En 2013 entraron en los juzgados 2.645 procedimientos de divorcios, apenas un 3% menos que en 2012. Sin embargo, esa tendencia se ha invertido en los primeros cuatro meses de 2014, cuando se han registrado 1.007 solicitudes de divorcios, un 13% más que en el mismo período del año anterior, según el Decanato de los Jueces de Sevilla, al frente del cual está Francisco Guerrero. La abogada matrimonialista Paz Almeida afirma que «la crisis redujo al principio las peticiones de divorcio porque había mucho temor a mantener dos casas y dos familias. Sin embargo, están aumentando ahora porque hay parejas que no se pueden aguantar y la situación familiar se deteriora tanto que optan por el divorcio, aunque ello suponga una bajada en la calidad de vida de ellos y de sus hijos».
El 57% de los procedimientos de divorcios se tramitaron de mutuo acuerdo y el 43% por la vía contenciosa. Del total de divorcios, el 7% se llevan en los juzgados de Violencia de Género.
En cuanto a las peticiones de modificaciones de medidas adoptadas en divorcios y separaciones, se han pedido 401 en los primeros cuatro meses de 2014, un 20% más que en el mismo período del año anterior. Damián Álvarez, presidente de la sección segunda de la Audiencia de Sevilla, confirma que el 75% de los asuntos que lleva corresponden a asuntos de familia, en su mayoría recursos de apelación por modificación de medidas. «Muchos piden ampliar, reducir o extinguir las pensiones alimenticias, o bien fijarlas temporalmente por la crisis. También recibimos numerosas peticiones de custodias compartidas y otras para que la custodia pase de la madre al padre». La atribución de la vivienda familiar y las denuncias por impago de la pensión alimenticia centran otros recursos de apelación.
Los cambios laborales
Francisco Serrano, abogado matrimonialista y exjuez de Familia, explica que «es normal que se pida un cambio de las medidas adoptadas en los divorcios porque cambian las condiciones cuando los padres se mudan a otras ciudades, cuando se quedan en el paro, les reducen el sueldo, les cambian los horarios de trabajo o logran un empleo. Hay arquitectos y notarios que aceptaron pagar pensiones de hasta 3.000 y 4.000 euros mensuales durante el boom inmobiliario pero ahora no pueden pagar esas cantidades».
Serrano lamenta que «muchos divorcios se criminalicen porque hay mujeres que amenazan a sus exparejas con denunciarles por violencia de género o no retirar la denuncia por agresiones si no aceptan el convenio regulador». En cuanto a la custodia compartida, confirma que muchos hombres piden reducciones de su jornada laboral para pedir la custodia compartida. «Es normal que lo hagan porque hay madres divorciadas que trabajan por la tarde y quienes cuidan a los niños son los abuelos.¿Por qué dejarlos con los abuelos cuando pueden estar con los padres?».
Amalia Calderón, abogada matrimonialista y de violencia de género, declara que «se ha puesto de moda entre los padres divorciados pedir la custodia compartida, aunque lamentablemente muchas veces detrás de esta solicitud lo único que hay es un trasfondo económico porque si el juez lo acepta se elimina la pensión alimenticia o se reduce considerablemente». En cuanto al régimen de custodia, opina que «la semanal compartiendo domicilio no ha generado más que problemas, incluso cuando se ha adoptado de mutuo acuerdo. La custodia por cuatrimestres tampoco está funcionando».
Sobre la denuncia de Serrano de que se están criminalizando muchos divorcios para obtener ventajas económicas por parte de las madres, Calderón negó la mayor «porque el baremo para una pensión alimenticia se fija en función de los hijos y de la capacidad económica del progenitor, por lo que es la misma tanto en un juzgado de Familia como en uno de Violencia de Género». Por contra, declara que «en caso de agresiones, para una mujer es muy complicado denunciar al padre de sus hijos por el desgaste emociona y físico que ello supone».
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