Un total de 38 asociaciones de toda España han suscrito un comunicado en defensa del juez de Familia de Sevilla, Francisco Serrano, quien ha afirmado que si se endurece la Ley de Violencia de Género se producirá "un holocausto".
Según el juez, con el endurecimiento de esa ley aumentarán los suicidios de hombres y los homicidios de mujeres, abogados e incluso jueces y fiscales.
Serrano, a título individual, rechazó el borrador de informe para el estudio del funcionamiento de dicha ley elaborado por el PSOE, que prevé reforzar la seguridad de las mujeres que denuncien.
El juez sevillano, que en ocasiones anteriores ha comparado dicha ley con la base de detención de Guantánamo por la falta de garantías jurídicas, añadió la semana pasada su opinión de que la propuesta de reforma "producirá situaciones de injusticia y eso puede llevar a las peores condiciones de violencia".
Según el comunicado conjunto de las 38 asociaciones, todas son contrarias al maltrato y son conscientes de la "lesividad que puede entrañar para niños, el sometimiento a un contacto y relación perniciosa con un maltratador", pero matizan que "lo mismo habría que predicar respecto de una maltratadora, concepto, que por lo visto, no se encuentra en la mente del Legislador".
El comunicado denuncia, al igual que hizo el juez, "la actual conceptuación de maltrato, hombre maltratador y mujer maltratada, que engloba y generaliza por condición de género y no por el alcance y antijuridicidad del hecho denunciado".
"La pena añadida de perder a los hijos, tanto padres como abuelos y resto de familia extensa paterna, supone un claro ataque a los derechos de la infancia" y supondría "un maltrato infantil propiciado institucionalmente por el propio legislador que ha de velar por las garantías y derechos constitucionales."
Según estas asociaciones, la reforma propuesta por el PSOE "es una nueva vuelta de tuerca en un despropósito legislativo que aplicaría a los maltratadores el llamado derecho penal del enemigo, acuñado por el jurista alemán Günter Jakobs y considerado por la mayoría de los penalistas como una aberración jurídica".
Este principio "parte de la base de que en la sociedad hay 'personas', a las que se aplica la legislación penal general, y 'enemigos o no personas', cuya peligrosidad está en su propia existencia, aun antes de que cometan un delito", y añade que "ni los terroristas de ETA más peligrosos y sanguinarios han tenido ese tratamiento."
Que "se aprueben o reformen proyectos de leyes penales en base a las reivindicaciones minoritarias de grupos de presión que representan y se autoproclaman como los nuevos gestores de la moral colectiva" producirá "daño a familias, mujeres, hombres y niños" y una situación de "beligerancia y visceralidad de consecuencias predecibles", como a su juicio ha predicho el juez Serrano.
Entre las 38 entidades figuran la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres Separados, la Asociación de Padres y Madres Separados Custodia Compartida YA!, la Plataforma Feminista por la Custodia Compartida, la Asociación de Madres y Padres por la Coparentalidad y la Asociación de Abuelos Separados de Sus Nietos.
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