Los hijos tendrán derecho a relacionarse con ambos progenitores, sus abuelos, hermanos y allegados priorizando así el interés del menor en caso de ruptura familiar. Éste es el punto principal de la Ley de regulación de las relaciones familiares que promueve la custodia compartida y que ha aprobado el Pleno de las Cortes este jueves.
Una de las causas para no otorgar la custodia es la violencia de género
Jueves, 20 de mayo de 2010
Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado en Pleno una Ley para la regulación de las relaciones familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres, promoviendo el ejercicio de la custodia de forma compartida. Esta norma responde a una "importante demanda social" y posiciona a la custodia compartida frente a la individual, como norma preferente y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Aragón se convierte así en la primera Comunidad española que apuesta por este tipo de custodia de toda España.
La Ley se compone de diez artículos. En el primero se establece el derecho de los hijos al contacto directo y continuado con sus padres y el de los padres a la igualdad en sus relaciones con los hijos, el segundo da la prioridad a lo acordado por los padres en un "Pacto de relaciones familiares" y hace referencia a la relación con los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados con el fin de proteger la familia.
Ese segundo capítulo se duplica para regular la posibilidad de que los progenitores, de común acuerdo o por decisión del juez, acudan en cualquier momento a la mediación familiar para resolver sus discrepancias. Si éste fracasa deberán regirse por lo que decida el juez. Además, esa custodia compartida no implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo "adecuado" para cumplir la finalidad de la custodia. Así introduce un marco flexible para que el juez decida pudiendo valorar todas las circunstancias.
Este capítulo termina con una previsión explícita que dice que una de las causas para no otorgar la custodia es la violencia de género.
Ya en el capítulo tres se registran las reglas que deben regir la atribución del uso de la vivienda familiar, distinguiendo supuestos entre compartida e individual. En el primer caso, el progenitor más necesitado se queda con la vivienda, y en el segundo para el que tenga la custodia individual. La Ley también regula la distribución del ajuar familiar, además los gastos de asistencia de los hijos y la contribución proporcional de ambos padres, así como la posibilidad de que uno de los padres solicite al otro una asignación económica destinada a compensar la desigualdad económica que produzca la ruptura. Esa asignación será compensatoria, temporal o indefinida y determinada por el juez.
En el capítulo cuarto se refiere a las medidas provisionales que pueden adoptarse judicialmente antes de dictarse la resolución definitiva para aprobar el pacto de relaciones familiares o las medidas judiciales. Así, explica que se legitima no solamente a los padres, sino también a los hijos a cargo mayores de catorce años y al Ministerio Fiscal para protección de menores.
Finalmente, en la norma se incluyen dos disposiciones transitorias, cuatro adicionales, una derogatoria y tres finales. Aquí se fija un plazo de un año para revisar medidas judiciales anteriores a la Ley, que ambos padres presenten una propuesta de plan de relaciones familiares, deroga la ley relativa a parejas estables no casadas ya que es aplicable con independencia del régimen legal de convivencia de los padres. En último lugar, se incluye un mandato al Gobierno de Aragón para la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley de Mediación Familiar en tres meses y la entrada en vigor de la norma tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que pueda conocerse su contenido.
Posición de los grupos
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha puesto por encima de la posición del juez el consenso entre hombres y mujeres para ejercer sus obligaciones con los hijos y éstos tengan mejor garantía de sus derechos. Y aunque ha defendido la custodia compartida como el mejor mecanismo, ha asegurado que la "imposición" no permita ejercerla de manera eficaz y sin que afecte a la estabilidad del menor y ha aseverado que ésta no va a reducir la conflictividad de los progenitores. "Compartir no es repartir", por ello ha exigido un sistema urgente dotado de recursos para la mediación y que debe ser público. Además, no ha compartido la obligatoriedad de acordar, porque "dificulta el acuerdo". A pesar de ello ha retirado varios votos particulares a puntos de los que se mostraba contrario y han sido rechazadas sus enmiendas.
Desde el Partido Popular, la diputada Yolanda Vallés ha mostrado su convencimiento en la necesidad de la Ley ya que sólo hay un 10% de los casos en los que se da esta opción ante la ruptura de la convivencia de los padres y ha resaltado las expectativas que ha generado no sólo en Aragón, sino en toda España. También ha pedido el servicio de mediación.
Por otro lado, el portavoz de CHA, Chesús Bernal, ha destacado que se prioriza el interés del menor y la custodia compartida no será la "regla automática" como en los casos de violencia de género. Y ha añadido que su partido está muy orgulloso de haber introducido la relación con los hermanos, abuelos y allegados.
Por parte del PAR, la diputada María Herrero ha ensalzado que esta Ley mejorará las relaciones de los aragoneses como "pueblo" y lo pone por delante en este tipo de regulación. Asimismo, la diputada socialista Mayte Pérez ha señalado la necesidad de regular la mediación con una ley concreta en tres meses desde la publicación en el BOE.
Las votaciones de la Ley, que han durado más de quince minutos, han dado lugar al rechazo de las enmiendas de IU y tres del PP, por el contrario sí se han aceptado 37 del PP y las presentadas por CHA. La mayor parte de los artículos se han aprobado por mayoría con la abstención de IU.
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=73191&secid=3
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