CUSTODIA PATERNA: «Regularemos la custodia compartida»

lunes, 19 de noviembre de 2012

«Regularemos la custodia compartida»

Lunes, 19 de Noviembre, 2012

«Hemos emprendido reformas largamente aplazadas o que ni siquiera habían sido concebidas»

En circunstancias normales conviene no confundir lo urgente con lo necesario. Pero no vivimos circunstancias normales. Estamos inmersos en una situación de emergencia nacional que, aunque encauzada ya por el Gobierno, sigue requiriendo una reacción inmediata. Y ahí lo urgente, en efecto, sí es sinónimo de lo necesario. Por eso el extraordinario ritmo con que el Ministerio de Justicia, y todo el Ejecutivo, han emprendido una serie de reformas largamente aplazadas, o que ni siquiera habían sido concebidas. Reformas estructurales que son esenciales no sólo para la inmediata competitividad de nuestra economía, sino también para el sostenimiento del Estado social que le sirve de marco. La Administración de Justicia supone a ese respecto un elemento fundamental, de relevancia pareja a la del capital humano, los recursos financieros o las infraestructuras productivas.
Durante este año, el Ministerio de Justicia ha tenido que afrontar la situación insólita de elaborar dos presupuestos –el de 2013, y el que el Gobierno anterior dejó sin hacer para 2012– en los que ha definido las líneas de una reforma de la Justicia que, sin miedo a caer en la exageración, podemos calificar de histórica. Además de incrementar el esfuerzo en favor del beneficio de justicia gratuita que asiste a los ciudadanos más castigados por la crisis, se han limitado a lo estrictamente necesario las inversiones y se ha apostado por un aprovechamiento inteligente de los excelentes recursos humanos que trabajan al servicio de la Justicia española.
Pero, más importante que eso, es el hecho de que las comisiones de expertos que han de proponer al Gobierno una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y otra de Demarcación y Planta –normas ambas que configurarán el nuevo modelo, más ágil y moderno– tienen muy avanzados sus trabajos, al igual que ocurre con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así y todo, parte de las reformas han pasado ya por el Consejo de Ministros, como informe o anteproyecto, y varias han llegado al Congreso. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la parte de la LOPJ referida al órgano de gobierno de los jueces, cuyas funciones constitucionales quedan plenamente respaldadas, o con las reformas que ha sido preciso realizar en la misma ley para adecuar el régimen de jueces y magistrados y del personal de la Administración de Justicia a las medidas de austeridad que se aplican en el conjunto de aquella.
El impulso legislativo se ha traducido igualmente en la Ley de Mediación –que ofrecerá un medio alternativo de resolución de conflictos, contribuyendo a descongestionar los juzgados –; la trasposición de varias directivas europeas que aportan seguridad jurídica a nuestra actividad turística y societaria; la Ley de Tasas –la cual contribuye nuevamente al reforzamiento de la justicia gratuita, en un claro ejercicio de solidaridad y equilibrio social–; el Estatuto de la Víctima, que tendrá posibilidad de ser oída durante el periodo de ejecución de las penas; y la reforma del Código Penal, donde cobran enorme relevancia no solo los nuevos tipos creados para delitos de excepcional gravedad, contra menores o por terrorismo, sino también una importante serie de medidas encaminadas a luchar contra el fraude y los artificios criminales de las sociedades pantalla y la evasión sofisticada de las obligaciones tributarias.
El Gobierno compagina así una fuerte carga económica en el contenido de sus reformas con la necesaria sensibilidad social. El firme apoyo prestado a las personas que sospechan haber sido víctimas del grave asunto de los bebés robados, el compromiso de regular la custodia compartida atendiendo a las circunstancias de cada caso, o el que se va a traducir en la aplicación a los partidos políticos y sindicatos del mismo régimen de responsabilidad que a las demás personas jurídicas, confirma ese carácter comprometido y solidario de una política que durante 2013 seguirá dando pasos de enorme trascendencia, como los que suponen, por ejemplo, la nueva regulación del aborto o un Código Mercantil que nos lleve a donde, jurídica y económicamente, debemos estar: en el siglo XXI.

Un afán reformista
Le acompañaba la fama de coquetear con el progresismo desde el Ayuntamiento de Madrid, pero en cuanto llegó al Ministerio de Justicia demostró que tenía una agenda muy clara y que era un hombre del PP, sin las ambigüedades que otros querían ver. Su mantra en estos doce meses ha sido su afán reformista.