Niegan que haya más maltrato en las parejas de hecho
Manifestación de protesta por el incremento de casos de violencia de género. ARCHIVO
Los malos tratos no son patrimonio de un estado civil ni de una creencia religiosa determinada y se deben condenar por igual, tanto si se producen en el seno de una pareja de hecho como en un matrimonio religioso. Por eso, los representantes de las asociaciones de padres y madres separados y divorciados, la administración judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las asociaciones de mujeres y los organismos que en Asturias luchan por la igualdad de sexos rechazaron ayer, sin paliativos, las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Reig Plá.
El obispo llegó a afirmar que los matrimonios “canónicamente constituidos -católicos- son menos dados a la violencia doméstica que aquellos que son parejas de hecho, las parejas de personas que viven inestablemente y que es donde más se está generando la violencia contra la mujer”. Sus manifestaciones consiguieron la reprobación unánime de una parte importante de la sociedad asturiana al ser pronunciadas “a la ligera”, sin contar con el apoyo de estadísticas oficiales que corroboren su tesis.
María Fernández Campomanes, directora del Instituto Asturiano de la Mujer, admite que desconoce “cuáles son las fuentes o las estadísticas a las que recurre el obispo”, pero se remite a los datos oficiales de su departamento que revelan que el 80% de las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja “independientemente del carácter civil o religioso del matrimonio”, no habían denunciado su situación. Desde el Instituto Asturiano de la Mujer lanzan un mensaje claro a las víctimas para que “no se resignen, den un paso adelante y rompan con el maltrato, pero que no lo hagan solas, que denuncien al maltratador y que aborden esta situación acompañadas de las administraciones públicas y de las organizaciones de mujeres expertas”. Un mensaje que, a su juicio, debería ser unánime y al que “deberían también sumarse los representantes de la iglesia católica”, sugiere la directora del Instituto.
El secretario regional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Matías Castaño, no ve relación alguna entre el maltrato y la situación legal de las parejas. “Me encantaría que la iglesia me trasladara los datos en los que se basa para hacer esa afirmación”, dice a tenor de la falta de estadísticas oficiales que refrenden las palabras de Juan Antonio Reig.
El representante policial opina, a título personal, que la educación y el entorno social y familiar en el que se mueve el maltratador son parámetros más determinantes que la fórmula por la que se establece la relación de parentesco entre agresor y víctima.
Las asociaciones de padres y madres separados y divorciados de Asturias no tienen constancia de la existencia de estadísticas que avalen las palabras del prelado. Luis Manuel López, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias y vicepresidente nacional, estima que se dan casos de maltrato “por igual” tanto entre parejas de hecho como en matrimonios católicos. “Hay incluso casos de maltrato que no se denuncian por la crisis”, subraya.
Pilar Fernández Peña, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, ve factible que haya casos de mujeres católicas que no denuncian maltrato “porque piensan que los trapos sucios se limpian en casa y opinan que la mujer tiene que aguantar”. Para la presidenta, es “una majadería” que la iglesia “entre en ese terreno”.
Todas las fuentes consultadas por LA VOZ -desde los ámbitos policial y judicial- coinciden en señalar que jamás se pregunta a la víctima, cuando presenta una denuncia por maltrato, si su matrimonio es canónico o civil o si vive en pareja. Sólo se inquiere sobre su relación con el agresor .
http://www.lavozdeasturias.es/asturias/Colectivos-sociales-rechazan-machismo-iglesia_0_398960125.html
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