"El día a día en el juzgado no coincide tanto con esa realidad", dijo la juez tudelana sobre los datos aportados por Montalbán
En la Comunidad Foral se quitan del proceso el 27% y en el Estado sólo se apartan el 11%La presidenta del Observatorio de Violencia de Género ve crucial "la educación" y el trabajo médico previo a denunciar
ENRIQUE CONDE - Domingo, 13 de Febrero de 2011
PAMPLONA. Una imponente jornada por la calidad de los conferenciantes reunió ayer en el Colegio de Médicos de Pamplona a expertos de las distintas materias -jurídica, Administración, medicina forense, atención primaria, psiquiatría- implicadas en el abordaje de la violencia de género, una lacra que genera miles de denuncias a nivel nacional, que provocó 71 muertes durante 2010 y que durante este año ya se ha llevado por delante la vida de otra decena de mujeres. Una de las ponentes en la cita, Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, una de las voces más autorizadas de este ámbito, realizó especial énfasis en la importancia de "sensibilizar y concienciar para la denuncia e insistir en el ámbito previo a ésta, el de la atención médica", mensaje que emitió a un auditorio repleto de facultativos de diversas especialidades.
Trasladado el mensaje, Montalbán no se tapó los ojos en cuanto a las amenazas que se ciernen sobre los especialistas de la violencia machista, ante todo, fiscales y juristas que tienen que dar una cobertura legal y jurídica a un problema complejísimo y difícil de demostrar en sentido condenatorio. Así, alertó sobre la retirada de denuncias dentro del procedimiento judicial, cuya media nacional supone un 11,2% de los casos, y que precisamente en la Comunidad Foral se eleva el porcentaje hasta el 27,9%, al registrarse 112 renuncias entre las 402 denuncias recibidas. Es decir, en Navarra se retiran más del doble de denuncias por violencia de género que en la media española.
El miedo de la víctima Para explicar un dato malo a todas luces Montalbán abogó por "trabajar para fortalecer a las mujeres que acuden al proceso para reducir las renuncias" y expuso que esa retirada se debe al miedo de la víctima "a perder el sustento económico, la custodia de los hijos o a desprenderse de la sumisión o dependencia emocional de la pareja". Otro factor también puede ser el peregrinaje institucional del proceso por el que tienen que pasar estas mujeres hasta que se celebre el juicio y que provoca que muchas renuncien antes de su conclusión.
La experta jurista destacó que estos porcentajes de denuncias que finalmente son retiradas "explican en buena parte el sobreseimiento o las sentencias absolutorias que se producen en nuestros juzgados, lo que no significa que la denuncia sea falsa, sino que no hay suficiente prueba de cargo y opera la presunción de inocencia".
Explorado el mapa nacional, la magistrada Ana Llorca, del juzgado sobre la Violencia número 1 de Pamplona, dibujó una radiografía más cercana al ciudadano navarro de la misma casuística, rebajando así el nivel de alarma. "El día a día en el juzgado no coincide tanto con esa realidad", dijo la juez tudelana sobre los datos aportados por Montalbán.
Llorca prosiguió que "esas denuncias que se presentan no supone que todo lo que entra en el juzgado pueda tener riesgo de acabar en un homicidio. Si hay 1.300 denuncias en Navarra, hay muchísimas leves, que no son de extrema gravedad, por circunstancias de lo más variadas como una separación mal llevada, casos puntuales en los que se denuncia pero el motivo que provoca esa denuncia puede que no se vuelva a repetir... No significa eso que los hechos no sean punibles, pero las penas estipuladas en este tipo de delitos son tan graves que hay muchas mujeres que no desean seguir con el procedimiento. Hay múltiples supuestos que no conviene generalizar pero, desde luego, no quiere decirse que todos los casos denunciados requieran de pulseras o de órdenes de protección". En Navarra sólo se ha impuesto una pulsera a un maltratador por alto riesgo.
Optimista futuro En la exposición que realizó Inmaculada Montalbán, acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, dio a conocer datos estadísticos y al tiempo que reconoció que quedan muchas cosas por hacer se mostró "optimista" respecto al futuro y es que "lo que antes era un asunto privado hoy es un problema de derechos humanos, un problema público", por lo que "no hay punto de retorno". "La educación, la cultura y seguir interviniendo en la prevención son los retos que quedan", dijo Montalbán, quien ha incidido en que "de todos depende que la violencia sobre la mujer deje de ser una historia actual para ser una historia pasada y lejana".
Montalbán constató que la existencia de servicios especializados dan más confianza a las mujeres" a la hora de denunciar, instó a "perfeccionar el trabajo en la valoración del riesgo de reiteración delictiva". Al respecto avanzó que próximamente se va a firmar un convenido con el fin de que los jueces puedan acceder a bases policiales para valorar el riesgo.
Muy pocas denuncias falsas En este sentido comentó que un estudio realizado por magistrados entre más de 500 sentencias concluyó que "sólo en un caso el tribunal apreció algún indicio de que pudiera existir denuncias falsas". Además, según las memorias de las Fiscalías del Estado, en los últimos tres años, teniendo en cuenta que cada año hay en torno a 130.000 denuncias, no llega a veinte las veces que el fiscal ha solicitado que se deduzca testimonio de denuncia falsa. Cuando la hay "se persigue y se castiga, pero hay muy pocas en relación con el número total que se presenta, lo que es lógico ya que a una mujer le cuesta mucho trabajo denunciar", aseveró.
Otra de las cuestiones a las que aludió la especialista es al aumento de mujeres extranjeras que denuncian sufrir violencia por parte de sus parejas, aproximadamente un 35% del total. Se trata de un colectivo en una situación de especial "vulnerabilidad" por su alejamiento del sistema, ausencia de redes de apoyo y en muchos casos miedo a la expulsión por su situación irregular.
Respecto a esta última cuestión valoró el proyecto del Gobierno para otorgar un permiso de residencia provisional a una inmigrante sin papeles que denuncia violencia machista hasta que se dicta una sentencia, que en el caso de que ésta sea condenatoria el permiso pasa a definitivo.
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/02/13/sociedad/navarra/las-victimas-de-violencia-machista-retiran-en-navarra-mas-del-doble-de-denuncias-que-la-media-estatal
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