Por la presente queremos hacerles partícipes del mal uso, prevaricación y corrupción que se está dando en España, gracias a los fondos económicos que la Unión Europea (de los que la R.F.A. es el gran contribuyente) concede para la eliminación de las desigualdades por razón de sexo en general y de la violencia contra las mujeres en particular.
Los varones españoles sufren una situación desesperada, siendo cazados, detenidos, condenados sin garantías judiciales. Todo ello debido a su sexo, pues la ley española no habla de "violencia doméstica" sino de "violencia de género", que sólo los hombres pueden ejercer sobre las mujeres. La ley es unidireccional, como si las mujeres no pudieran asesinar (1). En España estas ayudas económicas se conceden a las mujeres maltratadas. Para acreditar la condición de maltratada, basta con la interposición de una simple denuncia sin que haya habido sentencia firme de condena o haya quedado acreditado siquiera el supuesto maltrato por certificado médico alguno. En algunas Comunidades autónomas no hace falta siquiera la presentación de la denuncia (2).
Es evidente que si la denuncia es falsa, esto es, el maltrato es inexistente, las ayudas económicas deberían ser devueltas. NUNCA se devuelven.
En juicios por maltrato a las mujeres el porcentaje de denuncias falsas es muy alto, llegando a la casi totalidad de las mismas (3). Esta circunstancia es sobradamente conocida por todos los operadores jurídicos (4).
A la sombra de las ayudas económicas de la Comunidad Europea se ha creado una boyante industria del maltrato (5) en la que participan partidos políticos, empresas y asociaciones generosamente subvencionadas (6).
Los “privilegios de las maltratadas” según el informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (7), consisten en la concesión de:
un sueldo de “inserción”, una vivienda de protección oficial, cursos remunerados a los que ni siquiera acuden, un puesto de trabajo en un organismo público, vacaciones anuales en hotel de cuatro estrellas, concesión de la ciudadanía española, y por ende, europea, reagrupamiento familiar, etc.
Todo ello a costa del erario, en su mayor parte proveniente de los Fondos europeos, con la sola presentación de la denuncia sin sentencia firme o un simple certificado de una asociación feminista, que por supuesto, controla, maneja y reparte estos beneficios (8).
El número de asociaciones feministas se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años (9) al calor de la enorme cantidad de dinero que reciben vía subvenciones. Subvenciones destinadas en su mayor parte al enriquecimiento personal de los componentes de dichas asociaciones, a propagar las teorías de género y a impartir cursos de costura o decoración (10). Esto es, se trata de mantener la supuesta situación de desigualdad de la mujer pues de lo contrario se acabaría el “negocio”.
Las partidas presupuestarias de los distintos Organismos públicos (nacional, regional y municipal) destinadas a estos fines ascienden a cifras astronómicas. Basten un par de ejmplos.
El “1er Plan general de igualdad de oportunidades”, dotado con el equivalente a casi seis veces el presupesto del Ministerio de trabajo (11).
Las subvenciones del Ministerio de sanidad a asociaciones feministas, superiores en mucho a las concedidas a ascociaciones contra el cáncer. Es sorprendente ver como la “Asociación de mujeres separadas y divorciadas” recibe 6,9 veces más dinero que la “Asociación Española contra el Cáncer”, 3,1 veces más que la “Federación Española de Cáncer de Mama”; 29,6 veces más que la “Federación Española de Parkinson” (12).
Las “casas de acogida” para mujeres maltratadas son el buque insignia de esta estafa. En las mismas no sólo no se ayuda a las mujeres sino que se las trata, según sus propias palabras, como a esclavas llegando a estar las cámaras de seguridad enfocando al interior de las instalaciones para vigilar a las internas en vez de vigilar el exterior (13). Las “casas de acogida” son utilizadas incluso como tapadera para negocios ilegales y las internas son mostradas como simple escaparate para justificar la necesidad de la existencia de las “casas de acogida” (14). Las denuncias de internas son frecuentes sin que nunca se tome medida alguna para corregir estas irregularidades (15). Nos consta también la existencia de “casas de acogida” fantasmas que no existen en la realidad pero son generosamente financiadas por los Organismos públicos.
Todo lo anteriormente relatado se hace en base a un cúmulo de mentiras y datos falsos o manipulados (16). Para ello los datos oficiales son manipulados, ocultando por ejemplo, el número de hombres asesinados, las denuncias falsas o el número de suicidados tras las separaciones, normalmente por la tristeza de no poder ver a sus hijos (17) . También se obliga a los medios de comunicación a seguir un “código de buenas prácticas” consistente en engañar y ocultar datos a la opinión pública (18).
Quien quiera que se atreve a sacar a la luz estos datos, es objeto de persecución al igual que régimen totalitario, sancionando o condenando penalmente a quien disiente, ofrece datos e información o simplemente manifiesta su opinón contraria (19).
Finalmente, la legislación española ha sido cambiada en los últimos años, vulnerando principos básicos de Derecho. Se ha eliminado la presunción de inocencia, ya antes de la promulgación de la Ley integral contra la violencia de género (20) o de la Ley de igualdad (21), en cuyo artículo trece se estipula que es el acusado quien ha de demostrar su inocencia. Leyes aprobadas por unanimidad o mayoría absoluta por el Parlamento nacional y por Parlamentos regionales en base a las teorías del feminismo de género (22). Leyes propias de un Estado totalitario de corte stalinista o hitleriano y no de un país miembro de la Unión Europea.
Cuando se relata estos hechos a los políticos, la reacción suele ser de alguno de estos tipos:
Negarlo sin mayores explicaciones ni averiguaciones.
Decir “A mi no me tiene que convencer. Yo he sido la primera en decir que esta ley es una aberración” para luego pasar a denunciar la falta de recursos económicos destinados a la aplicación de la ley, como es el caso de la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor.
"No me lo vas a poder documentar pero si me lo pudieras documentar no me convencerías." Es el caso de Juan Luis Rascón. Diputado del PSOE. Juez en excedencia. Exportavoz de la asociación “Jueces para la democracia”.
Expulsarnos del despacho oficial como en el caso de Pedro Zerolo, secretario de movimientos sociales y ONGs del Partido Socialista Obrero Español.
Expulsarnos del Congreso de los Diputados como es el caso de José Luis Rodríguez, presidente del Gobierno.
Creemos conveniente que se fiscalicen estos graves hechos y se depuren las correspondientes responsabilidades. Como quiera que en España la corrupción al respecto llega a todos los estamentos, resulta imposible hacerlo desde dentro de nuestro país, motivo por el cual trasladamos nuestra denuncia a Ustedes en la esperanza de que seremos oídos.
En la seguridad que será de su interés esta enorme estafa, en buena medida sustentada por los contribuyentes alemanes, quedamos a la espera de su pronta respuesta.
Atentamente.
Francisco Zugasti Agüí
http://lacomunidad.elpais.com/antoniopegaso/2010/2/20/carta-angela-merkel-solicitando-investiguen-corrupcion
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