La consejera Zabaleta subraya que el órgano inspector que rechazan los gobiernos forales y Eudel fue aprobado en el Parlamento de Vitoria
El Gobierno de Vitoria ha advertido a las tres diputaciones y a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) de que no se echará atrás en su propósito de poner en marcha la Alta Inspección de los servicios sociales, un organismo supervisor de rango autonómico al que se oponen los gobiernos forales y los ayuntamientos porque creen que, tal y como ha sido diseñado, invade las competencias que ellos tienen para gestionar sus geriátricos, centros de día y prestaciones de ayuda a domicilio. «La Alta Inspección aparece en la Ley de Servicios Sociales, que fue aprobada por el Parlamento vasco en 2008», zanjó la consejera de Empleo y Asuntos sociales, Gemma Zabaleta, en declaraciones a DV.
El rechazo de las diputaciones y de Eudel a la figura de la Alta Inspección, cuya función es velar por que los cuidados públicos que reciben las personas mayores y dependientes sean los mismos en todo el País Vasco, quedó de manifiesto el pasado 22 de enero durante la reunión del Consejo Vasco de Servicios Sociales. Se trata de un foro en el que se reúnen instituciones, sindicatos y colectivos sociales, y que aquel día debía analizar el decreto sobre la nueva entidad inspectora que había presentado la consejería de Zabaleta. Aunque esos encuentros suelen ser de trámite, los gobiernos forales y Eudel explicaron en aquella ocasión que no se oponen a un control genérico de sus servicios, pero sí a que un ente encuadrado en la Administración vasca vigile en el futuro sus instalaciones, ya que cada cual tiene sus mecanismos de inspección. La diputación de Vizcaya no descartó recurrir a los tribunales por una cuestión de forma: todavía no se ha constituido un órgano previsto legalmente para dar voz sólo a las instituciones y que debe emitir un informe sobre la Alta Inspección.
Gemma Zabaleta no entró a valorar ese argumento. Una vez reunido el Consejo de Servicios Sociales, entiende que ha quedado despejado el camino para que el Gobierno Vasco apruebe el nuevo órgano supervisor en sus actuales términos. El decreto posiblemente entrará en vigor en abril próximo, mientras los sindicatos ya acusan a los gobiernos forales de intentar abrir un «área de negocio» a las empresas privadas que se están creando para explotar residencias de personas mayores. En principio, la Alta Inspección está facultada para investigarlas, ya sean administradas por particulares o por cualquier administración. Podrá citar a sus responsables, recabar documentos y exigir que se corrijan las irregularidades. Estará dirigida por un alto funcionario público independiente (nivel A), y quien obstaculice su labor se expondrá a una multa que puede oscilar entre 12.000 y 60.000 euros
La titular de Asuntos Sociales indicó que, ahora mismo, el futuro organismo de control sólo está pendiente de que la norma que lo regula sea examinada por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, como hacen siempre con las disposiciones de la Administración autónoma. A su modo de ver, no tiene por qué haber modificaciones en este último trámite, pues «nadie se ha sacado nada de la manga con el decreto».
«Consenso mayoritario»
Zabaleta criticó con dureza la «resistencia» de las diputaciones a aceptar la Alta Inspección, pues, aunque en su día hicieron lo posible para impedir que se creara, acabó siendo aceptada con «un consenso mayoritario». «No tenemos ninguna pega para que los servicios que prestamos directamente desde el Gobierno Vasco sean supervisados. Pediría la misma actitud a las demás administraciones», resumió la consejera.
'Grosso modo', las diputaciones se encargan de los geriátricos y los centros de día; los ayuntamientos, de la ayuda a domicilio, y la Administración autónoma, de los puntos de encuentro para divorciados, de las oficinas de mediación familiar y dentro de poco, de la teleasistencia. Precisamente, el anterior Gobierno de Ibarretxe impulsó la Ley de Servicios Sociales para ordenar todas esas prestaciones, aunque se enfrentó a un problema: crear una entidad que garantizara que, a la hora de la verdad, la atención recibida por los vascos fuese homogénea en los tres territorios, ya que la situación de Álava todavía es mejor que la de Vizcaya y Gipuzkoa.
El entonces consejero Javier Madrazo incluyó la Alta Inspección en el borrador de la ley, en sintonía con lo que proponían también los socialistas desde la oposición. Sin embargo, debido a las reticencias del PNV y de las diputaciones, el órgano supervisor desapareció del proyecto que el Ejecutivo tripartito remitió la Cámara de Vitoria para su discusión.
Al final, el capítulo eliminado fue reintroducido en el proyecto durante la tramitación parlamentaria, mediante enmiendas que prosperaron con mayorías improvisadas por Aralar, PSE, PP y EHAK. Cuando la versión definitiva de la ley llegó a la votación final, los grupos del tripartito y los socialistas unieron sus fuerzas para sacarla adelante. «La Alta Inspección se remite ahora a lo que venía en el borrador», enfatizó Gemma Zabaleta. «No se puede aprobar una ley para incumplirla luego», concluyó la consejera.
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