Se limita la acción popular, de la que quedan excluidos partidos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas
La propuesta del Código Procesal
Penal presentada al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, otorga
la dirección de la investigación al fiscal bajo la tutela de un juez de
garantías. Limita a un máximo de 36 meses la fase de instrucción, el
término "encausado" sustituye al del imputado para eliminar su carga
"peyorativa" y permite al juez inhabilitar provisionalmente a cargos
públicos.
Estas son algunas de las medidas más
significativas que figuran entre los 707 artículos del texto llamado a
sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y con más de 60
modificaciones parciales en su articulado.
Ruiz-Gallardón, acompañado por los
miembros de la comisión, ha recibido formalmente este lunes la propuesta
que sienta "los cimientos" sobre los que se construirá una Justicia del
siglo XXI y marca un camino que aboca a una "transformación absoluta"
del panorama actual.
En el Palacio de Parcent, el ministro
ha agradecido el trabajo "excelente, generoso, desinteresado y
gratuito" realizado durante un año por los miembros de la comisión,
presidida por el magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal Manuel
Marchena. El catedrático de Derecho Procesal y abogado Nicolás
González-Cuellar, el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez, los
fiscales Antonio del Moral, Gabriela Bravo y Jaime Moreno y los
magistrados Jacobo López y Jaime Requena completan la comisión.
El Gobierno abrirá ahora un "debate
social" con participación de todos los agentes jurídicos con la voluntad
de tener listo un anteproyecto de ley entre octubre y noviembre.
Después, tendrá lugar un debate "no precipitado" con los grupos
parlamentarios para consensuar una norma que "no se vincule con un
espacio determinado de Gobierno", según Gallardón.
La propuesta de los expertos deja la
dirección de la investigación en manos del Ministerio Público y
constituye la figura del juez de garantías como "un mecanismo de
control" ante cualquier inactividad del fiscal y como garantía de los
derechos de los ciudadanos. Las unidades de Policía Judicial quedan
orgánicamente adscritas a la Fiscalía, en lugar de al Ministerio del
Interior.
Gallardón ha reconocido que la
plantilla actual de fiscales es "claramente insuficiente" conforme al
nuevo modelo. En este sentido, ha expuesto que las diposiciones
transitorias cobrarán una "extraordinaria importancia" al aplicar en el
futuro los efectos relacionados con los medios personales y materiales.
PLAZO DE SEIS A 36 MESES PARA INSTRUIR
Al ser preguntado por las razones
que han llevado al PP ha asumir este modelo cuando se opuso en la pasada
legislatura al sistema proyectado por el socialista Francisco Caamaño,
el ministro ha defendido que este modelo es "plenamente constitucional",
"garantista" para los ciudadanos y "homologado" al sistema vigente en
la "inmensa" mayoría de los países de nuestro entorno.
El Gobierno también ha defendido la
necesaria agilización de los procedimientos para evitar que la tardanza
suponga "una forma de impunidad para el delincuente o una condena
pública sin sentencia" para el investigado, según afirmó el propio
presidente Mariano Rajoy durante el Debate de la Nación.
En esta línea, la propuesta del
Código Procesal Penal establece que el fiscal disponga de seis meses
para efectuar las diligencias de investigación, aunque éstas se podrán
prolongar hasta un máximo de 36 meses en causas especialmente complejas,
como las concernientes a grupos organizados.
En un momento en el que abundan los
casos de corrupción, el borrador contempla la posibilidad de que el
tribunal acuerde la inhabilitación cautelar de los servidores públicos
inmersos en causas penales. Podrá inhabilitarse a los funcionarios o
autoridades en el ejercicio de sus cargos cuando exista "un peligro
concreto de reiteración delictiva" durante la tramitación del
procedimiento y siempre sopesando las obligaciones inherentes a su
función.
ACCIÓN POPULAR EXLUIDA A SINDICATOS Y PARTIDOS
El secreto de la investigación se
fija en un plazo máximo de seis meses o de doce cuando se dirija contra
grupos organizados. El juez podrá autorizar escuchas telefónicas durante
un tiempo que no supere el año cuando los hechos punibles se produzcan
en el seno de una red criminal, se cometan a través de instrumentos
informáticos o en delitos dolosos castigados con una pena con un límite
máximo de, al menos, tres años de cárcel.
La propuesta excluye del ejercicio
de la acción popular a partidos políticos, sindicatos y personas
jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas
en casos de terrorismo, y además se limita a una lista de delitos
relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el
terrorismo.
La acusación popular se acota a la
persecución de delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de
influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes
en los mismos.
También podrá ejercitarse ante
delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio
ambiente, delitos electorales, terrorismo o provocación a la
discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones o la
difusión de información injuriosa sobre estos grupos. Entre los nuevos
requisitos, se introduce la previsión de que la acción popular sólo
pueda ser admitida si presenta su querella "con anterioridad a la
formulación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal".
El nuevo modelo procesal penal
permite pactos de conformidad entre el fiscal y las partes en cualquier
momento del proceso y en todo tipo de delitos, con independencia de la
pena que lleven aparejada.
Otros aspectos novedosos descansan en
la competencia del jurado popular, de forma que solo examine la
comisión de asesinatos y homicidios dolosos y se excluyan los
atribuibles a personas que gocen de la condición de aforado.
DERECHOS DEL ENCAUSADO
El texto diseña una nueva estructura
del juicio y fija el lugar de testigos, víctimas y acusados. El
encausado no declarará al inicio del juicio, como venía siendo hasta
ahora, sino que lo hará "única y exclusivamente" a instancias de su
abogado cuando se hayan practicado los medios de prueba en su contra.
Ocupará en la sala un lugar que le
permita la comunicación "constante y directa" con su letrado, salvo
cuando se le interrogue. El texto también otorga el derecho al detenido a
entrevistarse con su abogado antes de su declaración policial.
La norma que regula el proceso penal
dedica un capítulo íntegramente al 'Estatuto Procesal de la Víctima' con
los derechos y potestades de quienes sufren el delito. Se incluye la
posibilidad de que el tribunal evite la confrontación visual de la
víctima con el encausado cuando le genere "terror, humillación o
sufrimiento".
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