareja, para incluir otros supuestos más allá de la propia convivencia.
Darle este sentido negativo tiene como consecuencia que se elimina la cualificación del delito de violencia de género en parejas adolescentes o que comenzaron su relación en la adolescencia.
Es una "corriente" de opinión que "combate" la Fiscalía, aunque, según admite en su memoria, "sin éxito por el momento".
En cambio, el Ministerio Público sí se atribuye el "pequeño éxito" de haber logrado un descenso en las absoluciones al combatir la doctrina sobre el "elemento intencional".
El Fiscal Delegado de Violencia de Género recuerda su recomendación de "suavizar" la clase de pena que deben solicitar los fiscales para los maltratos ocasionales o las amenazas y coacciones, mediante la cual se instó a que se "reservara" la petición de prisión para los casos más graves o los reincidentes, usando en otras ocasiones los trabajos en beneficio de la comunidad.
En el caso de los quebrantamientos de condena con el consentimiento de la víctima —cuando se ha dictado una orden de alejamiento que luego se incumple porque la agredida ha retomado la relación o el contacto—, el Ministerio Fiscal ha optado por recurrir la mayoría de las sentencias absolutorias.
El papel de cavas
En su memoria anual de 2010, el Ministerio Fiscal destaca la "imprescindible colaboración" de la asociación CAVAS (Centro de Asistencia a las Víctimas de Agresiones Sexuales) en el área de delitos relacionados con la violencia sexual, y elogia que esta entidad "facilita asistencia jurídica durante todo el proceso, informando puntualmente a la víctima de las resoluciones y demás vicisitudes procesales".
Sin embargo, el pasado mes de marzo, un fiscal cuestionó el trabajo de esta asociación por su labor en un juicio de abusos a una niña, y en abril dos sentencias judiciales también llamaron la atención sobre algunos defectos en su actuación previa a los juicios.
La institución pública advierte de la necesidad de tener una "especial sensibilidad" para evitar que las víctimas tengan que acudir "con excesiva reiteración" a la sede judicial y de procurar "por todos los medios" preservar su intimidad.
Para ello, entre otras medidas, se intenta que, cuando la sentencia sea de conformidad —el acusado admite los hechos—, evitar que la víctima tenga que volver a narrar su experiencia, produciéndose lo que se denomina "victimización secundaria".
En estos casos de violencia sexual o cuando las víctimas son menores, la Fiscalía incide en que se está generalizando el uso del sistema de videoconferencia para proteger su intimidad y que declaren acompañados de educadores o psicólogos que les asistan.
"tela de araña" de protección
Además, el Ministerio Fiscal valora que la especialización de todas las instituciones con la creación de organismos o unidades centradas en la lucha contra la violencia de género ha permitido crear una "tela de araña" de protección hacia las víctimas.
Esta "tela de araña" abarca desde la información en el Centro de Atención de la calle Rualasal hasta la atención por los protocolos sanitarios, o el asesoramiento policial a la hora de realizar las denuncias.
El Ministerio Público elogia el trabajo de la Unidad de Violencia de la Delegación del Gobierno en Cantabria y la creación de un punto de coordinación con los cuerpos de seguridad, que funciona como "canal único" de información y que suple las "lagunas" que se habían detectado en este campo.
Los mayores detalles en los atestados para determinar el grado de riesgo de las víctimas, la labor "destacada" de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria en el campo asistencial y su programa Senda para la reeducación de maltratadores o el papel del Ayuntamiento de Santander son otras de las instituciones cuyo trabajo ensalza la Fiscalía.
Para el Ministerio Fiscal, los profesionales que realizan los atestados están "cada vez mejor preparados", a lo que suma este órgano público la "experiencia" de la Sección Especializada de la Fiscalía y el trabajo del nuevo juez del Juzgado especializado de Santander, desde junio de 2009.
En el apartado de carencias, el Ministerio Fiscal reclama que se aumente el número de abogados del turno de oficio en los casos de violencia de género, tanto a diario como en fines de semana, al detectar que la carencia de estos efectivos causa retrasos en la tramitación de las diligencias urgentes.
La Fiscalía también destaca el "asentamiento" del uso de la Unidad Integral de Valoración, y en la que, pese a la situación económica que atraviesa el país por la "voracidad de los mercados financieros" —según subraya el Fiscal especializado—, se reclama que se aumente o el número de unidades o su personal, para que puedan abarcar otras poblaciones de la comunidad autónoma y que lo hagan también en festivos y fines de semana.
Además, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre la creación de centros de encuentro familiar. Si en 2009 elogiaba que se crearan dos en Santander, uno Castro y otro en Camargo, en esta memoria "echa en falta" que este "esfuerzo" continúe.
Y añade que le "choca especialmente", por segundo año consecutivo, que no exista una de estas unidades en Torrelavega que, según recuerda, es la segunda ciudad de Cantabria por número de habitantes.
Tres años sin muertes
2010 fue el tercer año consecutivo sin muertes por violencia de género en Cantabria, aunque ese año sí que se registro un incremento de un 7% en las causas tramitadas, con un total de 1-254 procedimientos incoados por la Fiscalía.
Por medio de estos procedimientos, se llegó a procesos que se tradujeron en un total de 453 sentencias (en 2009 fueron 414), de las que 274 (el 57,52%, un 3% más que en 2009) fueron condenatorias, y 218 (un 44,48%) absolutorias. En estas últimas hubo 10 casos en que se retiró la acusación.
Y se imponen numéricamente los casos de violencia de género entre parejas que convivían pero que no están o no estaban casadas (612); que superan a los casos dentro del matrimonio (mientras estuviera vigente o aunque estuviera disuelto), que llegaron a 403. Además, se dieron 152 causas entre parejas que no vivían juntas.
http://www.20minutos.es/noticia/1154403/0/
Darle este sentido negativo tiene como consecuencia que se elimina la cualificación del delito de violencia de género en parejas adolescentes o que comenzaron su relación en la adolescencia.
Es una "corriente" de opinión que "combate" la Fiscalía, aunque, según admite en su memoria, "sin éxito por el momento".
En cambio, el Ministerio Público sí se atribuye el "pequeño éxito" de haber logrado un descenso en las absoluciones al combatir la doctrina sobre el "elemento intencional".
El Fiscal Delegado de Violencia de Género recuerda su recomendación de "suavizar" la clase de pena que deben solicitar los fiscales para los maltratos ocasionales o las amenazas y coacciones, mediante la cual se instó a que se "reservara" la petición de prisión para los casos más graves o los reincidentes, usando en otras ocasiones los trabajos en beneficio de la comunidad.
En el caso de los quebrantamientos de condena con el consentimiento de la víctima —cuando se ha dictado una orden de alejamiento que luego se incumple porque la agredida ha retomado la relación o el contacto—, el Ministerio Fiscal ha optado por recurrir la mayoría de las sentencias absolutorias.
El papel de cavas
En su memoria anual de 2010, el Ministerio Fiscal destaca la "imprescindible colaboración" de la asociación CAVAS (Centro de Asistencia a las Víctimas de Agresiones Sexuales) en el área de delitos relacionados con la violencia sexual, y elogia que esta entidad "facilita asistencia jurídica durante todo el proceso, informando puntualmente a la víctima de las resoluciones y demás vicisitudes procesales".
Sin embargo, el pasado mes de marzo, un fiscal cuestionó el trabajo de esta asociación por su labor en un juicio de abusos a una niña, y en abril dos sentencias judiciales también llamaron la atención sobre algunos defectos en su actuación previa a los juicios.
La institución pública advierte de la necesidad de tener una "especial sensibilidad" para evitar que las víctimas tengan que acudir "con excesiva reiteración" a la sede judicial y de procurar "por todos los medios" preservar su intimidad.
Para ello, entre otras medidas, se intenta que, cuando la sentencia sea de conformidad —el acusado admite los hechos—, evitar que la víctima tenga que volver a narrar su experiencia, produciéndose lo que se denomina "victimización secundaria".
En estos casos de violencia sexual o cuando las víctimas son menores, la Fiscalía incide en que se está generalizando el uso del sistema de videoconferencia para proteger su intimidad y que declaren acompañados de educadores o psicólogos que les asistan.
"tela de araña" de protección
Además, el Ministerio Fiscal valora que la especialización de todas las instituciones con la creación de organismos o unidades centradas en la lucha contra la violencia de género ha permitido crear una "tela de araña" de protección hacia las víctimas.
Esta "tela de araña" abarca desde la información en el Centro de Atención de la calle Rualasal hasta la atención por los protocolos sanitarios, o el asesoramiento policial a la hora de realizar las denuncias.
El Ministerio Público elogia el trabajo de la Unidad de Violencia de la Delegación del Gobierno en Cantabria y la creación de un punto de coordinación con los cuerpos de seguridad, que funciona como "canal único" de información y que suple las "lagunas" que se habían detectado en este campo.
Los mayores detalles en los atestados para determinar el grado de riesgo de las víctimas, la labor "destacada" de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria en el campo asistencial y su programa Senda para la reeducación de maltratadores o el papel del Ayuntamiento de Santander son otras de las instituciones cuyo trabajo ensalza la Fiscalía.
Para el Ministerio Fiscal, los profesionales que realizan los atestados están "cada vez mejor preparados", a lo que suma este órgano público la "experiencia" de la Sección Especializada de la Fiscalía y el trabajo del nuevo juez del Juzgado especializado de Santander, desde junio de 2009.
En el apartado de carencias, el Ministerio Fiscal reclama que se aumente el número de abogados del turno de oficio en los casos de violencia de género, tanto a diario como en fines de semana, al detectar que la carencia de estos efectivos causa retrasos en la tramitación de las diligencias urgentes.
La Fiscalía también destaca el "asentamiento" del uso de la Unidad Integral de Valoración, y en la que, pese a la situación económica que atraviesa el país por la "voracidad de los mercados financieros" —según subraya el Fiscal especializado—, se reclama que se aumente o el número de unidades o su personal, para que puedan abarcar otras poblaciones de la comunidad autónoma y que lo hagan también en festivos y fines de semana.
Además, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre la creación de centros de encuentro familiar. Si en 2009 elogiaba que se crearan dos en Santander, uno Castro y otro en Camargo, en esta memoria "echa en falta" que este "esfuerzo" continúe.
Y añade que le "choca especialmente", por segundo año consecutivo, que no exista una de estas unidades en Torrelavega que, según recuerda, es la segunda ciudad de Cantabria por número de habitantes.
Tres años sin muertes
2010 fue el tercer año consecutivo sin muertes por violencia de género en Cantabria, aunque ese año sí que se registro un incremento de un 7% en las causas tramitadas, con un total de 1-254 procedimientos incoados por la Fiscalía.
Por medio de estos procedimientos, se llegó a procesos que se tradujeron en un total de 453 sentencias (en 2009 fueron 414), de las que 274 (el 57,52%, un 3% más que en 2009) fueron condenatorias, y 218 (un 44,48%) absolutorias. En estas últimas hubo 10 casos en que se retiró la acusación.
Y se imponen numéricamente los casos de violencia de género entre parejas que convivían pero que no están o no estaban casadas (612); que superan a los casos dentro del matrimonio (mientras estuviera vigente o aunque estuviera disuelto), que llegaron a 403. Además, se dieron 152 causas entre parejas que no vivían juntas.
http://www.20minutos.es/noticia/1154403/0/
No hay comentarios:
Publicar un comentario