JOAQUÍN L. RAMÍREZ La llegada de la Democracia, la aprobación de la Constitución y el desarrollo de las libertades trajeron la imperiosa necesidad de puesta en marcha de las llamadas políticas de igualdad. Mucho se ha escrito, teorizado y legislado sobre ello. Discriminaciones positivas, leyes electorales de paridad, normas para intentar conciliar vida familiar y vida laboral, productos legislativos contra determinados tipos de violencia sexista, políticas de prevención contra agresiones de todo orden, órdenes de alejamiento, detenciones preventivas, pulseras para los presuntos agresores, cursos de igualdad para unos y otros o teleasistencia a través del teléfono móvil.
Ello, todo ello, ha generado mucho debate, el concurso de muchos y la particular aportación de otros muchos más. La búsqueda de lo justo, una vez más, y algunos otros fines colaterales como el aplauso de los auditorios o los votos también han informado u originado algunas acciones y auténticas homilías. Para protegernos, para proteger a las posibles víctimas de la discriminación, del abuso, del maltrato, de la violencia o incluso de la muerte se han encendido muchas alarmas y se han protocolizado en forma de auténticos itinerarios administrativos –que pretenden ser ejecutivos, preventivos y capaces de impedir situaciones injustas, lesiones y hasta muertes– fórmulas reactivas públicas que el tiempo y el mayor abundamiento han complicado sobremanera.
Es difícil imaginar una relación directa entre la tradicional y tópica burocracia rusa de finales del XIX y la nuestra, pero tenemos que reconocer que este país tiene una reiterada tendencia –como los rusos– a llenar de complicaciones procedimentales toda acción de relación administración-administrado. Atrás quedaron las pólizas y muchos de los sellos, pero el espíritu que los informó continúa vivo e inalterable. Los plazos, los innumerables requisitos, la concurrencia de varias administraciones de distintos ámbitos en cada proceso, la frecuente presencia de comités de evaluación, y más, nos llevan en muchas ocasiones a concluir que con estos medios no logramos los fines pretendidos. Ello, esta constatación, adquiere tintes verdaderamente dramáticos cuando nos acercamos a asesinatos perpetrados tras varios conatos violentos que, a pesar de poner en sobreaviso a determinados responsables, no pudieron ser evitados.
Una víctima más, Susana Galeote q.e.p.d., cuyo asesinato ha llenado de vergüenza nuestros diarios y reseñas informativas, ha puesto de manifiesto que los protocolos y los procedimientos no funcionan o lo hacen en un porcentaje muy insuficiente. La muerte de esta mujer y madre refleja que, tras tanta bravata epistolar, tras tanto derroche gesticular y normativo, los recursos económicos en los tramos finales son inexplicablemente escasos. Se le denegó la teleasistencia por parte de las correspondientes autoridades del ministerio del Interior que había solicitado, a pesar de que su expareja tenía una orden judicial de alejamiento, por considerarse –parece ser– que no existía riesgo grave. Siempre que una mujer se sienta amenazada, previa existencia de orden de alejamiento o no, debe accederse a la prestación de teleasistencia mediante el procedimiento más directo y simple posible. Se trata de un servicio de un coste menor que debe atender más a la percepción subjetiva de la interesada que a la acción diagnóstica objetiva del instructor público de turno, ya que su concesión no implica –no debe hacerlo– prueba alguna ni interferencia en la causa o causas judiciales que afecten a la persona que ha demandado y obtenido la referida teleasistencia. Prevenir, proteger y generar una mínima sensación de tranquilidad o consuelo en la perceptora es el objetivo, formar y educar en el respeto a las nuevas generaciones debe ser la mejor de las acciones para afrontar el futuro y simplificar procedimientos y afrontar con eficacia la actual oleada de amenazas, agresiones y muertes es una de las más urgentes necesidades que tiene nuestra actual sociedad. No más muertes tiene que dejar de ser una frase de pancarta para convertirse en una realidad. Si la infraestructura administrativa de políticas de igualdad y protección de la mujer no sirven habrá que cambiarla tanto a ella como a sus responsables lo más rápido posible.
*Joaquín L. Ramírez es Senador del Partido Popular
http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2011/02/20/llamada-perdida/403405.html
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