Este puede ser un caso común de empresario divorciado: acumula deudas y se ha declarado insolvente. Uno de sus acreedores contrata a un detective privado que le sigue durante dos semanas hasta confirmar que el divorcio era un montaje. Siguen juntos y llevan una perfecta relación de pareja. Sólo es una trampa para salvar su patrimonio y evitar el embargo.
Se trata de falsos divorcios en los que se recurre a todo tipo de trampas legales. El moroso argumenta que no tiene dinero para pagar una pensión compensatoria mensual. A cambio cede sus propiedades al otro cónyuge. Al librarse del patrimonio intenta librarse también de las deudas. Este fraude es más frecuente en los casados en régimen de separación de bienes. El problema es que estos impostores del divorcio podrían incurrir en un delito de alzamiento de bienes, castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel.
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