La magistrada María Sanahuja inaugura un congreso en San Sebastián. En opinión de la jueza, la custodia compartida de los hijos debe ser un modelo preferente
27.05.11JAVIER PEÑALBA | SAN SEBASTIÁN
«Lo importante es mantener a los menores lejos del conflicto. Lo que les destroza es hacerles partícipes de él permanentemente, plantearles contínuamente problemas de lealtades o amputarles su relación con una parte de la familia», manifestó ayer María Sanahuja, magistrada de la Audiencia de Barcelona, durante la conferencia inaugural del I Congreso Internacional sobre Divorcio y Separación que se celebra en el campus de Gipuzkoa de la UPV, en la que, además, críticó los Juzgados de Violencia contra la Mujer.
Sanahuja rehusó toda entrevista con los medios de comunicación, en tanto el Consejo General de Poder Judicial no se pronuncie sobre los expedientes que tiene abiertos por sus declaraciones que no dejan indiferente a nadie.
En 2005, la juez fue denunciada ante el CGPJ por 34 asociaciones de mujeres, que pedían que fuera apartada «de todo procedimiento judicial establecido en litigios concernientes al Derecho de familia y matrimonio», por sus manifestaciones sobre las denuncias falsas detectadas en supuestos casos de maltrato. Esta queja fue archivada.
María Sanahuja analizó la problemática de la custodia compartida y señaló que su experiencia profesional y personal le llevaron hace años al convencimiento de que el régimen de convivencia compartida, el ejercicio de la responsabilidad parental conjunta debe ser preferente». Añadió asimismo que «los hijos deben seguir teniendo madre y padre, y familias materna y paterna, tras el cese del proyecto de vida en común de sus progenitores».
Sanahuja definió la custodia compartida como «el modo de relación que se establece tras la ruptura de una pareja con hijos, por voluntad de los progenitores, o determinada por la autoridad judicial en caso de que éstos no llegasen a un acuerdo, cuando ambos manifiestan su interés en seguir al cuidado de sus hijos».
Jurisdicción especializada
La magistrada cree «imprescindible» la creación de una jurisdicción especializada, de intervención rápida, con estabilidad de personal y que cuente con equipos psicosociales y puntos de encuentro, «de los que no se abuse, pues a ellos no les corresponde ni juzgar ni hacer ejecutar lo juzgado, sino sólo colaborar activamente con los tribunales, y estar en permanente contacto informático con éstos».
María Sanahuja precisó que esta es una demanda no atendida, «por que se ha preferido realizar grandes inversiones en otro tipo de juzgados, los de Violencia contra la Mujer, que son juzgados penales de familia, que corresponden a otra concepción de las relaciones entre sexos y familiares».
La jueza no escatimó críticas a estos órganos jurisdiccionales. Aseguró que se crearon «con nula planificación» y precisó que, además, generaron un «considerable caos en la organización judicial», toda vez que el modelo se inició con 14 juzgados exclusivos cuando en pocos años se tuvo que aumentar a más de un centenar, lo que, a su juicio, «ha incrementado en muchos casos la conflictividad y el sufrimiento que ya de por sí conlleva toda ruptura de la pareja, empeorando el trato hacia los menores que tienen la mala suerte de tener uno o los dos progenitores que anteponen sus propios intereses a los de sus hijos».
Denuncias por hechos nimios
Sin embargo, «lo peor», en opinión de María Sanahuja, es que los juzgados de Violencia «poco han contribuido a mejorar la atención a muchas mujeres en situación de riesgo grave por la violencia extrema a que las someten sus parejas, que mueren o son gravemente lesionadas sin que se hayan atrevido a denunciar». Afirma que «una denuncia sólo las puede colocar en una situación de riesgo mayor, ya que las solemos despachar con un papelito, con una orden de alejamiento en los escasos minutos que son atendidas por el caos que provoca la llegada de miles de denuncias por hechos nimios».
«Y mientras tanto, añade la magistrado, abandonamos a miles de menores y a sus madres, que tienen que ocuparse en solitario de sus hijos, pues muchos padres no cumplen sus obligaciones, toda vez que resulta costoso y difícil exigírselas ante un servicio público, el de la justicia de España, mal organizado y carente de los medios y la coordinación necesaria. La conclusión es que teníamos algunos problemas y ahora tenemos más».
María Sanahuja manifestó que, en su opinión, las reformas del Código Penal realizadas entre 2003 y 2004 han ampliado de tal manera el tipo penal que actualmente «todo puede ser un delito de ámbito familiar. Causar menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código o golpear o maltratar de obra sin causar lesión, o una amenaza o coacción leve, como coger de manera brusca de las manos a la pareja o decirle 'te vas a enterar' ha conducido a miles de hombres al calabozo y a prisión».
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