La Fiscalía solicita 40 años de cárcel para la mujer acusada de asfixiar a sus dos hijos para vengarse del marido
14.09.11 - J. MORENO | VALLADOLID
14.09.11 - J. MORENO | VALLADOLID
Una ambulancia del 112 espera junto a la urbanización donde sucedió el doble homicidio
«Si llamas al 112, voy a la cárcel». Con esta frase fría y escueta fue recibido R. V., el vecino de María del Carmen S. C. en el piso octavo del edificio de la calle Adolfo Miaja de la Muela 7, en el barrio de Parquesol, a cuyo piso acudió alertado por el hermano de la mujer de que algo muy grave había sucedido con sus sobrinos de 9 y 11 años, que estaban a cargo de la madre el 9 de diciembre de 2010.
Y no se equivocó. En una cama de matrimonio del domicilio familiar se encontraban los dos cuerpos sin vida de los menores María y Jairo, que habían permanecido durante todo el puente de la Constitución con su madre, María.
El comentario realizado por esta mujer de 41 años a su vecino es uno de los elementos probatorios que sirve a la Fiscalía de Valladolid para solicitar en su escrito de acusación 40 años de cárcel para la madre de Parquesol por dos delitos de asesinato. Y es que la premeditación que sostiene el Ministerio Público se apoyaría además en que la mujer, en su ánimo de vengarse de su exmarido, y la posibilidad de que le retirasen la custodia que le asignó el Juzgado de Familia, suministró a los dos pequeños una dosis de Loracepan, un fármaco sedante utilizado contra los estados de ansiedad y con el que logró vencer la voluntad de sus hijos. Luego les asfixió con un trapo que les puso en la boca y nariz.
La calificación penal realizada por la fiscal asignada al caso, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1, es la más elevada porque le aplica además las circunstancias de parentesco y premeditación, por cuanto trató de actuar contra cualquier posibilidad de que el padre de los niños pudiera verlos o mantener una relación normal.
La investigación ha concluido que el matrimonio entre la acusada y Óscar, el padre, se contrajo en abril de 1995, y en el año 1999 y 2001 nacieron sus dos hijos. Aunque en 2008 se produjo la ruptura definitiva del matrimonio, no fue hasta julio de 2009 cuando Óscar presentó la demanda de divorcio, en la que pedía que la custodia fuese atribuida a la madre con un régimen de visitas regular para el progenitor.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que a partir de esa fecha el padre no pudo tener otro contacto con ellos que acudir a la salida del colegio porque la madre no consentía los encuentros paterno-filiales.
El revés judicial que habría recibido la acusada con la sentencia de abril de 2010, en la que se otorgaba al padre los fines de semana desde la tarde del viernes y hasta las 20:00 horas del domingo, así como las vacaciones escolares por la mitad, elevó más la animadversión hacia el progenitor, quien solo a partir de mayo del pasado año pudo ver a sus hijos bajo supervisión de los técnicos de Aprome.
La Fiscalía sostiene que, pese a que la madre aparentaba buena disposición, incumplía sistemáticamente las fechas de visitas, por lo que fue advertida de que ello podría comportar cambios en la custodia de sus hijos.
El hecho de que el pequeño Jairo, de 9 años, iniciase una relación de mayor cercanía con su padre, el incumplimiento de las visitas en el mes de noviembre y el fin de semana del puente de la Constitución, así como la cita que debía tener con el Equipo Psicosocial, habrían desencadenado la decisión de la mujer de asesinar a sus dos vástagos, entre las ocho y las doce de la noche del 8 de diciembre de 2010.
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