Pero vamos a analizar un poco más el texto de la noticia. Es Auxiliadora Honorato (PODEMOS), quien presente esta proposición no de ley, en la cual observamos que lo que quieren es que no sean los jueces quienes dicten mediante la orden de protección a las mujeres el acceso a esa vivienda protegida, sino que se encarguen de ello los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento, y caro está, así desde luego todas las vivienda vacías que quedaron en España a consecuencia de la crisis se ocuparían, pues en estos Servicios Sociales es lamentable afirmarlo, pero se encuentra formados por una mayoría de personal que trabajan para la industria de género, y su objetivo su objetivo es destinar el mayor número de recursos a las mujeres que supuestamente sufren violencia de género. Esta claro que ven que los jueces tienen muy limitado el negocio que mantienen, y la justificación para pedir más fondos económicos a destinar a la violencia de género aparecería de forma inmediata si son las responsables de los Servicios Sociales las encargadas de decidir el nivel riesgo y necesidad de una mujer maltratada.
Cuando las mujeres denuncias violencia de género y existe vivienda familiar, la situación está más que resuelta en 2 ó 3 días. Ya el denunciado y es localizado, detenido, y encerrado en un calabozo, considerado como culpable antes de pasar a disposición judicial a las manos de los jueces, que son quienes deben de determinar su culpabilidad. Cuando llegan al juez, los casos que no terminan archivados o sobreseidos directamente (muchos terminan así, pero sobre todo los de los políticos), los jueces suelen dictar órdenes de alejamiento como los churros, que son muy diferentes a las órdenes de protección (pues éstas últimas conllevan otra serie de ventajas económicas en donde entraría la vivienda de acogida), pero que se traduce en que el hombre después de pasar estos días en el calabozo por la denuncia de la mujer queda libre a la espera de un juicio definitivo, pero con orden de alejamiento y unas medidas cautelares que conllevan que la vivienda familiar se queda bajo el uso de la madre ya que los hijos por sistemática machista se conceden a la madre también. ¿Qué sacamos de aquí? Pues que la mujer que quiere divorciarse y le estorba su marido en casa, es informada a través, entre otros, de los Servicios Sociales, de las consecuencias de interponer una denuncia de violencia de género.
¿Pero qué sucede cuando no hay vivienda familiar? Pues que entonces aún con denuncia la situación de quedarse mantenida por el marido y encima en la vivienda de propiedad de ambos, o incluso exclusiva del marido o los abuelos paternos (pues es muy necesaria la existencia de hijos menores para obtener más ayudas), no existe, y entonce es donde entra aquí la casa de acogida. También muchas mujeres no tienen hijos bajo los que se les concedería el uso de la vivienda familiar. Y para todos estos "males" están las casas de acogida (porque realmente las maltratadas de verdad no hacen uso de ellas), y para que el negocio fluya, y sea necesario pedir más millones de euros, hay que presentar que la necesidad de más medios, por lo que estas personas que trabajan en los Servicios Sociales se encargarían de crear la necesidad de muchas más casas de acogida. Tienen montado un negocio, pero muy bien montado, que mueve muchos, muchos, pero que muchos, giga millones de euros.
Fuente:
Alejandro Villar Martín
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/30/actualidad/1443614950_343394.html
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