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La crisis está poniendo en jaque la economía de miles de familias malagueñas, pero también los bolsillos de muchos divorciados que a duras penas pueden hacer frente ahora a las pensiones alimenticias fijadas en tiempos de bonanza. La caída de los ingresos, cuando no la pérdida de negocios y el cierre de empresas están llevando a muchos autónomos y empleados a pedir a los jueces reducciones de las pensiones de manutención que mensualmente deben abonar a sus hijos, e incluso las compensatorias a sus ex parejas.
En tan sólo tres años, las solicitudes de modificaciones de medidas que han recibido los tres juzgados de familia de la capital han aumentado un 45%.
En sus peticiones ante el juzgado, los divorciados en apuros económicos argumentan que se han quedado en el paro o que le han rebajado el salario, y en general que sus ingresos económicos han mermado drásticamente. Sin embargo, sus demandas no siempre son atendidas. Es más, la mayoría son rechazadas por los tribunales. En muchos casos porque las cantidades fijadas, que "garantizan un mínimo de subsistencia para los niños, están ya muy ajustadas", explica el juez de familia José Luis Utrera.
Aproximadamente más de la mitad de los matrimonios que acaban en divorcio tienen niños menores de edad que perciben una pensión mensual que oscila entre los 150 y los 180 euros por hijo.
Modificar la pensión alimenticia impuesta por el juez no es fácil. Hay que demostrar con pruebas que la situación económica del padre ha cambiado radicalmente y que el bache económico que atraviesa no es coyuntural sino permanente y, desde luego, ajeno a su voluntad. "Eso viene a complicar aún más las cosas porque nadie sabe cuándo acabará la crisis", asegura Gabriela Domingo, delegada en Málaga de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEDAF).
En opinión de José Luis Utrera se trata también de evitar la picaresca porque con la excusa de la crisis algunos se aprovechan para pedir reducciones sin que su estatus económico haya cambiado.
Pequeños constructores, autónomos y empleados vinculados al sector de las construcción que en tiempos de más alegría económica acordaron unas generosas pensiones son ahora en época de vacas flacas los que más solicitan estas modificaciones a la baja.
Aunque las solicitudes en el juzgado han aumentado un 45%, en la práctica son muchas más las peticiones de reducción de pensiones, lo que ocurre es que no se llegan a presentar ante las escasas posibilidades que tienen de ser aprobadas no tanto por los jueces de primera instancia, sino en los tribunales de la Audiencia Provincial.
"Los abogados frenamos a los clientes y antes de que se metan en gastos se lo explicamos. Muchos no lo entienden", añade Domingo, quien relata también que desde la rebaja del 5% aplicada por el Gobierno a los salarios de los empleados públicos, ha habido bastantes funcionarios que se han decidido a pedir una reducción de las pensiones. "En tales casos, yo no lo aconsejo ya que esa rebaja se ve contrarrestada por la subida del IVA que afecta también a los gastos del cónyuge que recibe la pensión", agrega la abogada.
Por la paz familiar
En las actuales circunstancias, los especialistas en Derecho de Familia abogan por acordar una modificación de las pensiones de mutuo acuerdo con la otra parte: "Lo mejor es que se alcance un acuerdo privado para atender a la paz familiar, que en definitiva redunda también en beneficio de los menores", aconseja la delegada provincial de AEDAF.
La crisis, sin embargo, no ha frenado las rupturas. En los últimos tres años los divorcios y separaciones sólo han descendido en Málaga un 4,3%, un porcentaje apenas significativo para marcar una tendencia a la baja. Sobre todo si se tiene en cuenta que las cifras de las que se partían eran un tanto ficticias a causa del efecto del 'divorcio exprés'. "A partir del 2005, con el 'divorcio exprés' muchas parejas que ya estaban separadas aprovecharon para divorciarse, lo que disparó el número de divorcios en todo el país", matiza el juez Utrera.
"Las personas que quieren poner final a su matrimonio se divorcian con crisis o sin crisis", añade el magistrado, quien, sin embargo apunta que las dificultades económicas sí pueden estar provocando un leve incremento de las rupturas sin acuerdo: "Puede que sea pronto para afirmar que se trate de una tendencia, pero en el primer semestre de este año las divorcios y separaciones contenciosas representan el 34% del total, cuando nunca han superado el 30%", según el togado.
http://www.alertadigital.com/content/view/105270/284/
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