Elena Fernández - ical Elena Fernández 09/02/2005
El procurador del común, Manuel García Álvarez, recibió ayer la queja presentada por la Asociación de Padres de Familia Separados de León contra la Dirección General de la Mujer a la que acusan de mantener una actitud «discriminatoria y anticonstitucional» por rechazar la solicitud de una plaza para uno de sus miembros en un centro de acogida de mujeres. La institución autonómica estudiará el caso antes de decidir si admite a trámite dicha queja. El presidente de la Asociación de Padres Separados, Andrés Varas, manifestó que tanto el solicitante de la plaza, Félix Alonso, como él consideran «muy satisfactorio» el trato recibido de Manuel García y la entrevista mantenida con él. En el encuentro, Varas también le planteó al procurador del común otras cuestiones que preocupan al colectivo que representa como la concesión de subvenciones a mujeres por parte de organismos públicos -y que ellos consideran injustas o inadecuadas en determinados casos- o la custodia compartida que reclaman los colectivos de padres separados. Entre los argumentos aportados por la Dirección General de la Mujer para denegar el acceso a una casa de acogida para mujeres a Félix Alonso se explica que dicho recurso asistencial es «específico para mujeres víctimas de malos tratos o abandono familiar y los hijos a su cargo, en su caso». La Asociación de Padres Separados considera que rechazar a su asociado «por razón de sexo» es un acto discriminatorio y exigen medidas. 
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