Sábado, 17 de Diciembre, 2011
La diputada socialista recuerda que esta ponencia de estudio llegó a constituirse en el Senado, pero decayó en el momento de la disolución de las Cortes Generales. “Lo que se pretende es escuchar a todas las partes, a las distintas asociaciones de padres y madres, a los jueces de familia, a fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y sólo después de escucharlos se modificará la Ley”, señala.http://www.gomeranoticias.com/article/el-gpsc-pedira-que-el-senado-retome-la-ponencia-de-estudio-sobre-las-modificaciones-legales-
Jerez subraya que de lo que se trata es de “hacer las cosas bien, con sentido común, con rigor, sin ninguna frivolidad y sin improvisación”. En este punto, recuerda que fue un gobierno socialista el que modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Indica que esta modificación, que en su momento fue considerada inconstitucional por algunos grupos políticos, planteaba la desaparición del esquema casual para conseguir separación y divorcio, “es decir, que bastaba la voluntad de uno de los cónyuges para obtener esa separación y divorcio -la fórmula del divorcio exprés- y fue el Gobierno socialista el que incorporó la expresión ‘guarda y custodia compartida’”.
La parlamentaria del PSOE explica que el grado de intervención de la Ley sólo se plantea a través del juez cuando no hay un acuerdo razonable para el desarrollo potencial de las individualidades de ese niño. “No se trata de sustituir el principio de autonomía de la voluntad de los progenitores, sino de intervenir sólo cuando ahí no impera la racionalidad, el sentido común y lo que más conviene a ese menor”, destaca, por lo que insiste en que no es un debate acerca de las libertades de los progenitores. “Es un debate sobre lo que más conviene a ese niño”.
Rosa Guadalupe Jerez hace hincapié en que, dado que la atribución de la custodia es, en definitiva, una decisión “ciertamente compleja” en la que se deben tener en cuenta muchos criterios a la hora de velar por el cumplimiento del interés del menor, “no puede ser tomada a la ligera y regirse por una norma de aplicación general, sino que necesita de un estudio exhaustivo”, por lo que insiste en la necesidad de abordar este asunto “con seriedad y con rigor”.
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