COLOMBIA
Moira Sandóval Calvimontehttp://www.paginasiete.bo/opinion/2014/5/27/violencia-simbolica-oportunismo-genero-22508.html
El escándalo por el agravio del alcalde Percy Fernández a una reportera -oportunidad en la que grupos e individualidades expresaron al unísono su indignación- derivó en una denuncia de la diputada Revollo contra el munícipe, una acción muy protagónica, pero no necesariamente efectiva.
Pues, aunque se reformó la justicia, sabemos que los juicios instaurados contra cualquier autoridad no prosperarán mientras éstas ejerzan poder en el actual sistema de codependencia de órganos del Estado, ausente la independencia de poderes.
La recurrente humillación que ejerce el señor Percy Fernández hacia las mujeres se encuadra en la tipicidad de la Ley 348, Artículo 7, 5) referente a violencia simbólica, señalando que son los mensajes, símbolos o valores, e imposiciones sociales y políticas, que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
No obstante que el agravio de Percy vulnera los presupuestos jurídicos de la Ley 348 de 9/3/2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (correspondiendo la persecución penal hacia el autor), soy realista al creer que iniciar un proceso penal a Percy Fernández -habida cuenta que ya pidió disculpas públicas- quedará para el anecdotario político, gozando, una vez más, de impunidad.
Cuando alguna autoridad ejerce violencia de género en su entorno familiar o laboral, los políticos hacen vehementes declaraciones en representación de la víctima, pero compitiendo en protagonismo con ella.
Anuncian el inicio de juicios, generalmente cuando el escándalo acapara la agenda mediática. Ello constituye la forma más cómoda y oportunista de subir la cresta de la ola publicitaria, necesaria en tiempos electorales.
Similar acción despliegan grupos de activistas de género, cuyas militantes realizan una loable labor que les confiere autoridad moral para opinar, censurar, exigir y reivindicar derechos en asuntos, como el que nos ocupa.
Aunque -por cierto- nadie les haya conferido la vocería para tal cometido, suelen objetar la participación de las mujeres en las pasarelas de moda y concursos de belleza, aplicando métodos que emulan aquello que censuran. Usando el cuerpo de la mujer de manera testimonial proponen una innovadora función del desnudo, pseudoartístico, ridiculizador, exhibicionista y provocador de la religión -osado, aunque innecesario- para promover sus postulados.
Se justifica, al parecer, exhibir mujeres desnudas en una plaza, cuando los fines son reivindicativos, mas no cuando una mujer, por propia decisión, comercializa con su cuerpo en el ejercicio soberano de ese derecho. Francamente, cuestiono todo tipo de hipocresía social y política.
Hay una curiosa lógica de censurar públicamente las afrentas a la dignidad femenina, pero se acepta, de manera tolerante en círculos familiares, laborales, sociales, religiosos, artísticos, comerciales y políticos, lo que se reprocha en público.
Esta contradicción la ejercen a veces las autoproclamadas defensoras de las mujeres, como la diputada Revollo, quien exige igualdad y lucha contra la discriminación, pero, a la vez, se beneficia con la carrera político-conyugal para asegurarse un curul. O como las feministas que repudian el uso estético y comercial del cuerpo de la mujer, aunque aplican el mismo método de exhibición femenina para realizar un posicionamiento político.
Es insólito que en estos tiempos, cuando existen más leyes protectivas, haya tanta violencia de género en nuestra sociedad, lo que refleja un retroceso, cuando el atropello a la dignidad de las mujeres es practicado hasta por las autoridades. Ello obliga a cuestionarnos qué los estimula a practicar la violencia simbólica.
Es imprescindible que la sociedad boliviana deje en el pasado las prácticas de humillación y subordinación de la mujer, rechazando los actos impregnados de violencia simbólica en todos los ámbitos, donde la agraviada recibe la solidaridad general, mas no existe castigo efectivo y ejemplar para el transgresor.
La respuesta podría ser la impunidad reinante, no sólo aquélla vinculada a la verdad jurídica establecida en el ámbito jurisdiccional, sino la que es ejercida por la colectividad y expresada mediante el sufragio, donde la aceptación en urnas es sinónimo de impunidad y el repudio de condena. Así, mediante el voto popular, se les dirá a las autoridades que la violencia simbólica es repudiable.
Será menester que el pueblo juzgue a sus autoridades, mediante el veredicto del voto popular. Para que ello ocurra debemos esperar que la conciencia de respeto e igualdad de género constituyan los nuevos paradigmas válidos para las generaciones jóvenes, logrando transformar nuestra cultura violenta.
Mientras esa conciencia social no florezca, dudo que los juicios y la parafernalia política -carentes de coherencia existencial- puedan resolver el problema pendiente, como tampoco ayuda la sobreactuación en defensa de las mujeres, persiguiendo un afán de figuración mediática, en lo que yo vendría a llamar un típico "oportunismo de género”, típico de la época electoral.
Resultado de ello, la periodista en cuestión fue víctima de la violencia simbólica ejercitada por Percy Fernández, seguida de impunidad política y, además, del oportunismo de género de las que dicen representarla.
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