CUSTODIA PATERNA: Una jueza ordena el embargo de Mujeres Progresistas

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Una jueza ordena el embargo de Mujeres Progresistas

Miércoles, 28 de Noviembre, 2012
Enlaces:
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- Mujeres Progresistas despide a una trabajadora tras anunciar esta su embarazo
- Mujeres Progresistas, en quiebra pese a recibir ayudas millonarias de la Junta

La asociación, que actualmente está en paradero desconocido, ya fue denunciada por una trabajadora a la que echaron cuando estaba embarazada

El Juzgado de lo Social Cuatro de Almería ha ordenado el embargo de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía en Almería por no pagar a una trabajadora, según el auto al que ha tenido acceso Noticias de Almería, fechado el siete de noviembre.
La sentencia, que no se puede recurrir, indica textualmente “Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.100,29 euros en concepto de principal, más la de 820,04 euros calculadas para intereses y costas.”
Esta entidad ha recibido más de 100.000 euros en subvenciones de la Junta de Andalucía sólo en el último años.
Al hilo de este caso hay que recordar que en marzo del pasado año Lidia Joya y Javier Soto, trabajadores de un centro de menores de esta organización, denunciaron haber sido despedidos después de que comunicaran a los responsables de recursos humanos ella estaba embarazada y de baja médica.
El secretario general de Enseñanza de CCOO Almería, Antonio Valdivieso, ha expresó su repulsa ante lo que ha considerado “conducta propia de otro tiempo, por parte de esta ONG sin ánimo de lucro que se declara feminista y cuyas premisas son la defensa de los derechos de las mujeres” y se ha cuestionado si “esta organización es realmente merecedora de gestionar recursos públicos”.
El centro de menores en el que trabajaban Lidia y Javier está bajo la tutela de la Junta de Andalucía y cuenta con 6 plazas y 7 trabajadores.
Por su parte, Dolores Ruiz, delegada de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía en Almería, negó en aquel momento los hechos, asegurando que “lo que dice CCOO no es así, no se adapta a la realidad”, y que “la trabajadora fue despedida el mes pasado tras la apertura del expediente disciplinario, y no presentó la baja, firmada el día 5, hasta el día 6, cuando ya no trabajaba para Mujeres Progresistas”.
Además indicó que se enteró del embarazo de la mujer a raíz de las informaciones ofrecidas a los medios por el secretario general de Enseñanza de CCOO Almería, Antonio Valdivieso.
En el caso por el que se ordena el embargo, el auto señala “que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena, en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia” y recuerda que “Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.”
Se da la circunstancia de que si bien la jueza ordena que se obtenga “a través del terminal informático instalado en este Juzgado, informe sobre los bienes que pudiesen resultar a nombre del ejecutado que por medio de los servicios informáticos del juzgado se localicen los bienes de Mujeres Progresistas” lo cierto es que no la organización ha “desaparecido”. La juez ha ordenado, por este hecho, que sea notificada mediante el Boletín Oficial de la Provincia.