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http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/28/andalucia/1354130391.htmlAntonio Valdivieso, Javier Soto y Lidia Joya.- La asociación de mujeres se encuentra en concurso de acreedores
- Ha cerrado el centro de menores que tenía en la provincia de Almería
El Juzgado de lo Social número cuatro de Almería ha ordenado el embargo de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía en la provincia por el impago de sus salarios a una de las trabajadoras despedida en el proceso de desintegración de esta ONG, que ha recibido miles de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía, y que se ha declarado en quiebra y en concurso de acreedores una vez que se ha agotado la que era casi su única vía de financiación, la propia Administración autonómica.
El auto dictado por el juzgado almeriense ordena que se proceda, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y asociaciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente para cubrir la suma de 4.100,29 euros en concepto de principal, más la de 820,04 euros por intereses y costas por los sueldos impagados a la trabajadora, como ha informado el diario digital 'Noticias de Almería'.
Éste es sólo uno de los muchos frentes judiciales que se mantienen abiertos contra la organización en Andalucía. Como ha sucedido en otros casos anteriores, los juzgados han dado la razón a los trabajadores despedidos o impagados, también a pesar de las subvenciones recibidas por la Consejería de Empleo.
Juicio de la embarazada despedida
Sin ir más lejos, el pasado martes se celebró en el Juzgado de lo Social número cuatro de Almería la vista sobre el despido de Lidia Joya, la trabajadora y delegada de CCOO que fue despedida cuando estaba embarazada el pasado marzo.
Aunque en principio el sindicato demandaba la nulidad del despido, su reingreso y una indemnización de 6.000 euros por daños y perjuicios, finalmente el hecho de que la empresa esté en quiebra y haya cerrado el centro de menores en la que Joya trabajaba, hizo que, a petición de la propia trabajadora, desistiera de la readmisión, al ser lógicamente imposible. No obstante, pidió a la juez la extinción del contrato para percibir los salarios de tramitación que le corresponderían así como la indemnización por despido improcedente.
"Ahora, el juzgado comunicará estas demandas al administrador judicial del concurso de acreedores", explica Antonio Valdivieso, secretario general de Enseñanza de CCOO Almería. Al igual que ha sucedido a lo largo de todo el proceso, en la vista oral del martes tampoco se presentó ningún representante legal de Mujeres Progresistas.
En unos días está fijado otro juicio por el despido de otro ex delegado sindical de Comisiones Obreras, Javier Soto, quien llegó a ser director del centro de menores de la federación en Almería.
Como sucede en otras sedes andaluzas, la de Almería, que fue comprada por la organización y que estaría valorada en unos 300.000 euros, permanece cerrada a cal y canto. Al igual que tuvo que cerrar el centro de menores de la organización, una vez que la Junta no renovó el convenio que mantenía con la entidad. En él trabajaban una decena de personas, algunas de las cuales dejaron de percibir salarios, como la empleada por la que ahora se ordena el embargo.
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