Miércoles, 21 de Diciembre, 2011
Kristina Schröder
Jesús Sendarrubias
Determinados colectivo feministas y organizaciones políticas de
izquierdas conciben la lucha por la igualdad como una tarea exclusivamente
moral.
Según sus premisas, la solución al atávico conflicto de la
desigualdad pasa por la normalización jurídica de los postulados éticos que
ellas mismas consideran válidos. De este modo celebran medidas como la
discriminación positiva, la imposición de cuotas femeninas representativas o la
custodia monoparental exclusiva. |
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La discriminación positiva está muy lejos de
suponer un avance significativo en pro de la igualdad.
Este tipo de
medidas son insuficientes y erráticas; sólo benefician a pequeños colectivos
arribistas, los cuales, enarbolando su particular bandera de la igualdad
contribuyen a perpetuar las contradicciones estructurales que generan
disparidad.
Las organizaciones pseudo-progresistas que amparan
reivindicación de género discriminatorias, suelen erigirse voz de la totalidad
de las mujeres, sin distinción de origen o estrato social. Según ellas, todas y
cada una de las mujeres, por el mero hecho de serlo, sufren el mismo tipo de
sometimiento. Esto, además de ser falso y populista, niega la esencia ideológica
de la propia izquierda política, pues equipara la lucha de la mujer proletaria a
la de la mujer adinerada.
-Analicemos el fenómeno de “-la cuota femenina
en las empresas”-. En el mes de Abril del año 2011, el diario El Economista
publicaba el siguiente titular: “Por las buenas o por la Ley: las empresas
deberán aumentar su cuota femenina”. En el artículo podíamos leer: “O las
empresas comienzan a incorporar políticas que permitan un mayor acceso de la
mujer a puestos de alta dirección, o serán los gobiernos quienes obliguen por
decreto a implantar estas medidas. El objetivo que se impone ahora desde
Bruselas es un 30 por ciento de mujeres entre consejeras y presidentas de aquí a
2015.” .
… “El debate está abierto. La ministra alemana de Familia,
Kristina Schröder, organizó recientemente un encuentro con los representantes de
las 30 mayores compañías alemanas, para discutir con ellos la idea.” Tales
aseveraciones resultan sorprendentes y cabe peguntarse: ¿Será Europa más
igualitaria en el 2020 si los grandes monopolios empresariales están dirigidos
por un 40% de mujeres?, ¿cambiaría el día a día de las obreras industriales
alemanas o españolas el hecho de que las principales empresas de sus países
estén dirigidas por mujeres?, ¿Tendrán mayor sensación de igualdad las obreras
textiles portuguesas cuando el grupo INDITEX sea dirigido por la hija del
empresario Amancio Ortega?.
Cuando los ministerios de trabajo de los Estados
miembro proponen este tipo de medidas recurren a reunirse con las direcciones de
las grandes empresas. Para calibrar la situación real de mujer trabajadora, ¿no
sería más objetivo reunirse con las trabajadoras manuales de las empresas
textiles o conserveras? ¿no sería más preciso entrevistarse con las familias
monoparentales que son incapaces de conciliar la vida laboral y familiar?.
El país, en su edición del 22 de agosto de 2011 Publicaba una noticia
similar a la anterior, en la que se podía leer: “Holanda, Italia y Bélgica han
aprobado leyes que imponen una cuota mínima de mujeres en los órganos de
decisión de sus empresas. Un paso histórico y controvertido para quienes se
muestran contrarios a lo que definen como "intervencionismo de los Gobiernos"
Ante este tipo de noticias las élites políticas se apresuran a debatir si la
medida supone un intervencionismo anti-democrático del Estado en la empresa
privada o si la causa de la mujer requiere de este tipo de imposiciones. De este
modo los intelectuales burgueses progresistas, las organizaciones feministas
radicales y los partidos socialdemócratas, podrán posicionándose a favor de la
igualdad y acceder a la simpatía de muchas mujeres que de forma honesta pueden
interpretar la medida como progresista y tienen la sensación de que al menos
“algo se está avanzando” en materia de igualdad.
Desde sus tribunas, los
jóvenes parlamentarios de izquierdas pretenden transmitir que están
comprometidos con la causa de la mujer y reiterar su oposición a la burguesía
más rancia y reaccionaria. A lo que no están dispuestos los dirigentes
socialdemócratas ni los dueños de las grandes empresas es a practicar una
análisis profundo sobre la realidad de la mujer trabajadora; pues de dicha
discusión podrían emerger conflictos que afectarían directamente a la relación
de poder entre trabajadoras y empresarios, obligando a los gobiernos europeos a
democratizar la situación de la mujer trabajadora. Los grandes esferas
empresariales están dispuestas a ceder determinadas esferas de responsabilidad a
minorías pseudo-representativas, siempre y cuando no altere su dominio sobre la
propiedad de los medios de producción y los mercados.
Las feministas
radicales contribuyen a perpetuar la situación de la inmensa mayoría de mujeres
mientras permiten el progreso personal de minorías elitistas que están muy lejos
de representar la reivindicaciones de un colectivo mucho más heterogéneo y
maltratado que demanda verdaderas reformas estructurales que afecten al corazón
del sistema. La existencia de un cuota obligada de banqueras, directoras de
empresa y representantes del Fondo Monetario Internacional no podrá modificar
las condiciones de vida de muchas madres trabajadoras. Las aspiraciones de la
inmensa mayoría de mujeres en nuestro país difieren enormemente de los
particulares anhelos de las vanguardias intelectuales. Las principales
preocupaciones de nuestras madres trabajadoras están relacionadas con la
conciliación de la vida laboral y familiar, el pago de la hipoteca o disponer de
tiempo para el ocio. Parece lógico pensar que un importante número de mujeres se
sienten más identificadas con los problemas de la clase trabajadora que con las
pretensiones de las mujeres de alta sociedad. Intentar cobijar a todas las
mujeres bajo la misma bandera sin atender a su condición social es un disparate
inventado por el feminismo burgués.
No es competencia de un parlamento
democrático regular disposiciones morales. Un gobierno verdaderamente
progresista debería invertir en todos aquellos servicios sociales que
permitiesen a las familias obreras enfrentar sus vidas en condiciones de
verdeara igualdad y no fomentar un odio sexista, burgués, anti-democrático y
torcido a la izquierda. |
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