“En teoría todos somos iguales ante la ley; en la práctica no”

 MANUELA CARMENA| JUEZ

Domingo, 25 de Febrero, 2013

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Entrevista para la serie 'Decálogo del periódico' a la jueza Manuel Carmena en su casa

Después de toda una vida entre togas —primero abogada laboralista y luego juez—, Manuela Carmena (Madrid, 1944) se jubiló en 2010, montó un blog e inventó un juego de mesa sobre el funcionamiento de la Justicia; en él, el concursante-ciudadano va enfrentándose, casilla a casilla, a todos los obstáculos que encuentra en la vida real quien osa meterse en pleitos... desde hace décadas. “Hay muchas similitudes entre un pleito de hoy y uno del siglo XVIII. Demasiadas, insoportables”, afirma la juez.
Pregunta. ¿Por qué es eso? ¿Es cierta la sensación de que la justicia es el único servicio público que no se ha modernizado?
Respuesta. En cierto sentido sí.Hay una gran diferencia entre la justicia histórica y la actual: la Administración de Justicia se limpió de corrupción en la Transición. Tenemos una justicia limpia.
P. Pero es cierto que el funcionamiento es terriblemente igual.
R. Yo creo que la explicación está en que la ciencia del Derecho, lo que se estudia en las facultades, es extraordinariamente arcaica. Está abstraída de la realidad. Los programas de estudio de antes y los de ahora son sensiblemente iguales. Los temas de las oposiciones son los mismos prácticamente. El Derecho vive alejado de la sociedad, y los jueces igual. Y eso lleva a algo sorprendente: el trabajo de la justicia no tiene incidencia en la sociedad, nadie estudia el contenido de las sentencias que dictan los jueces. Con eso los legisladores tendrían que estar trabajando constantemente.
P. ¿El principio de celeridad en la justicia es uno de esos conceptos retóricos de la Constitución?
R. Los plazos judiciales son abstractos y no están relacionados con el volumen de trabajo de cada juez. Los plazos legales han perdido autoridad.
P. ¿Cuál es la causa de esa lentitud, el exceso de litigiosidad o la falta de medios?
R. Faltan medios, pero el problema esencial no es ese sino que hay un desconocimiento brutal de cómo gestionar la justicia. Nadie se encarga de mejorar la gestión. Se sigue haciendo exactamente igual que hace dos siglos. Se hacen una cantidad de prácticas absolutamente absurdas...
P. ¿Burocráticas?
R. Burocráticas, innecesarias. Sin ningún sentido. Hay figuras absurdas, por ejemplo que el ciudadano no pueda comparecer por sí mismo en los tribunales, que tenga que hacerlo forzosamente a través de un procurador. Es un rito.
P. ¿Debería desaparecer la figura del procurador? ¿Sobra?
R. Como algo obligatorio, totalmente. No solo es que sobra es que es ofensivo para el ciudadano. Que una persona te sustituya físicamente para entregar un papel... pero ¿por qué? Y todo el mecanismo es absolutamente burocrático, con papel, papel, papel...
P. Entonces ¿con los medios actuales se podría hacer mejor?
R. Sin lugar a dudas. Aunque yo creo que jueces sí que faltan, y más ahora con el ERE que ha sufrido la justicia casi sin darse cuenta. Han eliminado a casi mil jueces suplentes. Eso va a ser un desastre...
P. ¿Los titulares no pueden asumir esa sobrecarga de trabajo?
R. No, es imposible. Antes la justicia iba como iba, imagine cómo va a ir con mil jueces menos. Hacen falta más jueces. Y habría que poner un asistente personal a cada juez para que haga las tareas administrativas.
P. Hay juzgados que están hasta arriba, pero otros tienen una carga de trabajo inferior a la que marca el Consejo General del Poder Judicial.
R. Como decía antes, lo fundamental, la asignatura pendiente es gestionar mejor los procesos. Los juzgados que gestionan bien consiguen, con los mismos medios, mucho mejor resultado. Y no se atascan. Pero no se estudia la gestión en la universidad, no hay gestores en la justicia como lo hay por ejemplo en la sanidad pública. Y vuelvo a lo de antes: hay que quitar papel...
P. ¿Es partidaria de reducir las actuales garantías procesales para agilizar?
R. No, yo creo que no hay que reducirlas, pero es que hay cosas que no son garantías. Por ejemplo, que puedan recurrirse todas y cada una de las decisiones que se toman en la instrucción lo demora todo mucho y es absurdo. Hay que ver muy bien qué es lo que se puede recurrir. Y no por escrito, hacer los recursos verbales. Es que lo del papel... Hay que dejar de escribir. Si hoy día todo se graba... La justicia está ahogada en papel.
P. ¿Quiere decir limitar los recursos contra sentencias?
R. No, los recursos a sentencias no son problema, hay muy pocos. Me refiero a los recursos durante la instrucción: recurrir si el juez acuerda una prueba, si pide un documento... Esos son los que realmente envenenan. Yo dejaría por ejemplo el recurso contra la orden de prisión y alguna cosa más, y quitaría el resto.
P. ¿Hay que modificar la Constitución en lo referido a la Administración de Justicia?
R. No, yo creo que hay que desarrollarla. Por ejemplo, el desarrollo que se dio del Poder Judicial fue equivocado. El artículo 122 de la Constitución quería que el CGPJ tuviera verdadera autonomía, en aquellos años casi parecía que acabaría desapareciendo el Ministerio de Justicia porque las competencias serían del Consejo. Yo creo que el Consejo debe tener competencia en todo.
P. ¿Darle todas las competencias que tiene el ministerio?
R. Sí, sí. Y las de las comunidades autónomas. En lo referido al funcionamiento de la justicia, no en la proposición de leyes. El CGPJ debe tener su presupuesto, de él deben depender todos los medios personales...
P. ¿Y que todo eso lo decida el Consejo, sin ninguna autoridad política por encima?
R. Sí, claro. Dando cuenta al Parlamento de lo que hace. Si es que ahora el Consejo no tiene nada, y ahora con la última reforma menos. A lo que hay que ir es a más competencias del Poder Judicial.
P. ¿La Ley hipotecaria es de otro tiempo, está obsoleta?
R. Cuando se empezó a dar hipotecas en España estaban pensadas como un contrato en igualdad de condiciones, es decir, para grandes propietarios. Ahora eso es una ficción, porque la persona que compra no es propietaria, va a serlo. Esta ley se ha usado para algo que no estaba pensada. Yo creo que lo que debería haber es una ley de financiación de vivienda habitual, con el objetivo esencial del derecho a la viviendas.
P. ¿Puede un juez decidir no aplicar la ley que le obligaría a dictar un desahucio, o eso es imposible en Derecho? ¿Deberían hacerlo en este momento?
R. El Derecho siempre interpreta la norma, siempre. Muchas veces quien se lee la jurisprudencia se queda con los ojos como platos por lo mucho que discrepa de la letra de la ley. Además, lo dice el Código Civil, que la ley hay que aplicarla de conformidad con las circunstancias. En ese sentido, interpretaciones nuevas en esta materia, como en otras, son imprescindibles. La ley no dice qué es lo que hay que hacer con la persona a la que se deja en la calle, la ley guarda un silencio vergonzoso en ese punto, en absoluto de acuerdo con lo que dice la Constitución sobre el derecho a la vivienda digna. Curiosamente la ley sí dice lo que hay que hacer con los muebles de la casa que se desaloja, pero no dice qué hay que hacer con la persona. Yo creo que, ante esa laguna, los jueces no pueden dejar a la gente en la calle. Hay que tomar medidas.
P. ¿Qué propone que hagan?
R. Los jueces no trabajan aislados, sino en una sociedad con conexiones. Tiene que haber servicios sociales que garanticen que nadie se queda en la calle.
P. ¿Propone que el juez, al dictar un desahucio, lo condicione a que se dé a esa familia otro techo?
R. Claro. Puede ser dictando el aplazamiento para que no se produzca el desahucio mientras no haya un espacio social donde acoger a la persona, o forzando acuerdos con los propietarios para pagar un alquiler social...
P. Usted ha sido abogada, juez de instrucción y juez de vigilancia penitenciaria. Ha visto el proceso desde los tres puntos de vista. ¿El sistema judicial y carcelario promueve la reinserción?
R. Afortunadamente, el ser humano tiene mucha capacidad de rectificar su conducta. Que la cárcel sea el instrumento que permite la rectificación de la conducta, pues generalmente no. La mayor parte de los presos están por delitos de droga, de pequeños contrabandos... No deberían estar en la cárcel. Las penas deberían ser instrumentos para la rectificación de la conducta, no de castigo sin más. Por ejemplo, en los delitos económicos: es verdad que es importante que se devuelva el dinero, pero también es importante saber por qué se ha hecho y que la persona esté dispuesta a rectificar, que se arrepienta. Me hace gracia que se hable tanto del arrepentimiento de los presos terroristas y nada del resto.
P. ¿Defiende que se exija ese arrepentimiento legalmente a los presos por corrupción igual que a los terroristas?
R. Sí, en muchas ocasiones sí.
P. El Código Penal español es uno de los más duros de Europa, ¿de qué es síntoma eso?
R. Se ha buscado el castigo sin reflexionar sobre para qué queremos que sirva el castigo. Por eso no tenemos un código de castigos variados, tenemos la cárcel. No habría que tener miedo a hacer sustituciones de la pena para evitar la prisión. Es una locura que el que llega a Barajas con cocaína en el estómago esté seis años en la cárcel. Sigue habiendo un abanico pequeñísimo de alternativas a la prisión, y el que hay está muy desprestigiado. Por ejemplo, haber acabado con las penas de fin de semana... era un instrumento muy interesante. O los trabajos en beneficios de la comunidad: muchos se han sustituido por multas, y la multa es muy injusta porque la puede pagar quien tiene más dinero.
P. ¿Deberían ser imprescriptibles los delitos de corrupción?
R. Yo creo que no. Vamos a dejar las normas como están y vamos a ver primero qué es lo que falla.
P. ¿Un político imputado debe dejar su cargo o eso atenta contra el principio de presunción de inocencia?
R. Los ciudadanos tenemos el derecho a la información veraz, según la Constitución. Y los políticos gestionan lo público. ¿Qué pasa si un político es imputado? Como imputado, tiene derecho a callar y no declararse culpable, pero ese derecho está en contradicción con sus obligaciones de político. Por eso yo creo que el político que se ve imputado tiene que escoger: si quiere defenderse como imputado, tiene que abandonar la política. Porque para defenderse podría tener que mentir, y el político no puede mentir. La presunción de inocencia es otra cosa, esto tiene que ver con la relación entre ciudadanos y políticos.
P. ¿Que el yerno del Rey haya sido procesado significa que todos somos iguales ante la ley, o que la infanta Cristina no haya sido imputada significa que no lo somos?
R. Es positivo que una persona tan influyente como el yerno del Rey esté imputada. Si la infanta Cristina no ha sido llamada a declarar supongo que tiene que ver con que es la Infanta. Probablemente cualquiera de estos días eso cambiará y la llamarán a declarar, porque están apareciendo nuevas cosas y ahora ya sería mucho más llamativo que no se la llamara. Quiero decir que es posible que haya habido una cierta actitud de no querer llamarla, muy al principio del proceso... que es llamativo que una persona por ser infanta de España no haya sido llamada a reclamar todavía. Pero yo creo que se la llamará en breve.
P. Porque sí cree usted que todos somos iguales ante la ley.
R. En teoría lo somos, y estamos más cerca que nunca de conseguirlo. En la práctica, y no solo en esos casos tan llamativos, hay muchas cosas que hacen que no seamos iguales ante la ley, fundamentalmente los medios económicos. Comparecer ante la justicia es extraordinariamente caro.
P. ¿Las tasas son excesivas o no debería haberlas en absoluto?
R. No es un problema de cuantía, yo soy contraria a que haya tasas en la Justicia.
P. Usted fue cofundadora de la asociación Jueces para la Democracia. ¿Por qué los jueces no asociados no forman parte de la cúpula judicial? ¿Se han repartido las asociaciones ese ámbito de poder?
R. Es el Parlamento, los partidos, los que no han sido capaces de asumir la función de elegir a los vocales. Las entrevistas para seleccionarlos son muy penosas. Parece que lo que vale aquí son las conversaciones entre partidos y asociaciones. Es un error del Parlamento.
P. Pero ¿por qué solo eligen asociados?
R. Porque los partidos tienen más interés en tener personas más próximas a ellos que en tener a los más capaces.
P. ¿Las asociaciones están más politizadas?
R. Sí, siempre tienen más relaciones personales.
P. Un juez decide sobre la vida personas. ¿Hay alguna forma de detectar en el proceso de selección desequilibrios personales o ideológicos, por ejemplo un machismo exacerbado, que luego afecten a las decisiones que toman sobre la vida de otros?
R. El juez tiene que intentar objetivar su ideología: es decir que, aunque él aplique su visión particular, esta esté inmersa en una aceptación general. Que su perspectiva quepa en el marco general de la sociedad. Creo, por ejemplo, que si un juez decide suspender los desahucios hasta que esa persona tenga otro techo... la sociedad lo entendería.
P. ¿El indulto tiene un valor reparador por tener en cuenta el contexto posterior a la condena, o atenta contra el sentido de la justicia porque es una decisión absolutamente arbitraria?
R. Es inaceptable que el indulto no se motive. Y creo que los tribunales deberían tener más competencias para revisar sus propias sentencias a partir de los expedientes personales del condenado. Esa posibilidad de legítima discrecionalidad al aplicar o no la condena que se atribuye al indulto deberían tenerla los tribunales.
P. ¿Quién gana en el juego de mesa que usted ha inventado, el jugador que obtiene justicia o el que sacrifica menos cosas por el camino?
R. [Risas] Gana el que consigue que el proceso llegue a buen fin... perdiendo el menor dinero posible.

Reforma de la justicia

La Administración de Justicia es el único poder del Estado que no se democratizó en la Transición. Como prestadores de un servicio público, los jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos que a su vez dependen, según los casos, de la Administración central o de la autónoma. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo están reducidos muchas veces en la práctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar significativamente el número de jueces. Hace falta revisar las normas procesales para que, manteniendo las garantías básicas, puedan agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunción de inocencia ante la llamada “pena de telediario”. El Gobierno debe renunciar a su actual política sobre tasas judiciales.

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