CUSTODIA PATERNA: Mantienen esposada a una mujer condenada por abortar

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Mantienen esposada a una mujer condenada por abortar

Miércoles, 28 de Noviembre, 2012

Autoridades le niegan abogado y apoyo psicológico

Mery, una mujer salvadoreña condenada a dos años de prisión en agosto pasado por practicarse un aborto inducido, está esposada a una camilla de un hospital psiquiátrico desde septiembre, pese a que su salud se ha deteriorado y se le niega asistencia médica, denunciaron activistas de Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Amnistía Internacional (AI) impulsan una campaña para liberar a la mujer de 27 años de edad.
Las leyes de El Salvador penalizan el aborto en todas las circunstancias; los médicos y personal de salud son los responsables de denunciar los hechos a la policía, y así fue como Mery (nombre ficticio) fue acusada en febrero pasado y en agosto la sentencian a dos años de cárcel.
Mery trató de provocarse un aborto por medio de medicamentos durante su octava semana de embarazo. Tras experimentar síntomas que consideró anormales, buscó atención médica. Varios miembros del personal del hospital donde buscó asistencia la denunciaron a la policía, y Mery fue detenida de inmediato, relata Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización.
La activista menciona que Mery se encuentra en un estado de pánico y angustia extrema y pese ello, la mantienen esposada a la camilla y la han mantenido bajo vigilancia policial.
Durante el proceso penal la salud mental de Mery ha sido muy delicada, y se ha ido deteriorando. El 28 de agosto fue declarada culpable y condenada a dos años de prisión por aborto inducido. El juez insistió en que cumpliera su pena en prisión, lo cual impidió a Mery recibir el tratamiento y apoyo psicológico que necesitaba.
El 3 de septiembre, durante su estancia en el Centro de Readaptación para Mujeres de la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, Mery trató de suicidarse utilizando un clavo oxidado para cortarse las muñecas.
Fue trasladada al Servicio de Psiquiatría del Hospital Policlínico Arce, donde permanece esposada y sometida a vigilancia las 24 horas del día.
Sara García menciona que algunos de los guardias la han insultado, llamándola “asesina”. Tanto ellos como otros funcionarios le han impedido acceder a la asesoría de un abogado y a apoyo psicológico. Además, el uso permanente de esposas está teniendo un impacto negativo en la salud mental de Mery, cuyo estado físico se está deteriorando.

MOVILIZACIÓN

Tanto AI como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto solicitan “a todas las personas que escriban inmediatamente instando a las autoridades a poner a Mery en libertad inmediata e incondicional y que prevengan cualquier nuevo maltrato”.
Otra exigencia, dice Sara García, es que “se ordenen el acceso inmediato y sin trabas de Mery a asistencia letrada, tratamiento médico y psicológico; la retirada inmediata de sus esposas; instando a las autoridades a despenalizar el aborto en todas las circunstancias.”
La campaña termina el próximo 6 de diciembre y la comunicación pide sea dirigida al Ministerio de Seguridad y Justicia de El Salvador y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Para más información se puede ingresar a la página web http://agrupacionciudadana.org.
“Es importante generar conciencia en el país sobre las violaciones a sus derechos que están recibiendo las mujeres en estos casos, no podemos permitir que reciban torturas y trato cruel, debemos pronunciarnos”, comenta Sara García.
La Agrupación Ciudadana presentó una apelación que no avanzó, ahora se ha solicitado una extinción de la pena por motivo de salud; ya fueron recibidos los documentos y el expediente, pero falta que se contrarreste el peritaje y que se convoque a una audiencia extraordinaria.
En El Salvador, hasta 1997, la ley permitía solo tres tipos de aborto: el terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones, y el ético, cuando es producto de una violación o incesto.
Sin embargo en 1998, con una reforma al Código Penal y otra a la Constitución al año siguiente, el aborto fue penalizado en todas sus formas.
Desde entonces la lucha de los movimientos defensores de los derechos de las mujeres se ha dedicado a pronunciarse y exigir la despenalización del aborto, y a ejemplificar las violaciones a DH con casos emblemáticos como Sonia Tabora, Manuela y ahora Mery.
Sonia Tabora, a sus 20 años de edad, quedó embarazada, nunca lo dijo por temor a perder su empleo, pasaron los meses y un día en casa de su familia su embarazo se complicó. Su niña nació prematuramente y ambas no recibieron asistencia médica.
Cuando la encontraron, Sonia estaba en estado de shock y con una severa hemorragia; la llevaron de inmediato a una Unidad de Salud y ahí explicó lo sucedido, pero el doctor no le creyó.
Sonia fue denunciada a las autoridades y fue condenada a prisión; después de cumplir 7 de los 30 años a los que fue condenada, quedó en libertad tras ser declarada inocente luego de una constante lucha de las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres en El Salvador y permitió reabrir el caso.

OTROS CASOS

De acuerdo con Sara García, seis mujeres más han logrado salir en condiciones similares a las de Sonia. Según investigaciones de campo de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 129 mujeres han sido procesadas por aborto u homicidio agravado, de las cuales el 69 por ciento de los casos las denuncias vienen de hospitales públicos.
La organización lucha por un indulto para la mayoría de éstos casos, pues existen evidencias de que en algunos de los casos hay trastornos psicológicos y en otros argumentos legales que se han subestimado y dejado de lado, menciona la feminista.
Otro caso emblemático salvadoreño es el de Manuela (nombre ficticio), el cual ya fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en él se plantea la problemática y la violación de DH hacia esta mujer de 33 años.
Manuela, madre de dos hijos, fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión tras sufrir una grave emergencia obstétrica. Después de varios años en la cárcel se le detectó cáncer linfático y murió en prisión.
El caso de Manuela llegó ante la CIDH y por ahora la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derecho Reproductivo de Nueva York están en espera de fecha para la audiencia en contra del estado salvadoreño.
“La lucha es constante y es importante que se conozcan estos casos y que se genere conciencia en los salvadoreños, y en el mundo para que se despenalice el aborto en El Salvador, y así evitar más casos como el de Mery”, concluye Sara García.