ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 20131570, SOBRE LOS MENORES NO EMANCIPADOS EN CASAS DE ACOGIDA Y SIMILARES.

Domingo, 6 de Octubre, 2013
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Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS
EXCMO. SR. PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN
Sierra Pambley, 4 24.003 LEÓN
Asunto: ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 20131570, SOBRE LOS MENORES NO EMANCIPADOS EN CASAS DE ACOGIDA Y SIMILARES.

(Un matrimonio suplica a la Junta que les devuelva a sus cuatro hijos)

Burgos, 3 de octubre de 2.013
Excmo. Sr.:

He recibido su escrito de fecha 30 de septiembre de 2.013, informando que da por terminada su intervención y acuerda el archivo del expediente. Como no puede ser de otra manera, respeto a su decisión, y agradecimiento por todas las gestiones realizadas sobre el tema, y son muchas.

Sin embargo, como Ud. sabe y puede comprobar, mi lucha o pretensión en la defensade los “derechos personales de los menores no emancipados”, en casas de acogida y similares, ha sido una constante a lo largo de muchos años, y que ha dado lugar a diversos expedientes por parte de Uds. Por ello, me va a permitir hacerle varias reflexiones sobre este tema.

La primera es la igualdad ante la ley.

Por información que se le envía, de DIARIO DE BURGOS, de fecha 28 de septiembre de 2.013, en relación con la decisión de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de retirar la custodia de varios niños a un padre y a una madre de MIRANDA DE EBRO (BURGOS), se indica que la situación ha sido comunicada al JUZGADO DE MENORES y a la FISCALÍA DE MENORES. Procedimiento que no se hace en estos casos.

Conforme al derecho/obligación de igualdad ante la ley, contemplado en nuestra CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, la reflexión que le hago es por qué unas situaciones de menores no emancipados se comunican a la autoridad judicial y fiscalía y éstas no. ¿Son los niños de casas de acogida los parias de los parias y interesa que no lo sepa ningún juzgado, ni el Ministerio Fiscal ?. ¿Tienen miedo las administraciones públicas (administración central, Junta de Castilla y León, diputaciones y ayuntamientos) que “metan mano” en situaciones de menores no emancipados que convendría aclarar mediante decisiones judiciales ?.

Porque estimo que admitirá que no siempre los intereses de las madres son los mismos que los de los niños.

Otra reflexión, como no puede ser de otra manera, es sobre las responsabilidades personales de todas las personas al servicio de las administraciones públicas. Al personal médico y sanitario, al servicio de las administraciones públicas, en abundantes protocolos, etc., se

le recuerda el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre su “obligación personal” de poner en conocimiento de juzgados, Ministerio Fiscal o cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, presuntos delitos, conforme declaraciones de mujeres en sus consultas y ambulatorios. Y se les implica en peticiones para recuperar el costo de sus servicios en  posibles procesos judiciales, en que quizá no se respete el derecho a la “presunción de inocencia”. La pregunta que deberíamos hacernos es si los profesionales competentes que Ud. menciona, y  que

elaboran “informes psicosociales” y que pudieran conocer a través de las madres de esos menores no emancipados  presuntas situaciones delictivas no tienen el “deber personal” de poner en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal los argumentos o

hechos,  presuntamente delictivos,  que utilizan para justificar que mujeres y niños ingresen en casas de acogida y similares. O es que esos responsables públicos no tienen las mismas “responsabilidades personales” que los médicos, y, en estos casos, dicho artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal admite excepciones, lo que, lógicamente, no es creíble. Vamos, que psicólogos y asistentes sociales, etc., que elaboran esos informes psicosociales “deben”, lo mismo que los médicos, poner los presuntos hechos en conocimiento de jueces y Ministerio Fiscal. Venga en protocolos o no. Es la ley, pues que la cumplan. Son “obligaciones  personales” de las cuales no las puede eximir ningún cargo público, como a los médicos.

Por último, Ud. sabe que mi lucha en favor de los derechos personales de los menores no emancipados en esas casas de acogida y similares, principalmente, es cuando esos niños están también, legalmente, bajo la patria potestad del padre, y la madre no tiene asignada, legalmente, la guardia y custodia de esos niños.

Muchas gracias por todo lo que viene haciendo en pro de los niños, pero cuando tienen padre y madre, y al padre no le ha quitado una decisión judicial derechos y obligaciones respecto a esos niños, ¿dónde está el problema para que informen, al menos, al Ministerio Fiscal. ¿Dónde está el problema ?. Son exigibles las “responsabilidades personales” a todos los que elaboran esos informes psicosociales, que Ud. indica. Y el “deber personal” de esos profesionales

competentes es poner los presuntos hechos que les cuentan en conocimiento de jueces y fiscales. Espero esté de acuerdo.

Además, hay niños que  pueden ser llevados a otras comunidades, con otras lenguas y sistemas educativos. Miedo me da que esos niños estén sin tutela judicial. Adjunto copia de escrito de 13 de septiembre de 2.012, de la Ilma. Sra. Directora General de la Mujer, de la Junta de

Castilla y León, sobre este tema.

Gracias, de nuevo.

Atentamente,

 Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

Recibido por correo privado de Jesús Ayala.

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