Una comisión estudia cómo simplificar la burocracia en los casos de maltrato y lograr que más mujeres pierdan el miedo a demandar a sus agresores
La reunión, ayer, del grupo de trabajo sobre violencia de género
A menudo, las víctimas de la violencia de género no sólo sufren el calvario de las agresiones en el hogar sino que, una vez se atreven a denunciar, tienen que recorrer diferentes administraciones en busca de ayuda o someterse varias veces a un reconocimiento médico o a un informe psicológico.
Tantas trabas provocan que muchas de ellas se arrepientan y no sigan adelante. De hecho, sólo en el segundo semestre del año, 4.288 mujeres renunciaron al proceso judicial en España, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General de Poder Judicial
«Cuando la mujer agredida presenta una denuncia se tiene que enfrentar a un ente abstracto, la Administración, y a un proceso tan complejo en todos los aspectos que es necesario depurarlo», aseguró ayer la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.
Por este motivo se ha creado una comisión, en la que participan diferentes instituciones -Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía o las consellerias de Justicia y Educación-, que estudiará qué mecanismos hay que cambiar para que el proceso sea más simple y humano para las víctimas.
Entre los objetivos figura conseguir que las víctimas no tengan que ratificar la denuncia. «Debe bastar con que lo hagan una sola vez, porque después muchas no continúan con el proceso por miedo a su agresor», señaló Sánchez de León.
La delegada afirmó que se han dado un plazo de cerca de seis meses para crear la comisión y hasta entonces una Unidad de Violencia de Género analizará dónde se producen duplicidades y dónde hay una desasistencia de la víctima.
Tasas judiciales
Antes de que finalice el primer semestre de 2013 se celebrará un nuevo encuentro donde se aprobará un documento con la radiografía de la situación y en el segundo semestre de ese mismo año se celebrará una reunión con colectivos sociales, profesionales y sindicales para abordar el tema.
Por su parte, la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, alertó ayer del «freno y menoscabo» a la tutela judicial efectiva que supone no excluir a las víctimas de maltrato de la tasa judicial por separación, divorcio o nulidad matrimonial. «Hay mujeres sin hijos menores a su cargo que, sin derecho a una justicia gratuita, tendrán que pagar en torno a 300 euros por la demanda y 800 por la apelación».
No hay comentarios:
Publicar un comentario