Enlace con entrevista a Gallardón audiovisual:
- Gallardón equiparará por ley la custodia compartida y monoparental
(la imagen pertenece al enlace)
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20130521/abci-custodia-compartida-nacional-201305212110.htmlAhora, este régimen tiene carácter excepcional. Solo se concede en el 12% de las rupturas
La regulación de la custodia compartida está prácticamente terminada y se revisa en el Ministerio de Justicia tras haber finalizado su trabajo la Comisión General de Codificación, encargada de redactar el texto del borrador de la reforma del Código Civil. Según adelantaron a ABC fuentes de Justicia, la custodia compartida «no estará recogida en una ley como tal sino que será introducida en varios artículos del Código Civil».Sin entrar en detalles, las mismas fuentes recordaron que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya avanzó, en el Congreso de los Diputados hace casi un año, que la reforma tratará de «eliminar el carácter excepcional que tiene la custodia compartida y que siempre será el juez quien tenga la última palabra en beneficio del interés del menor».
Ahora, el juez concede la custodia compartida is hay acuerdo de los padres
Hoy día los jueces solo conceden este régimen si existe un acuerdo entre los progenitores. En ocasiones, lo otorgan de forma excepcional, cuando lo reclama uno de los padres, con el informe favorable del fiscal y siempre que el juez considere que beneficia al menor. Pero solo el 12,3% de las custodias de hijos menores fueron compartidas en el año 2011. El 81% se entregaron a la madre y solo el 5% al padre.
Una normativa nacional
Precisamente, por esas «desigualdades» diversas asociaciones presentaron esta misma semana una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados —que ha sido admitida a trámite— con el fin de conseguir que la custodia compartida sea el régimen prioritario cuando una pareja se rompe, quieran o no los progenitores
La propuesta pretenden que todo el país siga la misma norma
Con esta propuesta se quiere, además, poner orden en todo el territorio nacional donde conviven diferentes normativas en diversas Comunidades Autónomas que regulan la custodia compartida como norma general y preferente cuando los padres se separan o divorcian y hay que decidir con quién se quedan los hijos. Navarra, Aragón y Cataluña son algunas de esas regiones. La iniciativa presentada ahora en el Congreso sigue como ejemplo el modelo de Valencia.
Explícitamente esta propuesta recoge modificar algunos artículos del Código Civil para que el juez, «como regla general, atribuya a ambos progenitores, de manera compartida, el régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores que pretenda obtener la custodia individual, o las malas relaciones entre ellos».Relaciones con el resto de la familia
Es decir, a falta de un acuerdo de los padres, quieran o no, los progenitores tendrán que compartir la custodia de los hijos o «la corresponsabilidad», como prefiere denominarlo Guadalupe de la Fuente, presidenta de Asociación de abuelos separados de sus nietos, una de las entidades que ha impulsado esta iniciativa. «Queremos que se obligue a los padres a llegar a acuerdos y, si no pueden ellos, que el acuerdo lo ponga un juez», afirma.
«Si los padres no pacta que se lo imponga un juez»
Pero la iniciativa incluye otra novedad: cuando los progenitores rompen su relación deben establecer «un pacto de convivencia familiar». En él acordarán el régimen de relaciones y contacto con sus hijos; el destino de la vivienda, del ajuar familiar; la cuantía para satisfacer los gastos de la prole... Y también deberá contemplar el «régimen mínimo de relación de los hijos con sus hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, y otros parientes y personas allegadas, sin perjuicio del dercdho de éstos a ejercer tal relación». Por tanto, también proponen que los padres pacten cómo será el contacto y las relaciones que los niños tengan con las familias paterna y materna.
A esta iniciativa aún le falta recorrido. Por el momento, tiene seis meses para recoger las 500.000 firmas necesarias para que sea discutida en el Congreso.
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