El Gobierno liberalizará totalmente los aranceles de abogados y procuradores

Viernes, 2 de Agosto, 2013

Prevé dar hoy luz verde al anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales, que cuenta con el visto bueno de la CE

El Ministerio de Economía perfilaba a última hora de ayer los últimos flecos del anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales,reiteradamente exigido desde Europa y desde los principales organismos internacionales, y que podría recibir hoy el visto bueno del Consejo de Ministros.

El principal objetivo de la norma, aseguran fuentes del Ejecutivo, es avanzar hacia la liberalización de los servicios profesionales en nuestro país, tal y como exige Europa y aumentar así la competitividad de la economía española, lo que, asegura el preámbulo del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso ABC, se traducirá «en un crecimiento del empleo y del PIB potencial». Pero además se pretende que la nueva regulación beneficie a los colegiados al poner en marcha medidas de buen gobierno y de transparencia de los colegios que continúen siendo de adscripción obligatoria.

Una de las principales novedades de la nueva ley, que no aperecía en los primeros borradores de la norma, se refiere a la liberalización total de aranceles de procuradores y abogados. Aunque en primer momento se barajó la posibilidad de poner tarifas máximas, finalmente se ha optado por la liberalización total de estos precios. Además, la ley establecerá, expresamente, la compatibilidad del ejercicio simultáneo por la misma persona de ambas profesiones, excepto en aquellas funciones para las que el procurador ostente la condición de autoridad pública.

Sólo por ley estatal

Asimismo, se limita la colegiación obligatoria, que sólo podrá exigirse para el ejercicio de una profesión titulada cuando así se establezca mediante «norma estatal con rango de ley», por lo que las autonomías pierden esa potestad que sí tienen en este momento. Esa colegiación obligatoria quedará restringida para aquellas materias de especial interés general, como pueden ser las profesiones relacionadas con la protección de la salud y la integridad física o la seguridad de las personas.

En concreto, la ley enumera los colegios a los que seguirá siendo obligatorio inscribirse para ejercer las respectivas profesiones: médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, abogados y procuradores-para la intervención ante tribunales y juzgados, salvo en el caso de abogados de empresa-, notarios y registradores.

La exclusión de los abogados de empresa de esta obligatoriedad de colegiación es, precisamente, uno de los últimos cambios introducidos en la norma del Ejecutivo, que cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Europea.

La nueva regulación de los colegios profesionales recoge la exigencia de un funcionamiento democrático de las corporaciones, de modo que sus órganos de gobierno se elijan por sufragio libre y secreto de los colegiados. Además, todos los colegiados, en igualdad de condiciones, serán electores, y sólo serán elegibles las personas físicas colegiadas.

Buen gobierno y democracia

También se introducen medidas de buen gobierno de modo que los cargos directivos serán incompatibles con cualquier cargo electo de las administraciones públicas, o el desempeño de cargos directivos en partidos políticos, sindicatos o patronales. Además, no serán remunerados, salvo que así lo decida el colegio en casos de dedicación exclusiva al puesto.

Estos colegios que, como avanzó ABC, serán tutelados por la administración, estarán obligados a presentar cuentas anuales, que, además, deberán estar auditadas.

Finalmente, y aunque en un primer momento se planteó la posibilidad de dejar para más adelante la reforma de los servicios profesionales, la norma abordará la cuestión. Así, prevé la creación de un grupo de trabajo para definir qué profesionales deben realizar las tareas de ingeniería y edificación. El grupo, en el que participarán los sectores afectados, así como los ministerios a los que están adscritos, deberá hacer una propuesta al Ejecutivo en el plazo de tres meses.

http://www.abc.es/economia/20130802/abci-gobierno-liberalizacion-abogados-procuradores-201308012110.html