La ribadense V.E.A.R., de 39 años de edad, que fue detenida el pasado martes en su localidad natal por la Policía Nacional de Gijón, acusada de haberse llevado a sus dos hijos en septiembre de 2009 para evitar entregárselos al padre, a quien se le había asignado su custodia por decisión judicial, fue puesta ayer «en libertad sin fianza», como señaló su abogada, Consuelo López-Rico, «con la obligación de comparecer en el juzgado de instrucción más próximo, el de Castropol, cada viernes», como añadió la letrada.
López-Rico regresó a Ribadeo ayer por la tarde con su clienta, como afirmó y añadió que la ribadense «acudió a la capilla de Vilaselán para dar las gracias porque todo esté saliendo como era su deseo, ya que su objetivo era salvaguardar la integridad de sus hijos y alejarlos de todo daño».
De hecho, los menores permanecen en una «institución de la Consejería de los Servicios Sociales de Asturias donde serán examinados durante meses». La letrada calcula que «al menos en dos semanas nadie podrá verlos y luego ellos decidirán a quiénes quieren ver, algo que cambia la situación y que supone un alivio porque por fin pueden salir de su encierro y no tendrán que ir a la casa de su padre, algo con lo que los propios niños están conformes».
Al parecer, «no tendrán que esperar a que finalice el proceso judicial» contra su madre, previsto para «octubre del año que viene», ya que antes «es muy posible que se le asigne su guardia y custodia, a alguien que no tiene por qué ser ninguno de los progenitores; tal vez a miembros de la familia».
Por lo que respecta a la educación que recibieron, González-Rico señala que «a tenor de que el Tribunal Constitucional publicó el 5 de enero de este año la prohibición de recibir formación a domicilio, ya se le había enviado un escrito a la Consellería de Educación para solicitar la matriculación de los niños en sendos centros de Ribadeo para el curso 2011-12».
Por el momento, y tal y como explicó esta abogada, «tanto el fiscal, como la acusación, le imputan un delito de sustracción de menores, penado con hasta dos años de cárcel para quienes no tienen antecedentes» y la causa, sobre la que se ha «levantado el secreto sumarial, está en fase de instrucción», al menos hasta dentro de un mes. Posteriormente, «se presentarán los escritos con la petición de penas y luego tendrá lugar la fase del juicio oral en el Juzgado de lo Penal». La abogada de la ribadense y su clienta cuentan «con una condena seguro», pero tratarán de que «sea la mínima posible». Recordó asimismo que el caso de la guardia y custodia de los menores «sigue abierto, ya que fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias».
Se desconoce, por el momento, la versión de la parte contraria, la del ex marido, cuyas abogadas no respondieron a las llamadas de este periódico a lo largo del día.
CONSECUENCIAS
Imputan a su abogada por el mismo delito
La letrada que lleva el caso de la ribadense, Consuelo López-Rico, tuvo que declarar ayer, porque fue imputada «por la jueza que instruye el caso por el delito de sustracción de menores». Al parecer la magistrada quiere dilucidar el grado de implicación en la comisión del delito que pudo haber tenido la abogada, pero González-Rico dice estar «tranquila al respecto, porque me ampara el secreto profesional y porque en ningún caso la instigué». Algo que además se deduce, añade, «de las declaraciones idénticas que ambas pudimos referir durante las comparecencias de ayer».
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