CUSTODIA PATERNA: La Defensora del Pueblo pide que los menores puedan tener abogados para ser escuchados

martes, 27 de mayo de 2014

La Defensora del Pueblo pide que los menores puedan tener abogados para ser escuchados

Martes, 27 de Mayo, 2014

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en una imagen de archivo.

- La defensora del pueblo ha presentado en las Cortes el estudio 'La escucha y el interés superior del menor', consecuencia de quejas ante la institución.
- Analiza si los menores son escuchados en los procedimientos judiciales que les afectan, si sus opiniones se toman en cuenta y si se respeta su interés.
- Soledad Becerril sugiere que se facilite a los menores un abogado de oficio "para que puedan hacer valer sus opiniones en procesos que les afecten".
- Leer el informe 'La escucha y el interés superior del menor' (PDF).

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, recomienda que aquellos menores que, con independencia de sus progenitores o tutores, quieran hacer valer sus opiniones en procesos judiciales en los que se tratan cuestiones que les afecten puedan tener acceso a un abogado de oficio. Es una de las 17 recomendaciones al Gobierno que hace la defensora en el estudio "La escucha y el interés del menor", presentado hoy, que analiza la participación y la escucha de este colectivo en cuestiones que le atañen durante los procesos judiciales.

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La institución defiende que el niño debe tener el protagonismo "que su condición de sujeto del proceso y no de mero objeto del mismo, unida a su vulnerabilidad, reclaman", lo que supone que se deben lograr procesos "más adaptados, cercanos, amigables y atentos" a sus necesidades. Becerril ha afirmado en la presentación que el informe responde a la preocupación de la institución por la protección de los niños y a analizar si España cumple lo establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños de Naciones Unidas.
El contenido del informe es fruto de cotejar los estándares internacionales en la materia y la legislación española, las quejas recibidas en la institución, así como las actuaciones de oficio abiertas con las entidades de protección de menores. La defensora indica en el estudio que la fórmula legal española recoge el derecho del menor "a ser oído", lo que difiere de la utilizada en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que pone el acento en la escucha.
Aclara que en la tradición jurídica española "ser oído" implica fundamentalmente un trámite del que no se sigue la obligación "de asumir en lo posible la posición de la persona oída".
La institución prosigue que la normativa sobre los procesos de crisis familiar no concibe la escucha del menor como un derecho, sino como una facultad judicial sujeta al principio de oportunidad. La legislación española tampoco prevé un método para asegurar que la comunicación del niño con el juez y con el fiscal se produzca de manera "general, temprana y normalizada" y, además, en la actuación de las entidades de protección, los menores no reciben una información suficiente sobre su situación y expectativas de evolución de la misma.
Por ello, la defensora considera que resulta "difícil" que el menor discrepe sobre cómo se ha llevado a cabo la escucha o que disienta sobre las medidas de protección acordadas y resalta también que en las normas procesales españolas no se detalla cómo debe ejercitarse el derecho de audiencia. "Desde el punto de vista práctico no existen protocolos comunes para la realización de la audiencia del menor", insiste la institución.
Por ello, Becerril hace una serie de recomendaciones tanto a la Secretaría de Estado de Justicia como a la de Servicios Sociales e Igualdad. Así, propone la introducción del beneficio de la justicia gratuita a favor de los menores que quieran ser escuchados en "procesos en que se ventilen cuestiones que les afecten". Estima que el abogado de oficio ayudaría a suplir algunas de las carencias detectadas en la información que se da a los menores y aseguraría la comunicación del menor con el juez.
Defiende el nombramiento para los procesos de familia de un defensor judicial cuando el fiscal y el menor discrepen "sobre lo que conviene a su superior interés" en tanto que se le comunique la decisión judicial en aquello que le afecte. Reclama que se reconozcan a los menores nuevos derechos de participación, en línea de lo establecido en la Convención, en los procesos relativos a los asuntos que les atañen y "en particular, la posibilidad de ejercitar de manera total o parcial los derechos de las partes".

Becerril insta a promover la generalización de juzgados de primera instancia como juzgados de familia especializados y a que se incremente el número de fiscales especializados en el ámbito de los menores. Impulsar medidas necesarias para facilitar el acceso telemático de los fiscales a los expedientes administrativos y a los informes de seguimiento de los menores con medidas de protección es otra de las recomendaciones. El informe ha sido remitido hoy a las Cortes y próximamente lo hará llegar también al Ejecutivo. Becerril se ha referido al informe de la Fundación ANAR que constata un aumento de los casos de maltrato infantil y ha señalado que por ello debe ser una prioridad la protección de los menores.