EN la página web del Ministerio de Igualdad, tras pinchar en la pestaña "No Discriminación", aparece un repertorio legislativo encabezado por una declaración de principios: "La legislación española, internacional y comunitaria reconocen el derecho a la Igualdad, o a la prohibición de discriminación, y establecen la obligación de todos los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sea real y efectiva". Pero si repasamos lo que allí se recoge, no encontraremos ninguna disposición que recomiende o garantice la custodia compartida de los hijos tras el divorcio de sus padres. Extraña dicha ausencia en un espacio tan supuestamente preocupado porque la igualdad entre las personas sea real y efectiva.
Recientemente se ha aprobado en la Comunidad de Aragón una iniciativa parlamentaria donde se establece la custodia compartida como el régimen preferente que adoptarán los jueces en los casos de un divorcio sin acuerdo entre los cónyuges. Con esta norma se garantiza que los hijos de matrimonios separados mantengan el derecho a relacionarse con todos los miembros de su familia y que los dos progenitores conserven sus funciones como autoridad familiar, sin que ésta pueda ser obstaculizada; de este modo, la madre y el padre seguirán tomando decisiones sobre la educación y crianza de sus hijos y ambos tendrán derecho a relacionarse con ellos de forma regular.
Lo extraño no es que el Parlamento de Aragón haya aprobado esta normativa. Lo raro es que todavía no se haya impulsado una similar en el Parlamento español. Y más raro y extravagante aún es que el Ministerio de Igualdad, en vez de hacer honor a su nombre, haya promovido desde su fundación innumerables medidas que, más que buscar una efectiva igualdad de género, parecen orientadas a recluir a las mujeres en sus funciones ancestrales: alimentar a los hijos, ser débiles, permanecer en la casa. Empar Pineda, del colectivo Otras Voces Feministas, al referirse a la ley aragonesa, ha señalado: "Es la ley que hubiéramos hecho nosotras; lo ideal es el mutuo acuerdo, pero si no es posible, por qué negarse a que un juez otorgue la custodia compartida si así se favorece el desarrollo personal y profesional de la madre y se camina hacia la igualdad; ¡ya está bien de esencialismos y de pensar que la mujer ha de ir siempre de la mano de los hijos".
Dicen que los diputados aragoneses del PSOE soportaron ciertas presiones de sus jefes en Madrid. Pero supieron resistir y votaron a favor del sentido común y de la ley. Lógicamente, el Ministerio de Igualdad no tardó demasiado en mostrar sus reservas. ¿Para cuándo la dimisión de Bibiana Aído?
http://www.granadahoy.com/article/opinion/713164/custodia/compartida.html
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