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Si te quedas quietita te juro que no lo hago más. Solo esta vez más, te lo prometo». Después de abusar de su hija, Agustín se sentaba en la cama de la cría y le pedía perdón. Lloraba y mentía a rabiar. La pesadilla de Ana duró de los 5 a los 14 años, cuando lo vomitó en el colegio. La directora del centro y su madre la creyeron y apoyaron. Pero la Justicia quería pruebas y no las había. Agustín sigue siendo ese comercial simpático con alguna raya de más en la nariz que campa a sus anchas por numerosas capitales de provincia vendiendo productos de perfumería. Ana digiere como puede una depresión con la que llegó a bordear el suicidio. Ahora está saliendo de ella. Con los 25 recién cumplidos, ha enhebrado una relación afectiva con un chico -«el sexo me costó, pero a base de cariño lo he conseguido, creo»- y estudia tercero de Psicología. Pero supura sufrimiento, impotencia e indignación «por culpa de un sistema que ni nos protege ni hace justicia, pese a ser un problema de esta magnitud». Si buscan historias felices, pasen de página. Éstas son tan tristes e invisibles que cuesta creérselas. Porque pasan en casa, con la puerta del dormitorio o del baño cerrada. «Y el temor a contarlo, a romper la familia, a que no te crean es tan grande que te lo guardas», se sinceran la decena de víctimas consultadas para este reportaje.
Testimonios extremadamente duros, decisiones judiciales contradictorias, la tibieza de algunos servicios sociales... Muchos aspectos resultan increíbles cuando te asomas a este fenómeno mucho más extendido de lo que la sociedad puede o quiere creer. ¿Cómo se explica entonces que un país con una treintena de instituciones dirigidas a proteger y atender a los niños -tantas como comunidades autónomas, más las duplicadas en varias provincias y ayuntamientos y las de la Administración central- carezca de una estadística contrastada y detallada de la evolución de los abusos sexuales en la infancia? Los más de veinte abogados, psiquiatras, psicólogos, víctimas y trabajadores sociales entrevistados en estas líneas responden algo parecido: «Casi siempre ocurre dentro de la familia y es muy complicado romper ese silencio. Si no se cuenta, si apenas se denuncia, el problema no existe».
En realidad, afecta al 23% de las niñas y al 15% de los niños españoles, según el estudio de Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca. Publicado en la década pasada, es el primero y el último realizado en nuestro país con cifras nacionales, que no se alejan de los trabajos de otros países como EE UU, donde apuntan una prevalencia del 27% en mujeres y del 16% en hombres.
De nuevo, suena exagerado. Pero al ir analizando con lupa algunos datos regionales no lo parece tanto. En 2010, la consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de Andalucía ha detectado 700 casos. Se-te-cien-tos. Con dos ceros. Un 1.000% más que hace siete años, cuando el servicio creado hace una década para tratar los abusos sexuales a menores atendió a 74 niños. «Nos llama la atención el número, pero nos tranquiliza saber que estamos llegando a situaciones que ya estaban ahí pero que no salían a la luz», explica un portavoz.
Las tres diputaciones vascas han atendido el último año a un centenar largo de críos. En la asociación vizcaína Garaitza una veintena de personas siguen tratamiento. «Se sienten indefensas. La ley no les ampara», denuncia la terapeuta Carmen Escudero. Los que sigan pensando que violar a un niño o estimularse con él son cosas que sólo pasaban en los colegios de curas, pueden preguntar también en Madrid. El centro multidisciplinar del Gobierno de Esperanza Aguirre -junto al andaluz, uno de los pioneros- ha abierto más de 310 expedientes este año. El pasado fueron 351.
Confianza y chantaje
El 62% de las víctimas sufrió el acoso sexual en su hogar. De forma repetida. El 75% son niñas. El agresor suele ser su padre, su abuelo, un tío, un hermano, el novio de su madre... Tampoco piensen en 'lolitas' porque la mayoría tiene entre 4 y 7 años. Allí, en Madrid, y en Andalucía, Valencia o Barcelona, las comunidades con más experiencia en abordar el problema de una manera global, con psicólogos, abogados, peritos forenses, pedagogos y trabajadores sociales. Se trata de ayudar al niño a salir del infierno y de guiar a la familia por el laberinto judicial. En Castilla-La Mancha acaban de estrenar un servicio de hechuras similares al madrileño.
Sería también más cómodo pensar en un abuso importado de otras latitudes. Falso. En el servicio de la capital española, la mayoría de las víctimas son de aquí (42%), seguidas de los menores latinoamericanos (29%). Y no hablamos de fotos en internet o de comentarios obscenos. «Aquí hay de todo: penetraciones, felaciones, tocamientos... Llegan totalmente desorientados, porque el que les tiene que proteger les hace daño. El ofensor utiliza su poder, abusa con un sistema basado en la confianza y el chantaje. Si no haces esto, no te quiero o no te doy ese regalo», describen los profesionales dirigidos por Ana Magaz.
Mi tío juega conmigo a chupar la colita en la ducha». Es complicado que un niño de 8 años se invente esto. Demostrarlo ante los jueces, casi imposible. Si no hay marcas evidentes en los genitales e informes médicos concluyentes, el caso tiene muchos boletos de acabar archivado. «A veces recomendamos no denunciar. No nos personamos en todos los casos. Sólo cuando hay pruebas físicas evidentes, que son las menos, o cuando hay indicios muy claros», reconoce el equipo madrileño.
El pasado ejercicio se presentaron en los juzgados españoles 3.549 denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores y se abrieron 3.646 diligencias para investigar posibles daños corporales y psíquicos a niños por el mismo asunto, el triple que hace ocho años, según los datos que maneja y suministra el Ministerio de Interior a otras instituciones con cuentagotas. Nunca directamente a la prensa. «Es que hay que contextualizarlos mucho, mucho», trata de justificarse una responsable. Algunos de los profesores que más atentos estudian el fenómeno y sus secuelas -como el catedrático de Psicología de la Universidad del País Vasco Enrique Echeburúa- insisten en que este tipo de maltrato, del que no se escapa ninguna capa social, se mantiene en secreto. «Solo la mitad de los niños revelan el abuso, el 15% lo denuncia y tan solo el 5% se encuentran envueltos en procesos judiciales». Aunque los porcentajes de Echeburúa son de 2006, siguen «plenamente vigentes», apuntan sus colegas.
A la escasez de demandas, hay que sumar la agravante de la saturación de los juzgados. Una prueba pericial puede tardar tres mes. La resolución de todo el proceso, cinco ó seis años. Sin olvidar que este tipo de delitos preescriben a los diez o quince años, en función de su gravedad, justo cuando el niño se ha convertido en una persona adulta con arrojos para romper el silencio. De ahí que reconocidos abogados en violencia familiar como Juan Pablo María Viar apuesten por la «imprescriptibilidad de las acciones penales y por las acciones civiles resarcitorias».
Blanca, una funcionaria de 35 años, hace años que no cree en los tribunales. Con el bebé recién nacido denunció a su marido por malos tratos. «Le daba patadas a la cuna». Sobreseimiento y divorcio, con un régimen de visitas restringido al padre por los trastornos graves que sufría, certificados por los psiquiatras: personalidad agresiva, paranoide, narcisista, riesgo de descontrol de impulsos... Le suspendieron las visitas durante ocho meses al reconocer que había dormido en la misma cama con el niño y lo tenía prohibido. Cuando se reanudaron, la pediatra le detectó a la criatura de 4 años «apertura de canal anal no habitual».
«Si te pasa, desaparece»
Ante la «nula» respuesta institucional, Blanca le denunció a su ex por la vía penal, pero antes de que notificaran el fallo del juez, el padre obtuvo la custodia por la vía civil. Como lo leen. «Pero es que papá me da con un palo por detrás». El menor se lo contó así a una psicóloga de Aspasi, la asociación madrileña para la prevención y ayuda de abusos sexuales en la infancia. Lo soltó mientras le clavaba un lapicero por detrás de la entrepierna a un muñeco una y otra vez. «No puedo decir que no, porque papá se enfada y me castiga en un cuarto oscuro».
El proceso penal, como tantos otros, se torció hasta tal punto que el auto de sobreseimiento dictado por una Audiencia Provincial fue notificado a un procurador que ya no estaba personado en esa causa. El plazo para recurrirlo en el Tribunal Supremo expiró sin que se enterara Blanca. Pese a los informes psicológicos, al apoyo de Aspasi, a que el colegio del chaval se personó ante el Defensor del Menor, la custodia sigue siendo del padre, que no ha obtenido una sentencia penal absolutoria, sino un sobreseimiento provisional. El crío (ahora tiene 6 años), sigue en tratamiento psiquiátrico por orden judicial. Blanca ha quemado su última bengala en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «La indefensión es total. No me han admitido los testigos, como el colegio o Aspasi. A mi hijo no lo ha explorado el forense. Esto no es un estado de derecho».
A Isabel Quiles, una de las psicólogas españolas que más se ha comprometido con las víctimas en el hospital y en el juzgado, no le chirría la historia de Blanca. «Muchos jueces no están dispuestos a juzgar este tipo de hechos. Se amparan en que en muchas ocasiones no es evidente el abuso sexual. Puede que los rastros físicos menores, como eritemas e incluso fisuras anales, sean atribuidos a los pañales y a la higiene del niño, y que desgarros discretos en los labios vaginales sean juzgados como dudosos por algunos servicios médicos de urgencias».
Se acercó a este mundo hace ya seis años al atender a los hijos de las mujeres maltratadas en el Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Allí se vio en la tesitura de poner en conocimiento de los organismos correspondientes la existencia de supuestos abusos sexuales. Su experiencia tampoco es buena. Habla de la «tibieza, falta de implicación y pusilanimidad» de algunos servicios sociales que orientan a los jueces, «motivando que todo se ralentice. La mayoría de los abusadores siguen viendo a sus hijos; al denunciante (por lo general la madre, aunque a veces se invierten los papeles) le amenazan con quitarle la custodia y de paso le acusan de levantar falsas acusaciones; y a las víctimas muchas veces no se las atiende como se debe. ¡Esto hay que cambiarlo ya!».
El consejo de Cristina, otra madre desesperada, es estremecedor: «Si te pasa algo así no digas nada y desaparece». Ella, quiromasajista. Su ex, empresario inmobiliario. La víctima, su hija. Con 5 años le gritaba a su madre: «No quiero con papá, no quiero con él. Me hace pupa. Yo te lo explico todo y tú no me proteges. Es que eres mala». El proceso judicial que sufrieron, con informes forenses donde se detallaban daños en la vagina, apenas sirvió. Al principio su ex solo podía ver a la cría una hora en un punto de encuentro. Luego ampliaron los permisos «hasta hacerlos insoportables. La niña venía con heridas, sucia... Al final fueron los servicios sociales los que me comentaron que lo único que podía hacer para protegerla de él era renunciar a la custodia y cederles la tutela. Vive con mis padres, y lo cumplo a rajatabla. Sólo la veo los fines de semana. Pero él también, y me siento engañada. Ahora le dejan que se la lleve una noche a casa de sus padres. Cuando lo comento, lo grito, me dicen que me tranquilice, que ante la duda la pueden llevar a una casa de acogida». Como le dijo el primer pediatra que visitó, «hay cosas que pasan y nunca se pueden probar».
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