Los tres especialistas en derecho familiar consultados (Francisco Núñez-Torrón, Belén Castiñeira y Juan Carlos Fernández López-Abad) también han constatado que la crisis ha variado sustancialmente las soluciones que se dan a los bienes gananciales en los divorcios. Si bien es verdad que ahora suele haber más acuerdos al respecto, la necesidad obliga: muchas veces son los propios bancos los que marcan las pautas y los tiempos.
La mayoría de las parejas suelen tener una vivienda con hipoteca compartida, que suele quedar para uso y disfrute del cónyuge que se queda al cargo de los hijos. Antes, lo normal en un acuerdo era que o bien la persona que se quedaba con ella hiciera una ampliación de hipoteca y pagara al otro su parte de la vivienda, o bien que ambos decidieran vender, liquidaran la deuda y se repartieran el dinero restante. Pero ahora muchos bancos ponen trabas no sólo para renegociar la deuda y ampliar la hipoteca, algo excepcional, sino incluso para que uno de los dos cónyuges quede como único responsable de la hipoteca, ya que así pierden una garantía. Además, dada la situación del mercado inmobiliario, la posibilidad de venta de la propiedad familiar está descartada casi de antemano.
La salida para estos caos, y que se ha convertido ya en la habitual desde la llegada de la crisis, es convertir los bienes gananciales en una comunidad de bienes; a uno de los cónyuges se le atribuye el uso y disfrute y ambos siguen pagando su parte de hipoteca, hasta que ésta se agota o la vivienda se puede vender.
Se soluciona la situación personal, pero se aplaza la patrimonial para un mejor momento económico.
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