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| Publicado: martes, 24 de mayo de 2011 | |
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La información que surge del Censo nos trae sorpresas, como cuando la mayoría boricua contestó en el 2000 que era blanca. ¿Se imaginan? También entonces Servicios Legales de Puerto Rico se vio expuesto a la pérdida de fondos porque la forma de contestar las preguntas implicaba que el número de personas bajo los niveles de pobreza era menor al real. El dinero que se asigna a los programas de Servicios Legales en los estados y territorios a partir de las propuestas que se someten anualmente, corresponde al por ciento de personas de escasos recursos económicos en el área que se sirve. En otras palabras, que el afán de aparentar lo que no somos, no solamente puede viciar los resultados del censo poblacional, sino decisiones que la metrópoli toma a base de ese instrumento. Muchas de esas decisiones nos incomodan y las rechazamos, pero mientras no seamos otra cosa hay asignaciones de dinero que son fundamentales para la salud, la educación y la defensa de los derechos democráticos de la población. Quién duda que nuestra vida es pura contradicción.
Los resultados del Censo de 2010 confirmaron lo que ya sospechábamos sobre la posición en la que nos encontramos las mujeres en Puerto Rico. La tendencia que comenzó a reflejarse en el 2000 ha continuado. Somos la mayoría poblacional, el 52.1 por ciento de quienes vivimos en esta hermosa Isla, lo que evidencia que tuvimos un incremento de 0.3 %. También se encontró un alza en el número de féminas jefas de familia con menores a cargo. Treinta y un por ciento de los hogares están bajo la responsabilidad de mujeres y en la mayoría de éstos hay menores de edad. Esto quiere decir que desempeñan múltiples roles pues muchas de ellas son mujeres trabajadoras que salen a ganarse el sustento de la familia diariamente, pero también están a cargo de la crianza de las hijas e hijos, de la administración del hogar, el repaso de las tareas escolares, el lavado y planchado de la ropa, la preparación de la comida, además de hacer la compra los fines de semana, ir a los parques de pelota, balompié, a las clases de ballet o a la natación, sin hablar de las amanecidas en salas de emergencia y del cuidado de envejecientes de la familia, entre otras muchas cosas. Son las mismas mujeres que cuando son madres de estudiantes con necesidades especiales tienen que asistir a múltiples reuniones y procesos para asegurarse de que se les garantice la educación individualizada a la que tienen derecho. Mientras tanto, su récord laboral se afecta por las tardanzas, ausencias y salidas imprevistas cuando son llamadas para que recojan su hija o hijo porque la maestra no asistió o porque en la escuela no pueden lidiar con la conducta que es resultado de la condición y está afectando el ambiente académico. Ésta es una de las razones por las cuales a las trabajadoras asalariadas les es más difícil ascender a puestos de mayor jerarquía e ingreso, a pesar de que nuestro nivel de preparación académica es mayor.
Ciertamente hay casos en los cuales se recibe apoyo, no distribución equitativa de responsabilidades, de la expareja y qué bueno cuando así ocurre, pero no es la norma. Aunque se ha mejorado, todavía cargamos con viejos atavismos y estereotipos que adjudican roles por género y cuando la relación termina la mujer que viviendo en pareja tenía la mayor parte de las responsabilidades, se queda con más aún y además sus ingresos se ven reducidos. Es por ello que no deja de sorprender el enfoque para el cambio de las guías propuestas para la fijación de pensiones alimentarias. Este proceso fue iniciado por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) hace algunas semanas y una vez más, el gobierno le ha tirado los caballos encima al sector más desprotegido, las mujeres, sus niñas y niños. El Proyecto de Guías está más dirigido a proteger los intereses de la persona alimentante que a garantizarle protección alimentaria a quien recibe la pensión. El proceso de vistas públicas para la revisión de las Guías fue bastante rápido y poco difundido, de forma que la participación fue muy limitada. De hecho, la persona que estuvo a cargo de las vistas públicas señaló a la prensa que no recordaba haber visto testificar a ninguna madre custodia. Evidentemente padres no custodios sí acudieron y no hay que ser Walter Mercado o alguien similar para saber qué solicitaron en las vistas. No es de extrañar la falta de participación de las mujeres con custodia, en representación de las hijas e hijos para quienes reciben las pensiones alimentarias, si revisamos la lista de responsabilidades a las que hemos hecho referencia anteriormente, además de la velocidad con que se llevó a cabo el proceso. La Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados, por ejemplo, tuvo que limitarse a comparecer por escrito por el poco tiempo con que se enteró de la revisión en curso.
El concepto de alimentos se refiere no únicamente a comida, sino a salud, educación, techo, recreación, en fin, lo necesario para vivir dignamente, de acuerdo a los recursos de la familia y si ésta se ha modificado por separación o divorcio, se toman en consideración los ingresos y gastos de ambas partes. Las hijas e hijos tienen derecho a pensión hasta la mayoría de edad, es decir 21 años y se puede extender mientras estén estudiando una carrera. Las Guías vigentes asignan la cantidad para alimentos a base de una pensión básica y de una suplementaria. Una de las píldoras más venenosas del proyecto está en la eliminación de esta última. Dentro de la pensión suplementaria son renglones fundamentales la vivienda y el cuido de niños. La primera es uno de los gastos más altos dentro del concepto de alimentos. Es harto conocido que las hipotecas están por las nubes y que el costo de los alquileres no ha dejado de subir, junto con los servicios básicos de la luz y agua. La propuesta es que ambos conceptos se incluyan dentro de la pensión, pero no aumentaron las tasas por lo que el resultado neto será la reducción de lo que la parte alimentista recibirá, una vez las Guías entren en vigor, lo que no dudamos que sucederá pues el concepto “aplanadora” es uno de los favoritos del gobierno actual.
La eliminación de renglón para cuido de niños y niñas merece mención aparte. Salvo en algunas agencias gubernamentales, el estado no provee el servicio de cuido para las hijas e hijos de la gente trabajadora. Con suerte, porque la demanda excede la capacidad, a los 3 años se puede conseguir ubicación en un “Head Start”, pero hasta entonces puede ser que algunas abuelas retiradas o desempleadas se hagan cargo y de lo contrario hay que pagar por el cuido de las criaturas, además de llevarles leche, meriendas, pañales. Si la persona no custodia, en su inmensa mayoría mujeres, tienen que trabajar, como es usual, o se deciden a estudiar después de que la unión matrimonial ha terminado, sus posibilidades se van a ver reducidas porque al no contar con ese renglón como elemento importante de la pensión ésta se verá reducida. No puedo evitar mirar esta exclusión con mucha suspicacia pues parece provenir de las mentes calenturientas y retrógradas de fundamentalistas que creen que el lugar de la mujer está en el hogar, cuidando de los hijos y haciendo las tareas domésticas. Más aún si no fue capaz de mantener su hogar en pie por falta de las virtudes necesarias para retener al marido, aun cuando lo que recibiera de éste fueran “puño y bofetá”, como dice la horrorosa canción que cantaba Ismael Rivera.
También es probable que todo este asunto de las pensiones alimentarias no esté divorciado del reclamo de “Patria Potestad Compartida” del cual el senador Carmelo Ríos es paladín. También parece serlo del proyecto de enmienda a las guías. El cabildeo en esta dirección utiliza como base un alegado discrimen en contra de los hombres a quienes no se les otorga la custodia de sus hijas e hijos. Ellos y algunas segundas o terceras esposas se quejan amargamente de que el dinero que pasan de pensión es usado por las mujeres custodias para otros propósitos. No niego las posibilidades de que haya casos en los cuales las pensiones no sean bien utilizadas, pero son la excepción y no la regla. Además, si realmente hay prueba sobre ello, se puede traer al Tribunal para que fije las responsabilidades que correspondan. Ojalá más hombres solicitaran la custodia compartida, no para pagar menos pensión, sino para compartir más con sus hijas e hijos, para mejorar su calidad de vida, para asumir responsabilidades y que así la relación madre y padre sea más equitativa. El hecho cierto es que son muy pocos los padres que solicitan custodia compartida en los procesos de divorcio. También los hay que ni se ocupan de poner en vigor el plan de relaciones paterno filiales que se establece.
Desde el siglo pasado es conocida la frase que responde totalmente a la realidad de que “La pobreza tiene cara de mujer”. Somos la mayoría poblacional, también mayoría electoral y aunque todavía no constituimos la mayoría de la fuerza laboral rondamos el 45 por ciento. Nuestra aportación a la producción nacional es muy importante, aunque desde el punto de vista salarial existe una brecha por trabajo igual o comparable que, como dice el refrán popular “llora ante los ojos de Dios”. Sin embargo, existen todavía grandes inequidades que el sistema patriarcal refuerza. El gobierno que nos agobia día a día se ha especializado en hacernos la vida de cuadritos a través de las políticas públicas, de la legislación que se aprueba y de las decisiones de los Tribunales, que en muchos casos son politiqueras, partidistas y moralistas, para perjuicio de esa mayoría que el Censo ha identificado.
El cambio de las Guías de Pensiones Alimentarias va a tener el efecto de acentuar esa pobreza que se ve reflejada en las caras de las mujeres. Pero, como siempre ocurre con nosotras, lucharemos para salir adelante. Lo que no dice el Censo es que somos valientes y determinadas. Es por eso que sobrevivimos.
* La autora es abogada y activista social.
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=226ADFA3C2498FAC2A36BE181925BF51
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