CUSTODIA PATERNA: La picaresca dispara las denuncias falsas por maltrato

sábado, 24 de noviembre de 2012

La picaresca dispara las denuncias falsas por maltrato

Para evitar desahucios, por ejemplo

Sábado, 24 de Noviembre, 2012

La ley da preferencia para ocupar viviendas de protección oficial a víctimas de este tipo de violencia sin necesidad de una condena

“La mujer que se enfrente a un desahucio basta con que denuncie un maltrato, por pequeño que sea, para que no la echen, sin necesidad de que haya condena. Incluso con la colaboración de su pareja”, explicó ayer a LA GACETA José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro del Consejo de Estado. Se pronunció en este sentido en referencia al Real Decreto Ley de Medidas de Protección de los Deudores Hipotecarios, que entró en vigor el pasado día 16, por el que se suspende un desahucio en hogares donde haya víctimas de violencia doméstica y que este sea su domicilio principal.

Manzanares alertó de que “en la legislación sobre violencia de género hay una serie de puntos muy preocupantes” y de que “hay medidas que fomentan la denuncia falsa”. También puso como ejemplo el hecho de que “se den preferencias para ocupar viviendas de protección oficial por ser víctima de este tipo de violencia, también sin necesidad de una condena”. Asimismo, recordó el caso de una red, recientemente desmantelada por la Guardia Civil, que presentaba denuncias por violencia doméstica para cobrar ayudas. La trama ofrecía a inmigrantes regularizar su situación y acceder a ayudas públicas. A los hombres les ofertaban entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores.

Juicio rápido, pensión y lejos de sus hijos...

Javier Pérez Roldán, abogado especialista en derecho de familia, también considera que con la medida de paralizar los desahucios se está “creando una bolsa de fraude”. Asimismo, este letrado califica de “nefasta” la Ley contra Violencia de Género. Explica que estos dan origen a juicios rápidos, a los tres días tiene lugar la vista definitiva, lo que causa que los abogados no tengan tiempo para preparar la defensa y recabar pruebas. Además, apuntó que “ese tipo de procedimientos tienden a criminalizar al denunciado sin necesidad de ninguna otra prueba que la declaración de la denunciante para condenarlo”.

Pérez Roldán también hizo hincapié en que tras un juicio rápido se le suele imponer una orden de alejamiento al hombre y fijarse unas medidas civiles que consisten en dar la custodia a la madre e imponer una pensión para el padre. “Después, en el procedimiento civil muchas veces te encuentras con informes de equipos psicosociales que dicen que el niño tiene mayor vinculación con el padre, pero que por los meses transcurridos ya está habituado a la vida con la madre y que no conviene cambiarle de hábitos. También ocurre que cuando se acuerda una orden de alejamiento, los puntos de encuentros están saturados y en ocasiones los niños están nueve meses sin ver a su padre”, informó.

Feminismo de género

Pérez Roldán lamenta que el ministro de Justicia sólo haya hablado de que modificará la ley para que las custodias compartidas no necesiten del informe del fiscal y, sin embargo, “mantenga que no se pueda otorgar cuando exista violencia de género, lo que favorece que muchas mujeres denuncien para evitar su otorgamiento”.

Por su parte, José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional y ex vocal del CGPJ, manifestó que “en su momento el CGPJ advirtió de que era una norma hecha desde los puntos de vista unilaterales de la ideología del feminismo de género y que meter esa cara ideológica en una norma penal y una norma procesal podría producir resultados contraproducentes”.

Un millón de casos

Mañana, 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, cuya ley –1/2004, de 28 de diciembre– fue la primera normativa aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la creación en 2005 de los juzgados especializados en violencia doméstica (en la actualidad hay 106) se han instruido un total de 963.471 casos, según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ conocidos el pasado miércoles.

Del total de delitos instruidos, la mayoría fueron por lesiones y malos tratos (656.212 casos). Los casos por maltrato habitual ascienden a 101.900, con un incremento del 140% desde 2005. En estos siete años han dictado, además, 236.686 órdenes de alejamiento y han acordado 141.465 medidas civiles cautelares mientras se tramitaba la causa.

Del total de medidas civiles, 14.496 correspondieron a la suspensión de la guardia y custodia de los hijos menores; 6.932 a la suspensión del régimen de visitas también de los hijos; y 709 a la suspensión de la patria potestad.

El próximo martes el PP defenderá en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar una cartera de servicios sociales básicos y comunes a todas las comunidades para asistir a las víctimas de violencia machista y a sus hijos, una “lacra social” que este año arrastra más de 40 víctimas.