CUSTODIA PATERNA: Condena firme de prisión para dos educadoras por maltratar y vejar a menores en desamparo

viernes, 3 de mayo de 2013

Condena firme de prisión para dos educadoras por maltratar y vejar a menores en desamparo

Viernes, 3 de Mayo, 2013

La Audiencia ratifica un castigo de 21 meses para las cuidadoras y rebaja a 6, el mínimo, la pena para el director del centro de acogida Lar - El fallo inhabilita a las dos acusadas

El director del centro de acogida, Arturo Estévez Rodríguez, en el centro, con chaqueta gris.

Por mearse en la cama, cebolla cruda de desayuno. Si volvía a suceder, humilladas y obligadas a ponerse las bragas sucias en la cabeza. Los castigos eran vejaciones, traspasaban todos los límites: niños de solo 7 años obligados a limpiar con lejía o a pasar de rodillas un día entero de cara a la pared. Los malos tratos fueron denigrantes. Una niña pasó una semana encerrada en su habitación y otra que vomitó fue forzada a comérselo, como castigo. Noemí Blanco Diéguez y Vanesa Fernández Vila, educadoras en el centro de acogida de menores tutelados y en desamparo Lar, han sido condenadas en firme a una pena de prisión de 21 meses. Las dos cuidadoras no podrán ejercer profesión con menores durante el mismo periodo. La Audiencia acaba de ratificar la sentencia por delitos de maltrato psíquico habitual y contra la integridad moral.
La decisión del tribunal ourensano es inferior a la reclamación de 3 años de cárcel formulada inicialmente por la Fiscalía de Ourense y ha resultado más favorable para Arturo Estévez Rodríguez, director del centro de acogida que fue clausurado tras destapar una chica acogida en 2008 las vejaciones. La Audiencia considera que la condena inicialmente impuesta al responsable del hogar de 15 meses de cárcel era excesiva. Los magistrados rebajan la pena al mínimo de 6 meses de prisión, con igual tiempo de inhabilitación, en un fallo que desestime el resto de recursos, es firme y no admite recurso alguno.
El director, según ha quedado probado por la justicia, denigró a dos menores y se le considera autor de un delito contra la integridad moral. No se han apreciado pruebas, según la jueza a la que la Audiencia da la razón, de que el director conociese este método vejatorio de castigos ni que los alentase, puesto que no residía en la casa y acudía no más de una vez a la semana. La justicia no puede acreditar, tampoco, que el acusado autorizara a las cuidadoras a "darles un cachete o un tirón de orejas" si se portaban mal, tal y como se aseguraba en las denuncias.
Sin embargo, a una menor en tratamiento psicológico que por aquel entonces tenía 17 años le llegó a manifestar que "como sigas así, tu futuro es la calle con las piernas abiertas, tu familia no te quiere. Tú estás aquí porque tu madre está en la calle y no tiene tiempo para cuidarte". Arturo Estévez, con décadas de experiencia en la tutela que llegó a ser vicepresidente de la Asociación Gallega de Centros de Menores (Agaceme), también intimidó a otro niño que, presa del miedo, se orinó encima después de que el hombre lo zarandeara, llegando a romperle la camiseta.
Las dos educadoras están obligadas a pagar 7.500 euros en total por las vejaciones sufridas por tres menores. La Audiencia confirma la indemnización ya fijada por la juez del Penal Uno para el director condenado. Tendrá que pagar 1.000 euros por denigrar a la joven.
La situación de malos tratos y vejaciones salió a la luz después de que una chica acogida destapar los deplorables episodios en el verano de 2008. Las dos condenadas llevaban trabajando en el centro apenas unas semanas, desde junio de 2008. Cuando en 2010 el caso saltó a la opinión pública la denunciante confesaba bajo anonimato a FARO detalles truculentos: "Lo peor que viví le tocó a una niña que tenía problemas psíquicos y era muy nerviosa: Cuando le daba un ataque, la metían en una bañera con agua helada", manifestó a este periódico la joven.
Las educadoras y el director fueron a juicio hace un año y veinticinco testigos, incluidos cuatro chicos tutelados menores de edad, apuntalaron la gravedad de los hechos. Las acusadas sometieron a los internos "de manera reiterada" a castigos vejatorios y degradantes, "en particular a los más pequeños", asevera la sentencia.
"Hogar y Apoyo al menor Lar" era una entidad supervisada por la Xunta de Galicia con tres casas en toda Galicia que en Ourense tenía sus instalaciones en la calle Casaio de Ourense. La administración autonómica tenía responsabilidad de vigilar y controlar el centro, dado que los internos eran menores tutelados a quienes debía supervisar. Por eso, la justicia ha declarado a la Xunta como la responsable civil subsidiaria.