15/02/2010 Mar Peláez | Valladolid
Los 16 Puntos de Encuentro Familiar existentes en Castilla y León para que los niños tengan opción de ver a sus padres por separado, en aquellos casos de divorcios o separaciones conflictivos, dejarán en breve de estar en un 'limbo' normativo.
La Dirección General de la Familia ha elaborado un decreto que regula, por primera vez, este servicio de "responsabilidad pública, y titularidad y gestión tanto pública como privada" y "gratuito", que da cumplimiento a la Ley de Apoyo a la Familia aprobada en 2007.
Permitirá, según el borrador del decreto al que ha tenido acceso este periódico, "organizar los servicios, los requisitos y el funcionamiento de la red". Lo hace 16 años después de que la asociación Aprome abriera el primero en Valladolid y encendiera la mecha de este nuevo servicio en toda España, y seis años después de que se creara la Consejería de Familia y reconociera como propios estos puntos.
Hasta ahora tan sólo los regulaba una guía profesional de intervención que marcaba el proceso a seguir, un protocolo ante casos de violencia machista y unas recomendaciones básicas dictadas por el Gobierno.
Y, como principal novedad, establece que los niños no podrán acudir a un Punto de Encuentro más de dos años desde que se inició la intervención, salvo que exista una resolución judicial que marque otro plazo. Al tratarse de un recurso "temporal", se persigue que los progenitores sean conscientes de que tienen una cuenta atrás para normalizar su relación, modificar sus actitudes y caminar en solitario sin necesidad de supervisores, "por el bien de sus hijos".
El departamento que lidera Aurora Romera se hizo eco de una reflexión lanzada el pasado año en unas jornadas de jueces de familia, en las que se estableció la conveniencia de marcar plazos a los padres para que se esforzaran en mantener una postura cívica y respetaran los regímenes de visita.
Para la presidenta de Aprome, María Luisa Sacristán, "si transcurridos dos años, los padres no se han esforzado en reconducir su situación y salir del conflicto, ya no lo harán nunca". Aunque, eso sí, apuesta por la "flexibilidad". La coordinadora de los 16 centros, María José Moreno, incide en que, al no ser voluntario, sino forzado por una sentencia en el 90% de los casos, los padres encuentran en esos puntos "descanso", "alivio", "tranquilidad"; una tranquilidad que se convierte en una "cómoda rutina" a la que es difícil renunciar. "No tienen que ver la cara a su enemigo y se agarran a este servicio".
La práctica es que los 70 profesionales que atienden estos puntos de encuentro están acostumbrados a "ver crecer" a los niños y a atenderlos sine die.
El nuevo decreto también reglamenta que un Punto de Encuentro deberá contar con, al menos, un titulado en Psicología, otro en Trabajo Social, en Derecho. Una misma persona podrá coordinar varios Puntos de Encuentro. Todos ellos con formación específica en violencia de género.
El centro deberá estar ubicado en una zona bien comunicada, con medio de transporte público, y cercano a plazas o jardines públicos. Permanecerá abierto viernes, sábado y domingo y un día entre semana, en horario de mañana y tarde.
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