La Presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha pedido públicamente respeto a la labor del órgano que preside. Sin embargo, no es la más indicada para solicitarlo y debería dar el ejemplo ella misma actuando del mismo modo que ahora reclama.
Hace dos años fue noticia de portada por el escándalo del caso Miguel Ángel Salgado. Éste, un informático de 37 años fue asesinado en 2007 por un sicario a sueldo en un aparcamiento. Un mes después su ex mujer, la abogada María Dolores Martín Pozo, ahora acusada de aquel crimen por encargo, llamó a María Emilia Casas. La conversación fue grabada por la Guardia Civil en una escucha telefónica comprometida, ofreciéndole ayuda si el caso llegaba al Constitucional. "Si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar" le dijo entonces. Debió renunciar allí mismo si le quedaba algo de dignidad.
En otra polémica actuación el TC, por influencia de su presidenta y con mayoría política oficialista, avaló la muy polémica ley de Violencia de Género frente a más de 200 solicitudes de inconstitucionalidad, aunque con 4 votos particulares en contra emitidos, curiosamente, por los únicos jueces de carrera que entendieron que la norma no respetaba la ley magna española. Es por todos sabido que Casas representa a un ala radical del hembrismo talibán (mejor que feminismo) que asola nuestro país desde las propias filas del gobierno socialista y por ello tenía especial compromiso en que la ley fuese mantenida. De hecho fue acusada por influir de forma partidista en la aprobación de la misma en 2004.
Insisto, debió renunciar cuando tuvo la oportunidad. Volviendo al tema permítanme un ejemplo hipotético para entender mejor lo que ocurre con el TC ¿Que pasaría si el presidente del gobierno se hubiera alargado en el poder? ¿Y si hubiera suspendido las elecciones y seguido gobernando, votando leyes y emitiendo decretos, con un Parlamento no renovado cuyos miembros siguen siendo los mismos un año más y otro también? Seguramente la validez de todas sus decisiones estaría en entredicho. De hecho sería una dictadura. Del mismo modo todas las decisiones del Tribunal Constitucional, estando caducado en su composición, deberían ser revocadas en su totalidad. La reciente vergüenza en la votación del Estatuto Catalán es otro capítulo bochornoso más.
Lo más lamentable de la politización de la justicia es que le quita toda credibilidad al sistema judicial frente al ciudadano, y eso es lo verdaderamente grave. Resulta ser el primer paso en la destrucción de la democracia.
http://www.estrelladigital.es/cartas/pedir-respeto-primero-ganarselo_0_730727072.html
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