De izquierda a derecha, Guillermo Oliver, Victoria Rossell y García Panasco. ANDRÉS CRUZ
DELIA JIMÉNEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA "Hay que dejar claro que activar el protocolo de malos tratos a menores desde un centro de salud o un servicio de urgencias no significa detener a nadie, sino iniciar una investigación de acuerdo a unos indicios. Ante la más mínima duda siempre hay que poner en marcha ese protocolo, porque está en juego la protección de un menor", sentencia Victoria Rosell.Rosell, magistrada del juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, estudia durante sus guardias judiciales numerosos partes de lesiones elaborados por los médicos sobre niños que pudieran ser víctimas de malos tratos. En la misma línea de actuación se manifiestan Guillermo Oliver, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal y Guillermo García-Panasco, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
La trágica muerte de la niña Aitana y la errónea detención de su padrastro, Diego Pastrana, acusado de haberle causado la muerte y puesto en libertad 72 horas más tarde tras comprobarse que las lesiones de la niña habían sido provocadas por una caída desde un columpio, ha abierto la polémica y el turno para la reflexión en una sociedad sacudida en demasiadas ocasiones por el horror de los actos violentos cometidos contra los niños.
"Hay que tener en cuenta que a pesar del estrés que soporta, el médico de guardia siempre rellena el formulario presentado por el protocolo ante una posible agresión sexual o cualquier otro indicio de maltrato, porque ese documento le sirve para cubrirse las espaldas. Ese protocolo es remitido al juzgado y, sobre la marcha, se inician unas diligencias. El forense examina a la víctima y no siempre las sospechas resultan ciertas. Los protocolos son necesarios, pero desde mi punto de vista no siempre son la panacea de la Medicina".
Para Guillermo Oliver los pediatras canarios disponen de una formación adecuada para descubrir signos que indican una agresión sobre el menor. Como ejemplo cita las típicas hemorragias retinianas que demuestran que el menor ha sido sometido a un zarandeo violento o las fracturas óseas en grado de consolidación diferente en niños de corta edad.
Los forenses, relata Oliver, también se trasladan hasta el hospital e intervienen en la obtención de muestras de ADN en los casos de agresiones sexuales con penetración cometidos contra menores. Oliver hace referencia a las graves secuelas psicológicas que dejan los abusos sexuales contra niños, un comportamiento que tiene una repercusión penal menor en comparación con las agresiones sexuales.
El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, repara en la complejidad del cuestionario planteado por el parte de lesiones y en la necesidad de aclarar y consensuar la terminología entre los médicos y los juristas. En este apartado, se refiere a las más de 50 preguntas a las que debe responde el médico que explora a la víctima en el momento de rellenar el parte de lesiones y el informe médico que, posteriormente, serán enviados al juzgado de guardia.
García-Panasco, Oliver y Rosell coinciden a la hora de recomendar una revisión del formulario del protocolo establecido en la comunidad canaria, que contempla una atención multidisciplinar de las víctimas de malos tratos. En este sentido, llama la atención la inclusión dentro del concepto de malos tratos de una actitud negligente o un maltrato emocional por parte de los progenitores o cuidadores del menor. "Ese es uno de los conceptos que médicamente hay que corregir en el protocolo. Se incluye como maltrato situaciones que responden más a una intervención por parte de Protección del Menor. Los médicos y los juristas utilizamos distintos lenguajes, pero estamos condenados a entendernos", matiza Rosell.
http://www.laprovincia.es/las-palmas/2009/12/06/protocolo-malos-tratos-menores-debe-activarse-menor-sospecha/273404.html
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