Asignatura pendiente. El nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 otorgaba al presidente capacidad de intervención en el ámbito tributario y judicial y abría un escenario de mayor democratización en la radio y la televisión pública. Una legislatura después, nada se ha avanzado, mientras ha quedado en evidencia la escasa ambición en la financiación
25/05/2011
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA El presidente Francisco Camps se ha pasado la legislatura clamando contra la insuficiente financiación autonómica pero ha cerrado el mandato reformando el Estatuto de Autonomía de 2006 para incluir un elocuente remiendo al texto: la inclusión de una cláusula para blindar las inversiones del Estado en la C. Valenciana en función de la población, copiando la redacción de estatutos como el andaluz o el catalán. Cinco años después de ver la luz el Estatuto motejado entonces de "histórico", la modificación evidencia que la Carta Magna de los valencianos, aprobada a toda prisa para ejercer de muro de contención de la reforma de Cataluña siguiendo la estrategia diseñada por Génova, no ha servido para avanzar en el que, coinciden todos los partidos, es uno de los principales problemas de la C. Valenciana, la falta de recursos.
Pero además, el Estatuto otorga al presidente capacidad de intervención en ámbitos como el fiscal, con la creación del Servicio Tributario Valenciano, y el judicial, con el Consell de Justícia. En el primer caso, el texto abría la puerta a un organismo consorciado con la Agencia Estatal Tributaria que habría permitido al Consell conocer los datos reales del fraude tributario y sumar al menos esfuerzos en este terreno, como han hecho Cataluña y Andalucía. En el segundo, en tanto no se descentralice el Poder Judicial, la nueva institución integrada por la Generalitat y los jueces habría servido como mínimo de foro donde hacer un seguimiento de las inversiones. Pero el Consell han optado por no moverse un milímetro para no molestar y centrar sus mensajes en que Madrid pague todo.
El derecho foral, en el TC
Tras un lustro vistiendo Estatut, los dos pilares potentes en que se asentaba la nueva Carta están por desarrollar; en cambio, se han creado organismos menores como el Comité Valenciano para Asuntos Europeos o el Comisionado del Menor-Pare d'Orfes. En su balance, el Ejecutivo enarbola estos foros y la aprobación de hasta 24 leyes que, salvo el caso del derecho foral, apenas implican el despliegue de nuevas competencias derivadas del Estatut.
Y en el derecho foral, está por ver. La redacción de la nueva Carta Magna ha resultado insuficiente para consolidar la recuperación del derecho civil propio, de tal manera que el Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional la primera de las normas aprobadas, el Régimen Económico Matrimonial que estableció como preferente la separación de bienes en lugar del sistema de gananciales. El veredicto del TC será determinante para conocer la suerte de la segunda norma de derecho foral, la de la custodia compartida. Desde el Consell e incluso el grupo popular surgieron voces que cuestionan que la Generalitat tenga capacidad para legislar en este ámbito a pesar del Estatuto.
El Estatuto también propiciaba avances en transparencia y democratización como el Consell de l'Audiovisual, instrumento de participación social para garantizar la pluralidad de Radiotelevisió Valenciana, que no ha visto la luz. Se aprobó la ley del Audiovisual, pero no el consejo. PP y PSPV firmaron un documento como extensión del pacto estatutario que comprometía la reforma de la ley de RTVV para "abrir" el ente. Los socialistas reclamaban que el director general fuera designado por consenso en las Corts, tal como Zapatero aprobó para RTVE, pero los populares se han negado. Otro borrón es la Carta de Derechos Sociales, todavía pendiente. Con las Corts ya disueltas, el Ejecutivo aprobó hace semanas el anteproyecto de ley que regula la garantía de derechos a los ciudadanos. Tendrá que esperar a las nuevas Corts.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/05/22/estatuto-leyes-nueces/809072.html
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